El Congreso ha renovado por tercera vez las recomendaciones del Pacto de Toledo que vuelve a revalorizar la pensión con el IPC y da más protagonismo al Estado para que financie los gastos impropios de la Seguridad Social y ayude así a reducir el déficit del sistema.
El Pleno del Congreso ha ratificado con 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones el 'Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo', que contempla 21 nuevas recomendaciones adaptadas a un nuevo mercado laboral y que buscan tanto garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones como mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
La Comisión del Pacto de Toledo, que está presidido por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio y que ha cumplido este año sus bodas de plata, ha conseguido cerrar con amplio consenso unas propuestas debatidas durante casi cuatro años.
De hecho ha conseguido unir los votos del PSOE y del PP y, pese a la oposición de Vox y la CUP, también ha contado con las abstenciones de ERC, EH Bildu, BNG o Más País, críticos con el nuevo texto pero que consideran que hay avances.
Tras más de una treintena de sesiones, desde la XII Legislatura, en las que los miembros de la Comisión han escuchado la comparecencia de autoridades y expertos, se ha elaborado un informe que recomienda profundizar en la separación de las fuentes de financiación a la Seguridad Social para acabar con el déficit del sistema en 2023, coincidiendo con el final de la legislatura.
El Estado deberá financiar de forma progresiva vía presupuestos o con transferencias directas los gastos impropios que hasta ahora pagaba la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas derivados de ayudas a determinados sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.
La mayoría de los portavoces han destacado este jueves la labor de acercamiento que ha promovido Magdalena Valerio, que ha recordado que "sólo con el consenso político y social podrán hacerse medidas eficaces para afrontar los desafíos de las seguridad social, que debe ser instrumento de cohesión que garantice la paz social y estabilidad política".
El Pacto de Toledo tiene la encomienda de revisar sus recomendaciones cada cinco años y ahora tendrá que ser el Gobierno el que, con la concertación de patronal y sindicatos, legisle y reforme la ley de la Seguridad Social.
Durante el debate, en el que también se ha rechazado un total de 19 votos particulares presentados por siete formaciones para modificar algunas propuestas, Valerio ha recordado que estas recomendaciones defienden un modelo público, contributivo, solidario y de reparto.
Además, ha destacado que se proponga poder elegir los mejores 25 años de cotización para el cálculo de la pensión, que se busquen medidas para acercar la edad real a la edad legal desincentivando la jubilación anticipada, que las pensiones de viudedad no discriminen a las parejas sin vínculo matrimonial previo o que se apruebe un modelo para que los autónomos coticen por sus ingresos reales.
Luchar contra el fraude, mejorar el papel de las mutuas, impulsar el empleo en los colectivos de discapacitados y de inmigrantes o mejorar las carreras de cotización de las mujeres son otras recomendaciones que contempla ahora el Pacto de Toledo.
Señala además a la Carta Social Europea como referencia para establecer un indicador de lo que es una pensión suficiente y propone establecer un remanente mínimo en el Fondo de Reserva sujeto a una regla que endurezca su disponibilidad.
Vox ha decidido votar en contra porque no acaba con el déficit de la Seguridad Social sino que lo "traspasa" al Estado y, además, no recoge una propuesta para fomentar la natalidad frente a la que sí incluye sobre inmigración, ha dicho su portavoz Pablo Sáez.
La Cup también ha rechazado este pacto aunque por motivos muy distintos, ya que considera que abre la puerta a reformas regresivas.
Sin embargo, aunque ERC, Bildu o BNG han sido críticos con las recomendaciones y han pedido volver a la edad legal de los 65 años o una auditoría para ver dónde están los excedentes que tenía el Fondo de Reserva y fueron utilizados para financiar gastos impropios, han señalado, ante todo, el tono constructivo de las mismas.
Y es que desde todas las formaciones se ha valorado un acuerdo alcanzado desde el respeto y mientras la portavoz del PSOE, Mercè Perea, y del PP, Tomás Cabezón, han dicho que trata de un pacto "de País" y "de Estado", el diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha señalado el reconocimiento del diálogo y las diputadas de Unidas Podemos Meri Pita y Aina Vidal han afirmado que este pacto demuestra que "gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden".
