A las 10.20 horas, y tras aplicarse todos los protocolos de la era Covid, comenzó este martes en la Audiencia Nacional el sexto juicio de los siete procesos penales abiertos por la gestión de la CAM. Una causa que sienta en el banquillo a su última directora general, María Dolores Amorós, a los exdirectivos Daniel Gil y Vicente Sánchez y al promotor Rafael Galea, fundador de Hansa Urbana. Los cuatro se enfrentan a una petición de pena de prisión (cuatro años a los exdirectivos y dos al promotor) por un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida. Los tres primeros en concepto de autores y Galea, como cooperador necesario.
¿El motivo? Una operación por la que se habrían engordado artificiosamente los beneficios de la caja en una situación financieramente complicada, en los meses previos a su intervención por el Banco de España, que se materializó en julio de 2011, a cambio de reestructurar la deuda que la promotora alicantina Hansa Urbana tenía con la entidad, cifrada en unos 120 millones.
Esto es lo que sostienen las acusaciones, la pública y la particular, que representa al Fondo de Garantía de Depósitos, el organismo que tuvo que capitalizar la caja inyectándole 5.249 millones para que pudiera adjudicarse saneada al Sabadell, y que reclama ser resarcido por ello. Pretensión que también apoya el Ministerio Público.
Una interpretación diametralmente opuesta de la que ayer defendió ante el tribunal de la sección Cuarta la exdirectora general, la primera en declarar de los cuatro acusados, con los que hoy continuarán los interrogatorios.
A preguntas de la fiscal, que rebajó el perjuicio a la entidad por estos hechos de 37 a 35 millones, Amorós explicó que eran los órganos de la CAM y no ella los que decidían la operativa tanto de la caja como de TIP, la participada para el negocio inmobiliario donde se enmarcan las operaciones con Hansa Urbana. Y que las decisiones al respecto no solo venían marcadas por el Banco Base sino que «el Banco de España las conocía y no las paró».
La Fiscalía Anticorrupción y el Fondo mantienen que tras la venta a Hansa por parte de TIP de unos terrenos que tenía en Cabo Cortés, en el estado mexicano de Baja California, se acordó un pacto de recompra y se aceptó un tasación que fijaba el valor del suelo muy encima del real habida cuenta de que para poder construir faltaban unos permiso medioambientales que nunca se obtuvieron. La parcela se compró por 98 millones y la tasación de Tinsa que la CAM dio por buena los valoraba en 443 millones cuando otra tasadora, Richard Ellis, lo fijó en 196.
Amorós explicó que no es experta en tasaciones pero que, a diferencia de la otra tasadora, «que presentó tres hojas», Tinsa estaba homologada en México. Y apuntó que «a veces las tasaciones no tienen nada que ver con los valores de mercado» y que son «habituales» las compras de suelo con condicionantes como el de la falta del permiso medioambiental con el que se adquirió este.
La exdirectiva reiteró en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia que el objetivo era que Hansa, donde la CAM tenía un 10%, no entrara en concurso porque en ese caso la caja habría sido la última en cobrar dada su condición de accionista.
Aún así, y a preguntas del abogado del Fondo, Carlos Gómez-Jara, Amorós aseveró que ella solo dio cuenta «de una operación de estaba aprobada por al comisión de Recuperaciones (...) que nadie en el consejo de administración cuestionó (...) y de la que el Banco de España estaba informado porque pedían documentación y se la enviábamos».
La exdirectora general insistió en que «todo se hizo por el bien de la caja» y que se optó por los terrenos mexicanos porque los consideraron mejor opción que otros que Hansa tenía en Murcia.
Un proceso bajo la sombra de la prescripción
Las defensas de tres de los cuatro acusados alegan que fueron llamados tarde a la causa
Seis años y un mes después de la operación con Hansa y a los tres años y medio de haber comenzado la investigación por estos hechos fue llamada la exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós como investigada. Fue el 29 de junio de 2018, al mismo tiempo que se incluyó también al promotor Rafael Galea y al exdirectivo de TIP Vicente Sánchez. A este hecho se agarraron ayer las defensas de los tres acusados (el cuarto, Daniel Gil, fue citado a declarar antes) para pedir al tribunal la prescripción del delito.
La defensa de Galea, el abogado José Ramón Páramo, incidió en los cinco años de vida que tienen los delitos societarios, como el de administración desleal del que está acusado su cliente y el resto de encausados, y dijo del Fondo de Garantía de Depósitos, acusación particular en el este proceso, que había introducido «artificiosamente hechos para romper la prescripción», en alusión a la acusación alternativa de apropiación indebida planteada por el letrado Carlos Gómez-Jara cuyo plazo de prescripción se eleva a diez.
Páramo se quejó de la situación de indefensión en que en está su cliente «porque a un señor que se le piden dos años de prisión le han dejado hablar dos veces». Y agregó que el contrato por el que el Fondo le acusa de apropiación «se firmó cuando quien mandaba en la CAM era el FROB (los administradores provisionales de la caja tras su intervención por el Banco de España), que no solo lo firmaron sino que acordaron mantenerlo. Luego si mi representado es cooperador necesario (de lo se le acusa tanto por administración de desleal como de apropiación) lo será del FROB», dijo.
Las acusaciones rechazaron que pudiera hablarse prescripción «dado que ha habido resoluciones que la han roto», ni de indefensión, «ya que los acusados han aportado hasta periciales». La sala se reserva su decisión al momento de la sentencia.
