Era uno de los objetivos del Botànic. Así, la Generalitat revertirá para la gestión pública y directa el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a partir del año 2023. Una decisión que cerrará 25 años de gestión privada impulsada por el gobierno de Eduardo Zaplana (PP). Cuando dentro de dos años sea la Generalitat, a través del Ivace, la que asuma el servicio, se prevé que bajen las tarifas. De hecho, el estudio previo aconseja «revisarlas a la baja», aunque ayer no se cuantificó la reducción.
También se prevé una ampliación de la red de estaciones de inspección de vehículos y que se subrogue la plantilla, compuesta por 900 trabajadores en la Comunidad, el 50% con contrato fijo.
Esta decisión del Consell fue anunciada ayer por el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, después de realizarse un informe del proceso de reversión de las ITV, encargado a la consultora Nuve, y que, «de forma clara y contundente», aconseja asumir la gestión directa por la Administración, según subrayó Climent, que, además, informó de que el estudio refleja que «actualmente el servicio es poco rentable para la Generalitat, la inversión para reversión es asumible y no tiene ningún riesgo, puesto que la revisión de los vehículos es obligatoria», añadió Climent. En este sentido, el estudio económico que acompaña el informe, de más de 1.500 páginas, analiza tres escenarios, dos bajo la premisa de la gestión indirecta y un tercero con la gestión directa, siempre descontando gastos y costes.
Según explicó el conseller, si se prorrogara la concesión actual, la Generalitat ingresaría 7,6 millones de euros al año; si se hiciera una nueva concesión, los ingresos serían de 19,2, «mientras que, si gestionamos las ITV de forma directa, ingresaríamos hasta 39,2 millones de euros anuales», detalló el titular de Economía. Un dato que parece claro y que obliga al Consell a «ser lo más eficiente posible con el dinero de todos», añadió Rafa Climent.
Mientras llega el año 2023, la Generalitat tiene dos años para preparar el nuevo modelo. Así, en un primer momento se creará una empresa pública, una mercantil liderada por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace), subrogando a todo el personal y los activos de las ITV, una vez que finalice la concesión en diciembre de 2022, según explicó el conseller.
Climent anunció enmiendas a los presupuestos de 2021 para consignar 60.000 euros destinados a poner en marcha la mercantil, además de otros 735.000 euros para la construcción de una ITV piloto en Torrent (Valencia) de cara a la gestión que se realizará en el resto de estaciones. El estudio de la consultora también aconseja ampliar la red con nuevos centros de inspección en la Comunidad, ya que el objetivo es que cualquier ciudadano pueda tener este servicio «a media hora de coche», incidió el titular de Economía Sostenible.
En este momento son siete las empresas que ejercen esta actividad mediante concesión administrativa y 27 las estaciones en servicio fijas, más 13 móviles. Con la ampliación de centros que aconseja el informe, se ampliarían diez en la fase final de la hoja de ruta de la reversión de las ITV, allá por 2026. De estos nuevos centros, en la provincia de Alicante se señalan las poblaciones de Guardamar, Sant Joan d’Alacant, Calp y Novelda.
El conseller se entrevistará hoy con los sindicatos del sector para explicarles el proceso. Este se realizará en tres fases: en la primera, hasta 2022, se preparará la gestión; en la segunda, durante 2023, se producirá la subrogación del personal y se negociará el convenio colectivo; y en la tercera se construirán las nuevas estaciones y se procederá a la contratación de nuevo personal.
Aecova alerta de indemnizaciones pendientes
El presidente de la asociación autonómica que engloba a las entidades de Inspección Técnica de Vehículos (Aecova), Manuel Trigo, se preguntó este miércoles «cómo va a resolver el conseller Climent las indemnizaciones a las concesionarias, después de que el TSJCV haya anulado la rebaja de las tarifas establecidas por la Administración». Una rebaja que tildó de «arbitraria e irracional». Trigo añadió que Economía tiene ya 72 millones provisionados para hacer frente a posibles indemnizaciones a las concesionarias de ITV cuando concluya el proceso judicial en los próximos meses.
