Todas las decisiones que se tomaron en la CAM tras su intervención por el Banco de España estaban consensuadas con los administradores provisionales designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para gestionarla, quienes tenían además una información puntual de las participadas. Entre la cinco primeras se encontraba Hansa Urbana, donde la caja tenía un 10% de su accionariado.
Con esta rotundidad lo afirmó este viernes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgado las relaciones entre la entidad de ahorros y la promotora quien fuera director de Inversiones en la última etapa de la caja y designado posteriormente por el FROB para «dar respuesta a los activos problemáticos», Francisco Martínez.
En este proceso se intenta esclarecer si la CAM firmó operaciones con la promotora destinadas a reducir la deuda de Hansa a cambio de que la que la caja pudiera declarar unos beneficios que no tenía. En el banquillo de los acusados se sienta la exdirectora general de la caja María Dolores Amorós, los también exdirectivos Daniel Gil y Vicente Sánchez y el fundador de Hansa, Rafael Galea. Los cuatro se enfrentan a una petición de penas de prisión por un delito de administración desleal.
Citado a propuesta de la defensa de Amorós, Martínez explicó que cuando los administradores del FROB se hicieron cargo de la CAM lo paralizaron todo pero «la organización seguía viva» y todas las decisiones que se tomaron a continuación de su llegada «se consensuaban con ellos», concretó. El exdirectivo recordó que además del conocimiento puntual del FROB de todo lo que ocurría en la caja, «había un feedback constante con el Banco de España», quien llevaba controlando tiempo la gestión de la caja.
Martínez, quien fue juzgado en la pieza del falseo de las cuentas, condenado por la Audiencia Nacional y finalmente absuelto por el Tribunal Supremo, añadió que, con independencia de que cada participada celebrara sus consejos, «previamente se informaba a los directivos del FROB de los temas que se iban a tratar». Una declaración que pone en una situación complicada al Fondo de Garantía de Depósitos, acusación particular y quien dio pie al inicio de este proceso, y que completa una ronda de testificales que apuntalan las tesis de las defensas.
Un proyecto de lujo
En la sesión de ayer compareció también a instancias de la defensa de Galea quien fuera subdirector de grandes proyectos de Hansa, Sergio Gálvez. El ejecutivo vendió el proyecto de Cabo Cortes, que iba a levantarse sobre los 35 millones de metros cuadrados objeto de la controversia, como algo único destinado al turismo de élite, con un puerto deportivo y hasta con aeropuerto para jets privados.
El buque insignia de Hansa en el que «hasta el gobierno mexicano estaba interesado» pero donde no se puso ni la primera piedra al no disponer de los permisos ambientales que se precisaban y que nunca se obtuvieron. «Nosotros llegamos a tener 40 personas trabajando en México además de colaboradores externos e hicimos gestiones para conseguir esas licencias, pero dejamos de intervenir cuando se rescindieron los contratos con la caja», declaró Gálvez, quien apostilló a preguntas de la defensa de Gil que «no tener el permiso medioambiental fue el resultado de dejar de hacer una serie de cosas».
Las acusaciones sostienen que la CAM canceló a Hansa una duda de 108 millones por unos terrenos que se compraron por 98, que una tasadora valoró en 443 (había otra tasación de 196), sobre los que no se ha edificado nada y que han acabado en manos de un grupo chino por ceros euros.
