«Las cajas empezaron a financiar lo que no tenían que haber financiado. Dejaron su patrimonio en manos de terceros. Ese fue el principio de su fin y Hansa Urbana ha sido un paradigma». La sentencia la pronunció esta semana el inspector del Banco de España José María Ruiz ante el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando las relaciones entre la CAM y la promotora de Rafael Galea, un proceso que mantiene sentados en la banquillo al empresario y a tres exdirectivos de la entidad de ahorros, María Dolores Amorós, Daniel Gil y Vicente Sánchez, acusados todos ellos de un delito de administración desleal.
Pero no es la primera vez que lo dice en ese mismo marco judicial este funcionario que desde 2008 y hasta la intervención por el Banco de España, en julio de 2011, hizo de la CAM su segunda casa para fiscalizar lo que allí se hacía. No hace ni tres meses que el inspector, quien en la actualidad se encuentra destinado en el Sepblac, el servicio ejecutivo de la comisión de prevención de blanqueo de capitales, lo que sería la unidad de inteligencia financiera de España, pronunció estas mismas palabras. Fue durante el anterior juicio de los seis celebrados por la gestión de la CAM y en el que también se analizan las circunstancias que rodearon la aventura empresarial de la caja al otro lado del Atlántico, igual que en el caso de Hansa, aunque en esa ocasión de la mano de los empresarios Juan Ferri y José Baldó.
Una causa cuya sentencia a punto está de salir y en la que se tiene que dilucidar si el agujero que el Banco de España asegura que estos negocios provocaron a la entidad (que cifra en 28 millones) fueron consecuencia de mala praxis o de una mala fe tipificada en el Código Penal como un delito societario o, alternativamente, como apropiación indebida, como lo han calificado las acusaciones: la pública y la particular, que ejerce el Fondo de Garantía de Depósitos.
Con independencia del fallo de este procedimiento, en el que Ferri y Baldó ya han admitido haber recibido créditos irregulares de la CAM además de tres delitos fiscales a cambio de no ingresar en prisión, de lo que no hay duda es de que en ambos casos la operativa fue la misma.
Inversión sin beneficios
La caja constituía con empresarios sociedades cuyos proyectos además financiaba sin que después viera un euro de los beneficios. Un negocio redondo para los socios pero ruinoso para la entidad. Eso al menos quedó claro en el proceso de Valfensal, la mercantil que la CAM creó con Ferri y Baldó. Ninguna ganancia pudo anotar la entidad en sus cuentas pese a que los hoteles funcionaban y generaban plusvalías.
Algo similar a lo ocurrido con Hansa. Otra sociedad participada por la caja que financió la compra de unos terrenos valorados en 98 millones y que su socio le acabó vendiendo por más de 440 cuando la crisis hizo el proyecto inviable. De nuevo un fracaso empresarial para la caja (en 35 millones fija también el Banco de España el quebranto que esta operación le provocó) y un éxito para Galea, que consiguió reestructurar su deuda con la CAM y desprenderse al mismo tiempo de un suelo ubicado en un paraíso, en el estado mexicano de Baja California, pero al que la falta de la licencia medioambiental preceptiva para edificar lo convertía en rústico.
Tanto es así que, por mucho que los peritos contratados por las defensas de Amorós y de Galea no hayan escatimado adjetivos para glosar las bondades del suelo, lo cierto es que casi una década después no se ha movido una piedra siendo una de las pocas zonas vírgenes que quedan en ese paraje paradisiaco de Cabo Cortés.
Una operación que, como contrapartida, permitió a la CAM declarar unos beneficios irreales en unos momentos en los que tenía que sacar pecho de cara a la fusión de otra cajas que, precisamente por sus malas cuentas, no pudo ser.
¿Mala praxis o mala fe? La misma pregunta a la que en este caso tendrá que dar respuesta otro tribunal pero que, sea la que fuere, ya no servirá para cambiar lo que fue el triste fin de la que llegó a ser la cuarta caja de ahorros del país.
Una entidad, lo dijo también el inspector Ruiz, en la que el Fondo de Garantía de Depósitos ya ha enterrado 10.000 millones entre los 5.243 con que tapó de entrada su agujero para podérsela ofrecer limpia de polvo y paja al Sabadell y los que se han ido añadiendo como consecuencia del Esquema de Protección de Activos (EPA). Un blindaje para las pérdidas que pudieran sobrevenir como consecuencia de unos negocios inmobiliarios en los que nunca debían haberse embarcado entidades con la vertiente social de las cajas.
Todas lo hacían y quien no se subía a ese tren quedaba fuera del mercado. La frase la han venido repitiendo como un mantra tanto los exdirectivos de la entidad acusados como los que han sido citados a declarar en calidad de testigos. Y posiblemente fuera así. Pero lo cierto que sus otrora socios siguen sumando dividendos mientras la CAM lleva ya años criando malvas.
