Puede sonar a chiste, pero, en realidad, la espectacular subida que ha experimentado en la última semana el precio del kilovatio en el mercado mayorista -y que podría traducirse en un aumento de alrededor del 28% en el próximo recibo para los consumidores con tarifa regulada- tiene bastante más que ver con la ola de frío que azota China y Japón, que con los estragos que ha provocado «Filomena». Y todo gracias al peculiar sistema de formación de precios vigente en España y en el resto de la Unión Europea que, todo sea dicho, también propició que durante el año pasado se situara en niveles históricamente bajos, como recuerda el analista de mercados de Grupo ASE, Juan Antonio Martínez.

Se trata de un sistema marginalista, lo que significa que funciona, más o menos, de la siguiente manera: en función de la demanda prevista, primero se selecciona la energía que se oferta más barata, generalmente la nuclear, que no puede parar su producción. Si no es suficiente se pasa a la siguiente tecnología que ofrezca el precio más bajo, por ejemplo, la hidráulica o las renovables, y así hasta completar el total requerido. Sin embargo, cada productor no recibe un pago acorde a su oferta, sino que es el precio de la última tecnología que se selecciona la que fija el coste de todos los kilovatios del «pool».

Como explica Martínez, se trata de un sistema beneficioso a largo plazo para el consumidor, ya que, en condiciones normales, obliga a las productoras a ser cada vez más eficientes para que su energía entre en la subasta, lo que permite un abaratamiento progresivo de los precios. El problema llega cuando se dan picos de demanda excepcionales y concurren, además, otras circunstancias, como ha ocurrido en las últimas semanas.

Así, el aumento de la demanda que ha provocado «Filomena», junto con la menor radiación solar de esta época del año y la ausencia de viento, ha llevado a que sean las centrales de ciclo combinado las que marquen ese último precio, justo en un momento en que el gas natural estaba en máximos históricos por la ola de frío que recorre el Sudeste Asiático -especialmente, China y Japón-, que ha provocado la rotura de stock de este combustible. Hace unos años las centrales de carbón habrían atenuado el impacto, pero el pasado verano cerraron la mayor parte de estas instalaciones, al no cumplir con los límites de emisiones máximos que exigía la Unión Europea.

La consecuencia es que, según los cálculos realizados por la asociación de consumidores Facua, el precio del kilovatio en el mercado mayorista ha subido alrededor de un 38% en lo que va de año, lo que se traducirá, si se mantienen estos niveles, en un aumento de alrededor del 28% en la factura de la luz de este mes. Así, el recibo medio pasará de 68,4 a 87,3 euros.

Eso sí, como recuerda el analista del Grupo ASE, esta subida sólo afecta al 40% de los hogares, los que tienen contratado el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), es decir, la tarifa regulada. Quienes están en el mercado libre seguirán pagando el precio que contrataron, lo que no quieren decir que salgan ganando. Según afirma Martínez, aunque ahora se libren de la subida, normalmente el PVPC sale más a cuenta que la mayoría de tarifas que ofrecen las distribuidoras del mercado libre, una opinión que comparten desde la OCU, que este miércoles aconsejaba a los consumidores no cambiar de tarifa por el temporal.

Pelea política

Sea como fuere, lo cierto es que la subida de precios ha servido para una nueva disputa política, incluso entre los socios del Gobierno. Así, mientras que líderes de Unidas Podemos -entre ellos, el ministro de Consumo, Alberto Garzón- abogaban por crear una empresa pública para contribuir a contener el precio de la luz y por impulsar una reforma del mercado eléctrico, desde la parte socialista del Ejecutivo se restaba importancia a la situación actual, que tachaban de coyuntural.