Las nuevas tecnologías lo ponen cada vez más complicado, pero, aún así, cada año son miles las empresas y particulares que tratan de ahorrarse unos euros en la factura de la luz manipulando el contador o, directamente, enganchándose de forma ilegal a la red eléctrica. Un fraude que las compañías distribuidoras se encargan de perseguir para evitar que, al final, sean el resto de consumidores los que acaben pagando esos kilovatios que desaparecen de la red.
Así, solo el año pasado i-DE, la distribuidora del grupo Iberdrola, detectó hasta 7.976 casos de fraude en la provincia y más de 22.000 en toda la Comunidad Valenciana, según los datos facilitados por la compañía. Se trata de una cifra similar a la media de los últimos años aunque con una pequeña diferencia: la eléctrica cada vez necesita realizar un menor número de inspecciones para aflorar el mismo número de enganches ilegales, gracias a la digitalización de la red y al uso de técnicas analíticas de Big Data, que le permiten afinar su búsqueda.
De esta forma, si en 2018 Iberdrola necesitó realizar hasta 38.251 inspecciones para descubrir a 8.017 infractores, el año pasado le bastó con 31.604. O dicho de otra forma, la compañía ya detecta fraude en una de cada cuatro inspecciones.
En cuanto a las cantidades defraudadas, la firma calcula que los enganches descubiertos en 2020 supusieron el robo de 32.000 megavatios hora, un 50% más que en 2019, cuando fueron 21.000 megavatios, aunque en la línea de los ejercicios previos. Según las estimaciones que suelen emplearse en el sector, esta cantidad equivaldría al consumo de entre 8.000 y 10.000 hogares.
En cuanto al perfil de los defraudadores, desde la compañía llaman la atención sobre el hecho de que en toda España apenas un 1% de la energía que se sustrae de la red va a parar a hogares en situación de vulnerabilidad, frente a la imagen que muchas veces se suele dar de los barrios más desfavorecidos. Por el contrario, el mayor volumen de electricidad robada, ya sea mediante manipulaciones o de enganches ilegales, se corresponden con viviendas de familias que no pasan por apuros económicos y con empresas del sector servicios y la industria.
Profesionales
En este sentido, desde Iberdrola afirman que el perfil del defraudador eléctrico en España «se ha profesionalizado», pero recalcan que también han mejorado notablemente la metodología y las herramientas con las que cuentan las compañías de distribución para localizar esta fugas de fluido eléctrico. Los contadores inteligentes o la digitalización de los centros de transformación no sólo permiten a las eléctricas reaccionar con mayor rapidez ante cualquier avería, también les facilitan la detección de cualquier pauta de consumo que se salga de la norma o que no esté previsto. Unos datos que, por ejemplo, también están ayudando a la Agencia Tributaria a aflorar alquileres no declarados, gracias a la información que están obligadas a facilitar las compañías.
En este sentido, desde Iberdrola recuerdan que las normas del sector eléctrico establecen que las empresas distribuidoras deben realizar labores de detección y regularización de situaciones de defraudación de fluido eléctrico. Entre otros motivos, porque las pérdidas derivadas de estas situaciones suponen un recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico «que puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector y, además, repercuten de forma directa y significativa en el bolsillo de los consumidores que sí pagan su factura».
Además, no hay que olvidar que este tipo de fraude está recogido en el Código Penal y que, en función de la cantidad de electricidad ilegalmente consumida, puede constituir un delito. Igualmente, desde la compañía recuerdan que las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, ya que se realizan sin los requisitos de seguridad necesarios.
El impacto de «Filomena»: entre 4 y 10 euros por consumidor
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cifró ayer entre 4 y 10 euros la subida de la factura de la luz para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) por «la excepcional» situación provocada por la borrasca Filomena y la ola de frío, y vaticinó que el precio de la electricidad bajará el próximo mes de febrero y en el segundo trimestre de este año. En concreto, Ribera adelantó que prevé una caída a futuro en el precio de la luz, con un descenso para el mes de febrero del 37% con respecto a los niveles alcanzados durante la borrasca Filomena y del 45% para el segundo trimestre. De hecho, vaticinó que para 2022 y 2023, debido a la entrada masiva de renovables al sistema, los precios del mercado español estarán por debajo de otros tradicionalmente más baratos, «como el alemán o el francés».
