El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo, por ser contrario a derecho, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), aprobado por decreto del 4 de mayo de 2018 y con el que el Consell pretendía blindar casi 3.000 hectáreas de costa en la provincia y evitar, de esta forma, la proliferación de nuevas edificaciones con distintos niveles de protección en función de su cercanía con la ribera del mar. El plan, que, no obstante, todavía permitía la construcción de alrededor de 50.000 viviendas en el litoral en los próximos diez años, generó un fuerte rechazo social entre vecinos de algunos municipios y también la oposición de muchos promotores. Hasta el extremo de que fuentes del sector de la construcción estiman que se podrían haber presentado en este tiempo medio centenar de recursos contra el Pativel.
Precisamente uno de ellos, el presentado por TM Grupo Inmobiliario, con sede en Torrevieja, es el que ha permitido tumbar el plan del Consell. La compañía, en este sentido, recurrió ante los tribunales y ahora la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ le ha acabado dando la razón y declarando nulo el Pativel. Ahora bien, la Generalitat ya avanzó ayer por la tarde que presentará un recurso de casación ante el Supremo.
La Generalitat ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo la sentencia, que contó con un voto particular
La resolución judicial, que, no obstante, registró el voto particular por parte de uno de los magistrados de la sala, se basa en tres cuestiones para declarar el Pativel contrario a derecho. Por un lado, apunta a la falta de un estudio económico-financiero, preceptivo, según la sala, a tenor de la jurisprudencia, hasta el punto de que el fallo alude expresamente a una sentencia del Supremo del 14 de febrero de 2020, que es la que sentaría doctrina. En segundo lugar, los magistrados se escudan en la falta de informes de evaluación del impacto del documento del Consell en materia de género, familia e infancia. Por último, el TSJ ahonda en la falta de una evaluación ambiental y territorial.
En este sentido, para el tribunal, la carencia del estudio económico-financiero impide que el plan «refleje los costes de implementación del Pativel y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo, ni que prevea tampoco las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo» este documento urbanístico. Como ejemplo, basta con tener en cuenta que solo en Torrevieja el Pativel anuló casi un millón de metros de suelo urbanizable.
Además, los magistrados señalan que el proyecto incumple la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres «al no incluir un informe de evaluación del impacto por razón de género», como resulta exigible en todos los proyectos normativos, incluidos los instrumentos de ordenación urbanística. Este argumento, según la sentencia, es extrapolable a la ausencia en el expediente de los informes exigibles sobre el impacto que puede conllevar la actuación en materia de infancia, adolescencia y familia.
Por último, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ entiende que es otro motivo de nulidad el hecho de que el plan «no se haya sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica y omita las distintas alternativas posibles». De hecho, en la resolución se precisa que «no se analizan las consecuencias que el Pativel pueda tener para con la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad y demás factores mencionados».
El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, avanzó nada más hacerse pública la decisión judicial que la Generalitat va a presentar un recurso de casación contra esta sentencia, y lamentó que el fallo «pone de manifiesto el cambio de criterio y de rumbo en la valoración de la sala, que anteriormente se había pronunciado en términos favorables». Desde la Generalitat resaltaron, además, que la sentencia «no entra a valorar el contenido del Pativel como herramienta de protección del litoral, sino aspectos formales del mismo», y puntualizaron que sí existen informes técnicos presentados, «pero la sala los considera insuficientes».
En cualquier caso, el conseller mandó un mensaje de tranquilidad y aseguró que la Generalitat «seguirá velando por la protección y preservación del litoral a través de todas las herramientas y recursos jurídicos de los que dispone».
Preservar respetando derechos
Mientras, fuentes de TM Grupo Inmobiliario, que fue quien presentó este recurso, manifestaron ayer, tras conocerse el fallo del TSJ, su apoyo a la existencia de un plan de protección de litoral «que contemple la preservación de los espacios con valor ambiental y paisajístico, manteniendo la seguridad jurídica y respetando los derechos de los distintos agentes que intervienen». Al respecto, añadieron que «confiamos en los criterios de las normas vigentes en la Comunidad para la toma de decisiones multicriterio, y en el diálogo para encontrar soluciones».
