Igualdad a golpe de plan

El próximo año ya serán todas las que superen los 50 trabajadores, lo que añadirá otras 480 firmas a la lista, en lo que supone un intento del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos por acelerar unos cambios que no acaban de llegar. Lo advertía esta misma semana un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca): la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral avanza demasiado lento y en la última década la brecha salarial apenas se ha recortado en tres puntos, lo que significa que las profesionales siguen cobrando de media alrededor de un 18% menos que sus compañeros. Otros estudios elevan hasta el 23% esa cifra. 

En cualquier caso, una diferencia todavía demasiado elevada, sobre todo si se tiene en cuenta que la Ley de Igualdad data de 2007, por lo que ya suma 13 años de recorrido. Fue esta normativa la que estableció la obligación de elaborar planes para reducir las diferencias entre sexos en el ámbito laboral, aunque inicialmente sólo afectó a las empresas de más de 250 trabajadores. Sin embargo, fueron pocas las compañías que cumplieron con esta obligación y en otros muchos casos se redactaron planes que «acabaron durmiendo en el cajón», como recuerda la responsable de Igualdad en UGT de l’Alacantí y la Marina, Yolanda Díaz. 

Las presiones de los sindicatos y de los movimientos feministas llevaron a que el nuevo Gobierno encabezado por Pedro Sánchez decidiera extender progresivamente esta obligación y acompañarla de nuevas exigencias, como la de evaluar su cumplimiento o la de realizar también una auditoría salarial. Otro de los aspectos que trae actualmente de cabeza a muchas empresas, como apunta José Luis Valverde, responsable del Área Laboral del bufete de Devesa & Calvo Abogados. 

No es una cuestión menor. «Las empresas deben analizar a fondo el reparto de los salarios por géneros en todas las categorías y, en el caso de que la brecha supere el 25%, deben justificar que esa diferencia no se debe al sexo de los trabajadores, que hay motivos objetivos, como la antigüedad, que los expliquen», señala el experto, que advierte de las consecuencias de no tener aprobado el Plan de Igualdad, una obligación que muchas empresas incumplen todavía. 

«La Inspección de Trabajo realiza campañas específicas y está poniendo mucho el foco en este tema», apunta el experto de Devesa & Calvo, que también recuerda el cada vez mayor interés que existe en la sociedad por estas cuestiones, como muestran las movilizaciones masivas que se han producido en las últimas convocatorias del 8 de marzo. «Por suerte, cada vez hay más empresas que lo empiezan a hacer por convicción, y eso es fundamental para que esta herramienta que son los planes de igualdad realmente funcionen», insiste Valverde. 

Una reflexión que también comparten los sindicatos, que, no obstante, destacan como uno de los grandes avances de los últimos cambios introducidos por el Gobierno la obligatoriedad de registrar los planes, de forma que puede exigirse su cumplimiento exactamente de la misma manera que los propios convenios colectivos, como explica la responsable de Igualdad de UGT. No en balde se trata de documentos negociados y acordados con los sindicatos. 

Discriminación

En cuanto a la cuestión de fondo, Yolanda Díaz señala que la discriminación sigue estando muy presente en la mayoría de empresas, en las formas más variadas. «El salario base es el mismo, porque no puede ser de otra forma por ley, pero luego llegan los matices: las nocturnidades, los complementos, las jornadas a tiempo parcial, los permisos para cuidar a familiares y toda una serie de factores que acaban haciendo que las trabajadoras cobren menos», insiste la sindicalista. Otro problema bastante complicado de abordar es el mantenimiento de los roles de género, el hecho de que los hombres se concentren en determinados oficios y las mujeres en otros, que suelen estar peor remunerados. Díaz pone el caso de las fábricas de turrón, donde los hombres suelen desempeñar tareas de producción mejor pagadas, mientras las mujeres son envasadoras. Una situación que se reproduce en muchos sectores. 

Por fortuna, ya hay empresas que han empezado a tomar conciencia de estas situaciones y empiezan a plantearse medidas para romper esta inercia. Por ejemplo, la cadena hotelera Magic Costa Blanca está estudiando diversas iniciativas para conseguir que haya más hombres en la categoría de camareras de piso y más mujeres en las tareas de conservación y mantenimiento para acabar con la segregación tradicional que suele producirse en este tipo de establecimientos, según explica su vicepresidente, Javier García. La cadena, que está en pleno proceso de actualización de su plan de igualdad, también ha adoptado medidas de discriminación positiva para conseguir, por ejemplo, que haya más hombres que se tomen los permisos por cuidado de hijos o familiares, para fomentar que no sean siempre las mujeres las que acaben cargando con las tareas familiares. Donde no les queda mucho por hacer es en los niveles más altos de la jerarquía, ya que hasta el 58% de los puestos directivos de la cadena está ocupado por mujeres. 

También hay empresas que han decidido adelantarse y redactar sus planes antes de tener la obligación legal, como ocurre con el fabricante de productos nutricionales para cultivos Stoller Europe, domiciliada en Elche. «Forma parte de nuestros valores», señala su responsable de comunicación, Senti Bernabéu.

Sin embargo, desde el ámbito sindical consideran que situar la barrera para estar obligado a contar con un plan de igualdad en los 50 trabajadores sigue dejando fuera a la mayor parte de los asalariados de la provincia, como apunta la secretaria general de CC OO en l’Alacantí, Consuelo Navarro, que recalca la lucha de los representantes sindicales para introducir medidas que fomenten la igualdad también en este tipo de negocios más pequeños a través de la negociación colectiva. A su juicio, estos instrumentos, que considera «una herramienta válida para corregir desigualdades en el mundo del trabajo asalariado», deberían extenderse al resto de firmas. 

Al respecto, Ineca calculaba esta semana que sólo un tercio de los alicantinos trabaja en empresas de más de 50 empleados, lo que significa que, aún cuando se cumpla la ley íntegramente, aún quedará mucho camino por recorrer.

¿Una contra reforma laboral encubierta?

Las últimas modificaciones del año 2020 sobre la normativa que regula la elaboración de los planes de igualdad no han sentado nada bien a los empresarios, que consideran que el Gobierno ha aprovechado la ocasión para hacer «una reforma laboral encubierta», en palabras del presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, al considerar que concede a los sindicatos un excesivo poder. Hay que recordar que estas organizaciones perdieron mucha capacidad de presión con la anterior reforma de la negociación colectiva del PP.

Palacio deja claro que consideran que «los planes de igualdad, el registro retributivo y las auditorías de igualdad se pueden convertir en instrumentos a favor de la eliminación de las brechas de género», pero insiste en que los cambios introducidos el año pasado -que la CEOE tiene recurridos en los tribunales- dotan de «unas competencias desmesuradas a estas organizaciones (los sindicatos) en detrimento de la representación interna de la empresa» y constituyen «una vulneración de derechos». El presidente de la patronal se refiere, en concreto, a los artículos que señalan que, cuando no existe representación de los trabajadores en una compañía -comité o delegado de la plantilla-, el empresario debe negociar directamente con los sindicatos más representativos del sector. Desde la patronal querían que, en estos casos, se creara una comisión ad hoc que fuera elegida en el momento de constituirse de forma interna por los trabajadores d e la firma, pero los sindicatos veían en esta propuesta una forma de controlar que los planes redactados fueran favorables a sus intereses. Por su parte, los empresarios lo que temen es que las organizaciones aprovechen la oportunidad para acabar organizando la representación sindical en aquellas empresas que no la tienen.

En cualquier, lo cierto es que la norma también ha creado un problema para los propios sindicatos, que en las últimas semanas se han visto desbordados por las peticiones para iniciar la negociación de decenas de planes en la provincia con unos recursos que la crisis dejó muy mermados.