El enorme esfuerzo que están realizando las administraciones para salvar el mayor porcentaje posible de tejido productivo y la llegada de miles de millones de fondos europeos en los próximos años ha puesto el debate sobre la mesa: ¿Habría que ayudar a todas las empresas por igual o se debería tener en cuenta su situación antes de la crisis y destinar únicamente las subvenciones a aquellos negocios con más posibilidades de supervivencia?
La cuestión no es menor. Desde hace años, expertos y economistas vienen alertando de la existencia de un número significativo de lo que denominan empresas zombis. Es decir, compañías que no generan suficiente beneficio ni para cubrir los intereses de su deuda y que sólo sobreviven gracias a la respiración asistida que suponen las refinanciaciones y la situación de tipos de interés excepcionalmente bajos que se ha registrado en los últimos años.
Un estudio de Informa B&D calcula que en toda España existen 39.560 empresas en esta situación, de las que 1.527 tienen su domicilio en la provincia de Alicante. Para ello, la firma de información empresarial ha tenido en cuenta a las compañías de más de diez años -ya que es normal que los negocios que arrancan presenten ratios de endeudamiento mayores- y ha localizado aquellas que durante al menos dos años consecutivos, los de 2018 y 2019, no han sido capaces de cubrir sus gastos financieros con sus resultados. La cifra supone aproximadamente el 7% de todas las compañías que superan esta edad.
«Existe un riesgo importante de que se pierdan las ayudas que se destinen a estas empresas, por lo que consideramos que se debería tener en cuenta esta situación», señala el director de Internacional y Desarrollo Corporativo de Informa, José Antonio Teijelo.
Igualmente, también hay expertos que apuntan que esta cifra se ha elevado considerablemente tras un año de crisis provocada por la pandemia, que ha deteriorado la situación de muchas compañías que, además, han elevado su endeudamiento con los créditos concedidos por el ICO.
En cuanto a las características de las empresas zombis de la provincia, hasta el 21,6%, unas 330, pertenecen al sector de la construcción y las actividades inmobiliarias, tres puntos más que a nivel nacional. Una cifra que vuelve a poner en evidencia el peso que tiene el ladrillo en la actividad económica alicantina y, sobre todo, los efectos que aún se arrastran del estallido de la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar se sitúa el comercio, con un 20,1% del total y 307 empresas; seguido por las comunicaciones (284 negocios, el 18,6%), lo que incluye a muchas mercantiles relacionadas con la informática y las nuevas tecnologías.
Por su parte, la industria suma el 10,15% de los zombis alicantinos, con 155; y las compañías de servicios empresariales, otro 9,63%, con 147 sociedades en esta situación.
Del total de negocios incapaces de reducir sus deudas en la provincia, un abrumador 90,9% son microempresas, frente al 6% que suponen las pequeñas empresas, el 1,7% de las medianas o el 1,38% que entran en la categoría de grandes firmas. Una distribución que, según José Antonio Teijelo, tiene mucho que ver con la falta de profesionalización en la gestión de los negocios de menor tamaño.
Por otra parte, el estudio también analiza las sociedades que permanecen inactivas, es decir, aquellas que no presentan cuentas anuales ni realizan ningún tipo de actividad de la que quede constancia en el Registro Mercantil. En toda España la consultora ha detectado 1.439.158 de estas sociedades fantasma, de las que 47.360 está radicadas en la provincia de Alicante.
La Administración ha puesto recientemente el foco en estas compañías ante la posibilidad de que puedan ser utilizadas con fines delictivos. Igualmente, también se corre riesgo de que se conviertan en un foco de picaresca, si sus propietarios las utilizan para optar a las ayudas que prevén las distintas administraciones para socorrer a los negocios afectados por la crisis provocada por el covid-19,
Autónomos enganchados a las ayudas del Gobierno
Alrededor 193.000 autónomos únicamente siguen dados de alta en la Seguridad Social gracias a la denominada prestación extraordinaria por cese de actividad que el Gobierno puso en marcha al estallar la pandemia, y prevé cerrar su negocio cuando esta ayuda finalice. Así lo asegura el último barómetro de la Federación de Autónomos ATA, que señala que esta cifra supone el 41% de los profesionales que en estos momentos está recibiendo esta prestación, que suman casi 470.000. Ante esta situación, desde ATA reclaman que se prolongue esta ayuda, que en principio expira el próximo 31 de mayo.
Según los cálculos de esta organización, el colectivo ha perdido más de 75.000 millones de euros desde el inicio de la pandemia, y la inmensa mayoría aún no puede trabajar con normalidad. En concreto, el 11,7% de los autónomos sigue con su negocio completamente cerrado y otro 52,2% está trabajando a menos del 50% de su capacidad.
En la misma línea, el 14,4% de los consultados prevé que tendrá que despedir a algún empleado en los próximos meses, como consecuencia de la crisis.
