El Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, dibujó ayer un esbozo preliminar de cómo será su reforma de las pensiones, que negocia en la actualidad con patronal y sindicatos y que en los próximos días remitirá a Bruselas como una de las reformas troncales del plan para acompañar la llegada de los fondos europeos. El Ejecutivo pretende revalorizar las pensiones según el IPC del año anterior, con una revisión en caso de inflación negativa a tres años vista. El factor de sostenibilidad lo pretende eliminar, aunque todavía no tiene claro (o no lo dice en público) cómo lo sustituirá.

Y para mejorar la salud de las arcas de la Seguridad Social, pretende aumentar las trabas para las jubilaciones voluntarias anticipadas, así como poner encima de la mesa nuevos incentivos: uno de estos será un cheque de hasta 12.000 euros para aquellos trabajadores que decidan retrasar su retiro del mercado laboral, por cada año de demora.

Las reformas de Escrivá pretenden realizar la complicada maniobra de evitar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas heredada de las reformas del PP, a la vez que suprimir el déficit que arrastran las arcas de la Seguridad Social para presentar ante Europa que el sistema público de pensiones español es viable y que no hay motivo para exigir nuevas reformas al respecto. Lo presentado este lunes será enviado a Bruselas en los próximos días, aunque todavía no tiene atadas las tres legitimidades que precisa para sacarlo adelante en España. Ni la del Pacto de Toledo, donde ha levantado algunas reticencias por la vaguedad de varios puntos. Ni la del diálogo social, cuya mesa hace un mes que no convoca. Ni la del Congreso, donde deberá atar los apoyos suficientes para sacar adelante una reforma en la que han tenido sus roces hasta los propios socios de Gobierno.

Uno de los puntos de apoyo para reducir el déficit público y a su vez asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas es que haya más gente que tarde más en jubilarse. Dos herramientas tiene en mente Escrivá para ello: uno el palo y otra la zanahoria para las jubilaciones anticipadas voluntarias. El palo será aumentar los coeficientes reductores de la futura pensión hasta el 30%, en el caso de las carreras de menos de 38 años y seis meses cotizados. Ahora estas personas, si deciden retirarse dos años antes, tienen una reducción de su pensión en el 16% el primer año (que progresivamente va bajando hasta el 2%). Escrivá quiere que ello suba al 21%, para acabar bajando al 3,3%. No pretende aplicarlo de golpe y su propuesta contempla un periodo de adaptación de seis años.

Y en la otra mano la zanahoria y con formato a elegir. La más sonante de las opciones para incentivar esas jubilaciones demoradas es un cheque para compensar la pensión que el Estado se ahorra con su retiro tardío. Este puede ser de entre 12.000 euros (en caso de pensión máxima) hasta 4.786 euros (en caso de pensión mínima), y se cobrará por cada año de demora de la jubilación. O si el pensionista lo prefiere fragmentado, Escrivá le quiere asegurar un extra del 4% para toda la vida, cuando ahora ese extra se sitúa entre el 2% y el 4%. Por último, el ministro también quiere reformar la jubilación parcial, para que deje de ser en la práctica una jubilación anticipada.