La dirección de CaixaBank planteó este martes a los sindicatos su intención de recortar la plantilla en un 18,7%, tras la fusión con Bankia, lo que supondrá la salida de 8.291 trabajadores y el cierre de 1.534 oficinas, el 27% del total. Se trata del mayor ajuste de personal de la historia de la banca española y también el mayor ERE de una empresa española de cualquier sector desde 1999, cuando Telefónica aprobó un recorte de 10.800 empleados.
Un ajuste que los responsables de la entidad consideran «necesario» por «motivos productivos y organizativos, dadas la duplicidades y sinergias derivadas de la fusión y las circunstancias actuales del mercado», pero que lo sindicatos calificaron de «salvaje». Especialmente ante el anuncio de la dirección de que sólo permitirá que la mitad de los afectados sean mayores de 50 años, para evitar un «desequilibrio generacional», lo que aleja la posibilidad de que la mayoría del ajuste se realice mediante prejubilaciones.
Aunque el mayor volumen de salidas se concentra en Madrid, donde la entidad quiere suprimir hasta 1.511 empleos, Barcelona (595) y Valencia (528) -ya que son estas provincias donde se concentran la mayoría de servicios corporativos, que ahora están duplicados-; lo cierto es que prácticamente ninguna demarcación escapa a los recortes.
En el caso de Alicante, la propuesta inicial de la dirección de CaixaBank contempla la desaparición de 253 empleos, lo que supone el 22% de los 1.140 trabajadores que ahora tiene en la zona la nueva entidad fusionada. De ellos, sólo 266 tienen más de 50 años, mientras que los restantes 874 están por debajo de esa edad, según la información facilitada por UGT.
La entidad no facilitó la distribución del cierre de oficinas, aunque también es de prever que tengan un considerable impacto en Alicante, donde las redes de CaixaBank y Bankia sumaban el pasado mes de diciembre casi 190 sucursales, según datos del Banco de España, con lo que desplazaron al Sabadell como la entidad con más delegaciones en la provincia.
En cuanto a las condiciones, la entidad ha planteado que los mayores de 50 años no superen el 50% del total de adhesiones voluntarias al ERE, para evitar que las salidas se concentren en esta franja de edad y tan solo contempla prejubilaciones para los mayores de 58 años. En concreto, a los mayores de 63 años -que ya pueden jubilarse- les ofrece 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Para los que tienen entre 58 y 63 y más de 15 años de antigüedad, plantea el 50% del salario pensionable y el convenio con la Seguridad Social hasta la edad mínima de jubilación.
Para el colectivo de 55 a 58 años ofrece una indemnización del 50% del salario regulador, con un máximo de dos anualidades, y para los menores de esa edad ofrece 25 días por año trabajado, con un máximo de 18 mensualidades. Además, la entidad quiere cambiar otras condiciones laborales para recortar algunas pagas, como la que se abona por nacimiento de hijos, y otros complementos. La entidad primará la voluntariedad y, en segundo lugar, la «meritocracia».
Desde UGT y CC OO cargaron contra la propuesta, que consideran salvaje y creen que las condiciones no son suficientemente atractivas para conseguir una cifra suficiente de voluntarios, lo que llevará a numerosas salidas forzosas. Sobre todo, ante la limitación de que menos de la mitad sean mayores de 50 años y que no se primen las prejubilaciones.
