El calzado no atraviesa por su mejor momento. El covid también ha castigado con toda su dureza al sector. Hasta el punto de que los últimos datos del Instituto de Comercio Exterior (Icex), los del mes de febrero, evidencian que las ventas de zapatos al exterior pasaron de 246 millones de euros el año pasado a 188, lo que porcentualmente se traduce en un descenso del 23%. Ahora, por si eso fuera poco, el Gobierno de EE UU ha anunciado que subirá un 25% los aranceles que pagan los zapatos españoles por entrar en el mercado norteamericano, lo que elevaría la tasa final al 35%. Una maniobra -la del Ejecutivo de Biden- que llega como represalia a la aplicación del denominado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, también conocido como Tasa Google. Sin embargo, el anuncio ya ha comenzado a tener funestas consecuencias para una de las industrias tradicionales de la provincia. Hasta el punto de que la Federación de Industrias del Calzado de España (FICE) calcula que, hasta el momento, ya se han paralizado aproximadamente el 30% de los pedidos que estaban previstos para el tercer trimestre del año. Por eso mismo, desde todas las administraciones han comenzado a mover ficha para frenar una medida que podría poner en peligro 1.500 empleos directos y hasta 6.000 puestos de trabajo indirectos. Precisamente en este contexto es en el que España e Italia -otro de los Estados miembros afectados por las represalias de EE UU junto a Austria- han decidido hacer frente común en el Parlamento Europeo. Así, la eurodiputada del PSPV-PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero se ha aliado con la balear Alicia Homs y el italiano Paolo de Castro para registrar una pregunta con la que tratan de presionar a la Comisión Europea para que tome cartas en el asunto.
«Teniendo en cuenta las medidas de represalia que EE UU pretende tomar contra tres Estados miembros que han aplicado o pretenden aplicar la Tasa Google, ¿piensa la Comisión evitar y mitigar el impacto en sectores, como el del calzado y otros, que no están relacionados con los servicios digitales?», plantean los europarlamentarios en el escrito. «¿Piensa la Comisión entablar un diálogo con los EE UU para evitar represalias comerciales y resolver de forma diplomática cuestiones no relacionadas con el comercio?», apostillan. Con ello, tratan de implicar al Ejecutivo comunitario y que negocie con la Administración Biden para que no sea el calzado el que asuma las represalias por la Tasa Google y, de paso, al Gobierno italiano, para ganar fuerza a través de esta alianza y, con ello, evitar que se acabe materializando la subida de los aranceles para el calzado.
En paralelo, Rodríguez-Piñero también ha negociado una reunión entre el sector y la embajada de la Unión Europea en Washington, para que conozcan de primera mano los problemas a los que se enfrenta el calzado en estos momentos. De hecho, la presidenta de FICE y de la patronal valenciana Avecal, Marián Cano, insiste en que, «en estos momentos, lo más importante es trasladar tranquilidad a los clientes americanos, para evitar que se sigan paralizando los pedidos y que, al final, eso pueda derivar en cancelaciones». Cano, además, subraya la importancia de recabar apoyos a todos los niveles para intentar que esa amenaza -la de la subida de los aranceles- no se acabe convirtiendo en una realidad. Al respecto, la patronal lo que pide es que se deje en suspenso temporalmente la aplicación de la Tasa Google, para, con ello, poder ganar tiempo hasta que se alcance un acuerdo global en el seno de la OCDE que permita desactivar la medida en el que el año pasado fue el cuarto mercado extranjero para el calzado español, y el primero fuera de Europa.
En este contexto, la eurodiputada del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, asegura que es «muy importante el trabajo que el calzado está realizando para conseguir aliados tanto en Bruselas como en Washington», y sostiene que «el sector debe ir y estar donde se toman las decisiones y hablar con las personas que van a negociar con EE UU para que no se apliquen estos aranceles injustos». La socialista, en este sentido, se muestra tajante: «No puede ser que un impuesto sobre servicios digitales acabe afectando a un sector ajeno. Por ello, hemos planteado a la Comisión que negocie en la Organización Mundial del Comercio y en la OCDE, porque no se pueden solucionar problemas puntuales con barreras arancelarias injustificadas, como la del 35% que se quiere aplicar al calzado».
Vía libre del Gobierno central a las ayudas directas al sector
El Consejo de Ministros permite a las comunidades autónomas una ampliación de los beneficiarios
Las protestas del calzado han tenido efecto y, finalmente, el sector podrá beneficiarse de las ayudas directas habilitadas por el Gobierno central. El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del decreto que regulaba las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, de manera que las comunidades autónomas tendrán margen para ampliar los sectores y empresas que podrán acceder a los 7.000 millones de euros habilitados para toda España, 650 en el caso de la Comunidad Valenciana.
El Gobierno, en un primer momento, incluyó un total de 95 sectores entre los beneficiarios de las ayudas, dejando fuera a industrias que también han sufrido un fuerte impacto por la pandemia. Este es el caso del calzado, de fuerte implantación en la provincia de Alicante, al que la Generalitat ya avanzó su intención de incluir en el caso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera su visto bueno.
Con todo, otros sectores, como es el caso del metal, el textil, el juguete o el turismo residencial, también reclamaron su presencia entre los beneficiarios, por lo que habrá que ver cual es la decisión que adopta al respecto el Consell.
En este contexto, el alcalde de Elche, Carlos González, resaltó, tras mantener una reunión telemática con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el conseller de Economía, Rafa Climent; y representantes del calzado y sus componentes, que «el sector ha encontrado empatía y apoyo decidido del Consell a sus reivindicaciones», en referencia tanto a las ayudas directas como al conflicto de los aranceles.
El PP, por su parte, ha presentado sendas proposiciones no de ley en las Cortes Valencianas con relación a estos temas. En la primera instan al Consell a reclamar al Gobierno central la inclusión específica del calzado en las ayudas, y en la otra exigen la suspensión de la denominada Tasa Google, mientras se sigue negociando para evitar la subida de los aranceles, como plantea el sector.
