Los empresarios de calzado se juegan mucho con la posible subida de aranceles en Estados Unidos y no piensan quedarse cruzados de brazos mientras continúan las cancelaciones de pedidos. La patronal nacional del sector, FICE, ha decidido elevar un grado más la presión al Gobierno para que atienda sus peticiones y, tras reunirse el pasado lunes con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, sus dirigentes apuntan ahora más alto y han solicitado sendas reuniones con el Ministerio de Economía que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, y con el de Hacienda de la también portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
Al fin y al cabo, señalan los empresarios, son estos dos departamentos los que tienen la llave para resolver la situación que se ha creado, ya que, como recuerda la presidenta de FICE, Marián Cano, la subida de aranceles es la respuesta de la Administración norteamericana a la aprobación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la denominada Tasa Google, con la que se pretende que las multinacionales tecnológicas paguen más impuestos en España.
«Lo que pedimos es que el Gobierno deje en suspenso la aplicación de este impuesto hasta que haya un acuerdo internacional. Sobre todo ahora que el nuevo presidente norteamericano ha mostrado su disposición a negociar este tipo de asuntos. Y, además, queremos que se envíe con urgencia una señal que deje claro a nuestro clientes en Estados Unidos que no se va a aplicar la tasa y, por tanto, tampoco los aranceles», señala Cano, que no se cansa de alertar del riesgo que existe de perder este mercado si no actúa con agilidad.
«El impuesto todavía no se ha aplicado, pero nosotros ya estamos sufriendo las consecuencias en forma de pedidos que se quedan aparcados. Hay que transmitir confianza a los distribuidores cuanto antes», señala la también presidenta de Avecal.
Los empresarios piden que el Ejecutivo deje en suspenso la Tasa Google para evitar las represalias de la Administración Biden
En este sentido, desde el Ministerio de Industria ya se ofrecieron a realizar una mediación por vía diplomática para lograr algún tipo de pronunciamiento de Washington, comprometiéndose a no subir el gravamen mientras se intenta negociar un acuerdo en la OCDE. Sin embargo, desde FICE quieren ir más allá y, por un lado, pretenden trasladar directamente a la ministra de Hacienda su petición de dejar en suspenso la aplicación de la Tasa Google, ya que consideran que es la que tiene en su mano esta posibilidad.
La patronal reclama una señal «urgente» que permita devolver la confianza a sus clientes y reactivar los pedidos
Y, por otra parte, les interesa reunirse con Nadia Calviño por su papel clave en el Ejecutivo y también porque es la persona que lleva el peso de las conversaciones en la OCDE, donde se debate ahora una posible armonización de los impuestos que se aplican a las multinacionales.
Apoyo institucional
Hasta la fecha, las reivindicaciones del sector del calzado para evitar una subida de 25 puntos en los aranceles que pagan sus productos por entrar en Estados Unidos han recibido el apoyo de los alcaldes de las principales ciudades zapateras de España, entre ellas Elche y Elda, y de ejecutivos autonómicos, como la Generalitat. Además, eurodiputados de España e Italia se han aliado para presionar a la Comisión para que busque un acuerdo que frene los aranceles. La simple amenaza de su imposición ha paralizado el 30% de los envíos previstos a este país en el tercer trimestre.
Puig confirma que incluirá al sector en las ayudas del Plan Resistir
La Generalitat ultima el decreto para el reparto de los fondos entre las firmas más afectadas por el covid
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, confirmó en la Cortes que el Ejecutivo autonómico incluirá al calzado entre los sectores que podrán beneficiarse del Plan Resistir Plus, las ayudas directas a las empresas más golpeadas por el covid que ha puesto en marcha el Gobierno central. De esta forma, Puig anunció que ya ultima el nuevo convenio con el Ministerio de Hacienda que permitirá extender estas ayudas al negocio zapatero, que es la industria que más producción ha perdido desde el estallido de la pandemia. Así lo apuntó el jefe del Consell en el Parlamento autonómico, en respuesta a una pregunta de la síndica del Partido Popular, Isabel Bonig.
Lo que todavía se desconoce son los criterios exactos para el reparto de estas ayudas, que está ultimando la Conselleria de Hacienda. Tal y como establece la normativa nacional, podrán beneficiarse de estas subvenciones las pymes y autónomos de los sectores incluidos en la convocatoria que hayan perdido más de un 30% de su cifra de negocio en 2020. Habrá un mínimo para cada solicitante -que rondará los 4.000 euros- mientras que el resto del dinero se repartirá en función de la caída del negocio que haya sufrido cada empresa y también del tamaño de su plantilla, ya que uno de los objetivos prioritarios es contribuir a la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible. En total, la Generalitat recibirá 647 millones de euros para distribuir entre las empresas de la autonomía.
