La evolución del número de pensionistas de la provincia refleja con toda crudeza el drama que ha supuesto la pandemia de coronavirus y la especial dureza con la que el covid ha golpeado al colectivo de personas mayores, que concentra el grueso de los fallecidos por esta enfermedad. Las últimas cifras de la Seguridad Social muestran que el aumento de mortalidad registrado entre marzo del año pasado y el mismo mes de 2021 ha reducido a la mitad el crecimiento que venía experimentando la cifra de perceptores de prestaciones contributivas y que, en el caso concreto de las pagas de viudedad -cuyos beneficiarios suelen ser mujeres y de edades muy avanzadas-, incluso ha disminuido su número, algo inaudito en los últimos años.
De esta forma, el pasado 1 de marzo la provincia contaba con 323.613 pensionistas de todo tipo que recibían una prestación contributiva. Aunque son más que hace un año, antes de que estallara la pandemia, lo cierto es que el aumento, de 1.879 personas, es muy inferior al registrado en los doce meses anteriores, cuando la cifra se incrementó en 4.145 personas; o en 2019, cuando fueron 4.619. De hecho, el aumento medio de los últimos diez años supera los 4.200 pensionistas.
A pesar de que durante los meses de confinamiento se produjo cierta demora en las nuevas altas, por la supresión de la atención presencial en los centros de la Seguridad Social, para el experto en el sistema español de pensiones e investigador del Ivie Enrique Devesa, no hay duda de que el motivo principal de esta evolución hay que buscarlo en el «exceso de mortalidad que se ha producido en este año».
Basta con revisar la cifra de bajas de pensionistas, que han pasado de 14.703 a 17.385. Una diferencia de 2.682 personas que, si bien incluye las bajas de todo tipo de prestaciones (también las de orfandad o las de incapacidad permanente), se aproxima bastante a la cifra oficial de fallecidos por covid en la provincia.
En este sentido, de la evolución por tipos de pensión, Devesa destaca el caso de los perceptores de prestaciones por viudedad, que incluso han disminuido, lo que significa que han fallecido más beneficiarios de las nuevas personas que han generado este derecho. Así, la cifra actual es de 79.787, lo que supone 109 menos que en marzo de 2020. En el año anterior había aumentado en casi 500 personas. «La edad media de este colectivo es entre cinco y seis años mayor que el de aquellos que reciben una pensión por jubilación porque en su mayoría son mujeres que acceden a la prestación cuando fallece el marido, a edades muy avanzadas», explica el también profesor de la Universitat de València. En otras palabras, que han sido un colectivo especialmente expuesto a las consecuencias más graves del covid. No son los únicos. Los perceptores de prestaciones de incapacidad permanente también se han reducido, de 23.280 a 23.139.
Por su parte, los perceptores de pensiones de jubilación han aumentado en 2.055 personas, hasta los 207.344, si bien este crecimiento es menos de la mitad del habitual. Las pensiones de orfandad suben ligeramente, hasta las 12.173; al igual que las que son en beneficio de familiares, que ascienden a 1.170.
Enrique Devesa señala que el freno que se ha registrado en el aumento de pensionistas será sólo transitorio. Es más, el experto recuerda que en los próximos años empezará a acceder a la jubilación la generación del «baby boom» de los años sesenta y setenta, lo que incluso acelerará este crecimiento. La previsión es que en 2050 España cuente con 15 millones de pensionistas, frente a los 9,5 millones actuales.
Los jubilados alicantinos ya son mileuristas
Por primera vez, desde principios de este año la pensión media por jubilación en la provincia ha superado la barrera psicológica de los 1.000 euros mensuales. En concreto, según datos de la Seguridad Social, se sitúa en 1.010 euros en marzo, tras subir un 2,4% en el último año. Eso sí, si se tienen en cuenta el resto de prestaciones -viudedad, orfandad,etc-, la cifra disminuye a 892 euros. En ambos casos, además, esta cantidad es aproximadamente un 15% inferior a las prestaciones medias del conjunto del país, que, en el caso de la jubilación, alcanza los 1.185 euros mensuales, según datos oficiales.
La «cara b» del cheque para retrasar la jubilación
Un estudio señala que el pago único que propone el Gobierno reduce el beneficio para el pensionista
La semana pasada el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciaba que una de las medidas estrella de la reforma de las pensiones que prepara serán los nuevos incentivos para retrasar voluntariamente el acceso a la jubilación. Así, se ofrecerán dos alternativas, por un lado, aumentar en un 4% la futura prestación por cada año de más que se trabaje -ahora se ofrece entre un 2% y un 4%, según distintas variables-; y por otro, el anuncio más mediático, como alternativa se dará un cheque en pago único de hasta 12.000 euros por año.
Sin embargo, los miembros del denominado Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de las universidades de València, Extremadura y la Rey Juan Carlos, y del que forma parte el investigador del Ivie Enrique Devesa, alertan de la trampa que contiene este incentivo. Los expertos han echado números y la conclusión es que, si se tiene en cuenta la esperanza de vida media, quien opte por el pago único recibirá entre un 20% y un 63% menos de lo que cobraría a lo largo de los años que le queden de vida, dependiendo de la cuantía de su pensión. Es decir, que cobrarán antes, pero a la larga el Estado se ahorraría bastante dinero. «Creemos que, como mínimo, es algo que debería advertirse a los ciudadanos cuando se les plantee esta posibilidad», señala Devesa.
El también profesor universitario va más allá y señala que la opción de recibir un 4% más tampoco compensa realmente lo que se ahorra el Gobierno por retrasar un año la jubilación. «La cifra debería acercarse más al 7% u 8%, que es lo que te penalizan si te jubilas antes», recalca el experto.
