Los platos rotos de la CAM

Unos macroprocesos donde se han barajado grandes cifras (de implicados y de dinero) , pero que hasta el momento solo han arrojado ocho condenas firmes, a dos años de cárcel la más elevada, y únicamente la recuperación de efectivo en dos de los procedimientos: el de las dietas de Crespo y el de los negocios del Caribe. Capital que en el primer caso va para el Sabadell y en el segundo, para el Fondo de Garantía de Depósitos Y en ambos ha sido gracias a acuerdos alcanzados con las acusaciones para evitar la cárcel. Estos son y así están los siete procesos del entramado judicial de la CAM:

1. FALSEO DE LAS CUENTAS

ACUSACIÓN. Alterar los estados contables de la CAM declarando beneficios cuando se arrastraban pérdidas para dar una imagen irreal de cara a la fusión con otras cajas.

8 IMPLICADOS. El expresidente Modesto Crespo y los exdirectivos Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.

RESOLUCIÓN. La Audiencia Nacional condenó a López Abad y a Amorós a 3 años de cárcel, a Sogorb a 4 y a Martínez a 2 ,9. El resto, absueltos. El Tribunal Supremo confirmó las condenas de Amorós y Sogorb, aunque rebajándolas a un año y medio y a 2 respectivamente. Absolvió a López Abad y a Martínez. La sentencia es firme.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El tribunal no vio probada la existencia de damnificados eximiendo por tanto de cualquier indemnización a los condenados.

2. DIETAS DE MODESTO CRESPO

ACUSACIÓN. Idear un plan por el que se pagaron sin deber 600.000 euros al último presidente de la caja, Modesto Crespo, haciéndolos pasar por dietas.

21 IMPLICADOS. Crespo, López Abad, el expresidente del consejo de administración de la caja José Forner, los exmiembros de la comisión de retribuciones Antonio Gil-Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban y quince exconsejeros (todo el consejo de la caja).

RESOLUCIÓN. El Supremo acaba de confirmar las condenas que la Audiencia de Alicante impuso a los seis primeros aunque con una pequeña rebaja. El resultado final va de los nueve meses para quien se embolsó el dinero a los dos años del exdirector general. Para los otros cuatro exconsejeros, uno. Los condenados están barajando si acuden al Constitucional. Los otros quince miembros del consejo fueron absueltos en primera instancia.

RESPONSABILIDAD CIVIL. Crespo ha reintegrado los 600.000 euros, que irán a parar al Sabadell. La devolución formaba parte del pacto con la Fiscalía por el que el empresario de Elche admitió los hechos a cambio de no ir a prisión. Las multas oscilan entre los 9.000 euros de Crespo y los 31.500 de López Abad. El resto, 13.500 cada uno.

3. NEGOCIOS EN EL CARIBE

ACUSACIÓN. Provocar un perjuicio a la CAM de 28 millones por los negocios hoteleros que la entidad de ahorros montó en el Caribe en sociedad con los empresarios Juan Ferri y José Baldó.

4 IMPLICADOS. Los exdirectivos de la caja López Abad y Daniel Gil y los dos empresarios.

RESOLUCIÓN. La Audiencia Nacional condenó el pasado diciembre a López Abad y a Gil por administración desleal a dos años de prisión. La misma pena que habían pactado con las acusaciones Ferri y Baldó, quienes son culpables además de tres delitos fiscales. La sentencia está recurrida al Supremo.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El tribunal fija la responsabilidad civil en 28 millones de los que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) sería el beneficiario. Ferri y Baldó ya han abonado la mitad dentro de su pacto para no ir a prisión. Queda el resto, que correspondería a los exdirectivos y al que tendría que hacer frente de entrada Caser, la aseguradora con la que la caja tenía firmada una póliza de responsabilidad civil de sus altos cargos.

4. RELACIONES CON HANSA

ACUSACIÓN. Maniobrar para maquillar al alza los resultados de la CAM a cambio de reducir la deuda que la promotora alicantina Hansa Urbana tenía con la caja.

4 IMPLICADOS. Los exdirectivos María Dolores Amorós, Daniel Gil y Vicente Sánchez y el promotor Rafael Galea.

RESOLUCIÓN. «No se dispuso fraudulentamente de fondos de la entidad». Fue la conclusión a la que en enero llegó el tribunal de la Audiencia Nacional que absolvió a los cuatro acusados. Las acusaciones no recurrieron y la sentencia devino firme.

RESPONSABILIDAD CIVIL. La Fiscalía pedía casi 40 millones a los que, sin responsabilidad penal, nadie tiene que hacer frente.

5. CRÉDITOS Y DIETAS DE AVILÉS

ACUSACIÓN. Conceder créditos en condiciones ventajosas al último presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, e idear un sistema irregular de pago de dietas en una sociedad participada por la caja.

20 IMPLICADOS. Avilés, López Abad y, en calidad de partícipes a título lucrativo, los 18 miembros de la comisión de control de la mercantil que cobraron esas dietas.

RESOLUCIÓN. El Supremo confirmó la absolución dictada por la Audiencia Nacional, que no vio irregularidad alguna ni en los préstamos ni en los pagos.

RESPONSABILIDAD CIVIL. La Fiscalía pedía la devolución del casi millón y medio cobrado por todos los acusados en concepto de dietas y el FGD, una indemnización en su favor de cinco millones por los créditos, lo que no se acordó

6. CUOTAS Y PREFERENTES

ACUSACIÓN. El perjuicio que a los ahorradores provocó el lanzamiento al mercado de dos productos financieros, las preferentes y las cuotas participativas, a raíz de la intervención de la caja.

2 IMPLICADOS. López Abad y Amorós.

RESOLUCIÓN. La Audiencia Nacional archivó la causa al no presentar cargos la Fiscalía y retirarse el resto de las acusaciones, excepto Adicae, que recurrió al Supremo un carpetazo que fue confirmado.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El tribunal sostuvo que todos los damnificados habían sido resarcidos.

7. PELOTAZOS EN TERRENOS

ACUSACIÓN. La financiación por parte de la CAM de operaciones de compra de terrenos calificadas como «pelotazos» para los empresarios que las realizaron.

19 IMPLICADOS. López Abad, Gil y otros 17 investigados entre los que se encuentran los empresarios. Es la única causa de las siete abiertas por la gestión de la CAM que aún sigue en instrucción.

RESPONSABILIDAD CIVIL. Las acusaciones fijan en 460 millones el quebranto económico que estas operaciones pudieron causar a la CAM.