El Gobierno prevé que en el primer trimestre de 2023 entre en vigor la reforma fiscal destinada a aumentar la recaudación mediante un mayor peso de la tributación verde y reduciendo o suprimiendo beneficios fiscales. Esa es una de las novedades que incluyen las 2.000 páginas de documentos del plan de recuperación remitido a Bruselas en las que se detalla el calendario de reformas e inversiones previsto para obtener los hasta 140.000 millones de fondos europeos 'Next Generation-EU' a los que tiene derecho España hasta 2026.
El objetivo es llevar a cabo la reforma fiscal a lo largo del año que viene después de que el comité de 17 expertos constituido recientemente entregue en febrero un libro blanco con sus propuestas basadas en informes elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). En uno de estos se incluía la supresión de la ventaja fiscal de la tributación conjunta en el IRPF, con un coste anual de más de 2.400 millones. Esa medida se incluyó en uno de los anexos del documento del plan de recuperación difundido el pasado viernes, pero desde el Gobierno lo atribuyen a "un error".
Tras repasar algunas medidas ya llevadas a cabo, como el aumento del IRPF para las rentas más altas, en cuanto al impuesto del patrimonio, en el documento defiende "se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades autónomas". Además de la fiscalidad verde, el documento presta atención a la tributación de las actividades digitales, para las que ya se aprobó un impuesto, conocido como 'tasa Google'.
A los expertos se también se les encomienda la tarea de analizar "la distribución en la tributación del trabajo frente a la tributación del capital, así como la tributación de las grandes corporaciones".
Más recaudación
Según las previsiones, el objetivo es incrementar la recaudación y reducir la brecha existente con la media europea. En este sentido juegan un papel fundamental los beneficios fiscales, que ascienden a 60.000 millones de euros, equivalentes a cinco puntos del producto interior bruto (PIB) y sobre los que se llevará a cabo una revisión en el periodo 2021-2023. En el primer trimestre de cada ejercicio, entre 2022 y 2024, se elaborará un informe y un análisis para determinar las medidas a tomar sobre esta cuestión.
Tras modificar los beneficios fiscales de los planes de pensiones en el IRPF y el tipo reducido del IVA para las bebidas refrescantes, el Ejecutivo considera que el momento actual no es , "por la situación derivada de la pandemia en la que se encuentra la economía y la grave crisis por la que atraviesan determinados sectores, el pertinente para modificar el resto de los beneficios fiscales".
Otro de los aspectos destacables es la revisión de la imposición de los hidrocarburos, lo que afecta esencialmente al gasóleo, que tiene en la actualidad mejor tratamiento que la gasolina. Esta es una de las medidas más polémicas, dado el peso que tienen los vehículos diésel en el parque total.
En su calendario de medidas, el Ejecutivo prevé poner en marcha en el primer trimestre del año que viene la reforma del impuesto a los gases fluorados, lo que afecta por ejemplo a los aires acondicionados; en el cuarto trimestre de ese mismo ejercicio, la revisión mencionada del impuesto de los hidrocarburos y en el cuarto trimestre de 2023, la que afecta a otras figuras para la movilidad sostenible.
Otras medidas ambientales son la puesta en marcha de un impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración que penalice las opciones menos sostenibles, otro sobre los envases de plástico no reutilizables, de 0,45 euros por kilo, que se incluirán en la Ley de Residuos que el Gobierno prevé enviar a las Cortes este trimestre para que esté en vigor en el tercer trimestre.
Otra de las medidas previstas es la entrada en vigor de la nueva ley de lucha contra el fraude en el segundo trimestre del año que viene. En ese texto, que se encuentra en tramitación en el Congreso, se incluye medidas como rebajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo para determinadas operaciones económicas, la actualización de la lista de paraísos fiscales, la modificación del régimen de la lista de deudores frente a la Hacienda Pública, la prohibición de amnistías fiscales, la creación de las Administraciones de Asistencia Digital Integral (ADI) o la explotación de la información derivada de instrumentos internacionales, entre otras.
En sus principios generales, la modernización del sistema fiscal tiene como objetivo "acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno. El diferencial con la media ponderada de los países de la eurozona es de 7,3 puntos y muy lejos de los niveles de pe presión fiscal de Francia y os países nórdicos, que superan el 50% del PIB.
