Los ayuntamientos de zonas turísticas quieren que el Estado les ayude a sufragar los gastos extraordinarios que soportan al atender a una población flotante muy superior a la que tienen empadronada, y proponen que esta financiación proceda del IVA que se genera en sus municipios, ya que consideran que es la mejor forma de determinar la aportación real de esta actividad a la economía.
Así lo planteó el lunes el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, durante un encuentro digital organizado por el Colegio de Economistas en el que se analizó la situación de estas localidades en base a los resultados del estudio «Los municipios en tiempos de covid: el territorio de la cooperación», elaborado por los profesores Luis Caramés y Amelia Díaz. Un acto en el que también participaron el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el concejal de Turismo de Elche, Carles Molina; el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y el decano del Colegio de Alicante, Francisco Menargues.
Todos los participantes coincidieron en criticar la insuficiencia de la actual regulación estatal de los municipios turísticos que contempla la Ley de Haciendas Locales, que resulta tan restrictiva que apenas una quincena de municipios de toda España cumplen con sus requisitos -entre ellos, ninguno de los participantes en el evento-, como destacó el edil ilicitano durante su intervención, que incidió en que es un problema «que no está bien resuelto».
Además, las compensaciones que se establecen para los pocos que logran la declaración estatal de municipio turístico se basan en una participación en el Impuesto de Hidrocarburos y en el impuesto especial al tabaco. Dos tributos que irán a la baja en los próximos años.
Ante esta situación, el primer edil de Benidorm recordó que la ciudad de la Marina Baixa sólo cuenta con 70.000 empadronados cuando durante todo el confinamiento la población de hecho no ha bajado de los 130.000 residentes, y en condiciones normales tiene puntas de más de 450.000 personas a las que hay que prestar todos los servicios municipales. Para evitar el descalabro económico que esto supone, Pérez abogó por establecer una financiación para estas poblaciones basada en el IVA que se genera en cada municipio, ya que este tributo se paga donde se consume, con lo que permite cuantificar el gasto turístico. Una propuesta que ya se ha planteado también a través de la denominada Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa.
Tanto los autores del estudio, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, mostraron su apoyo a esta fórmula, que consideraron más justa. En este sentido, Amelia Díaz recordó que el turismo es la actividad que más aporta al PIB nacional -el 14,6% del total- y también la que más empleo genera, y señaló que la Comunidad Valenciana perdió el año pasado casi 11.000 millones de ingresos por la caída de los visitantes por la pandemia, y el conjunto de España, más de 116.000 millones. «Podríamos preguntarnos si un país como España se puede permitir tener abandonados a los municipios turísticos, cuando es la actividad que más aporta a la economía», se cuestionó la experta.
Fondos europeos
En la misma línea que los anteriores, el alcalde de Alicante lamentó que la normativa estatal sobre municipios turísticos es «completamente irreal» y señaló también las limitaciones de la legislación autonómica, «que lo único en lo que se traduce es en los horarios comerciales». Por otro lado, Luis Barcala reclamó una mayor participación de los ayuntamientos en la gestión de los Fondos Europeos de Recuperación que, señaló, podrían impulsar nuevos servicios en el eje Alicante-Elche. Sin embargo, el primer edil alicantino denunció la «incertidumbre» que aún existe sobre la distribución de estos fondos y denunció que sólo el Ministerio de Transporte ha mantenido una reunión al respecto con la Federación Española de Municipios, en la que se les transmitió que solo se podría optar a dos proyectos por ayuntamiento y sin aclarar si podrán participar en otros a través de las mancomunidades. Además, calificó de «inconcebible» que dentro de la financiación europea no se haya contemplado el turismo como un sector estratégico.
El estudio señala, entre otras cosas, que los municipios turísticos deben destinar hasta un 80% más per cápita a servicios básicos para cubrir a la población flotante.
El covid aumenta el gasto impropio de los ayuntamientos
El informe del Consejo General de Economistas analiza también el denominado gasto impropio de los ayuntamientos, es decir aquel que realizan para asumir servicios y competencias que deberían ser de otra administración. Unos costes «extra» que suponían antes de la pandemia el 16,5% del presupuesto municipal, según el informe. Sin embargo, el alcalde de Alicante señaló que, con el covid, este porcentaje se elevó el año pasado al 20%
