La posibilidad de que los trabajadores autónomos puedan cotizar en base a sus ingresos reales está cada vez más cerca, aunque el problema sigue siendo encontrar la fórmula que convenza a todo el mundo. La última propuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social plantea crear un nuevo sistema que, tras un largo periodo de nueve años de transición, en que irían adaptando las cantidades, desembocaría en el establecimiento de 13 cuotas diferentes en función de los rendimientos netos que declaren estos profesionales. El rango iría desde los 90 euros para quienes ganen menos de 3.000 euros anuales, hasta 1.220 para aquellos que superen los 48.841 euros.
La principal crítica de las organizaciones es el largo periodo de transición de nueve años y las tasas de los primeros años
Aunque la propuesta ha suscitado las críticas de las principales organizaciones del sector -ATA y UPTA, especialmente molestas por haberse enterado por la prensa- lo cierto es que, con los datos de la Agencia Tributaria en la mano, la mayoría de autónomos de la Comunidad Valenciana pagaría menos si el nuevo sistema ve la luz. Así, el primer año de aplicación, en 2023, hasta el 69% de los profesionales por cuenta propia de la autonomía -todos los que declaran unos rendimientos inferiores a los 22.000 euros anuales- tendrían una cuota inferior a los 286 euros en que está fijada la base mínima actual. En concreto, quienes declaren menos de 3.000 euros anuales, pagarían 200 euros mensuales, cantidad que se incrementaría hasta los 275 para los que declaren entre 17.000 y 22.000 euros.
El nuevo sistema pretende ajustar los pagos a la Seguridad Social al nivel de ingresos reales de los trabajadores
A partir de ese nivel, la cuota sí sería más cara que la actual, hasta llegar a los 400 euros para los afortunados que ingresen más de 48.841 euros.
Eso por lo que respecta al primer año. Luego las cantidades se ajustan progresivamente -bajan paulatinamente hasta los 90 euros para los que menos ganan y suben hasta los ya mencionados 1.220 euros para aquellos con mayores rentas-, pero, aún así, la mayoría también seguirá pagando menos que ahora al final del proceso.
ATA y UPTA, sin embargo, insisten en que la propuesta está mal diseñada y afean que los medios de comunicación conocieran el documento antes que los interlocutores sociales. El presidente de la primera de ellas, Lorenzo Amor, recalcó ayer que el planteamiento no tendrá el apoyo ni de la patronal CEOE ni de su organización, y puso como ejemplo de este mal diseño que la cuota de un trabajador con 49.000 euros de ingresos duplique a la de alguien que gane 37.000, lo que no cumpliría el objetivo de progresividad.
Por su parte, el secretario general de UPTA PV, Javier Pastor, cree que las cuotas finales resultantes encajan bastante con sus planteamientos, ya que considera que la de 90 euros permitirá aflorar una parte de la economía que ahora se desarrolla de forma sumergida, y que la escala resulta redistributiva de la riqueza. En este caso, su principal lamento son los nueve años de transición que considera desproporcionados, y las cuotas que habrá durante ese tiempo y que harán, por ejemplo, que a alguien con 3.000 euros de ingresos que deba pagar 200 al mes por su cotización, al final, solo le quedarán 600 euros. «Así no se logra ese objetivo de incentivar que la gente se regularice», insistió Pastor.
En cualquier caso, cabe recordar que ahora mismo esos mismos profesionales que ganan 3.000 euros deben pagar 286 al mes si se dan de alta. También piden que se aclare si seguirá la tarifa plana de 50 euros durante el primer año para quienes empiecen su negocio.
