El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha planteado a los sindicatos su primera propuesta para atajar el abuso de la temporalidad existente en la Administración. Su planteamiento es que, para evitar el estancamiento de la eventualidad, cualquier interino que entre en la Administración y acumule más de tres años en una misma plaza sea cesado automáticamente al exceder ese plazo. Así consta en un borrador al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya y que ha generado malestar entre las centrales. Esta primera propuesta excluye a los eventuales que ya estén ocupando una plaza en estos momentos y no incluye ningún derecho a indemnización para los hipotéticos futuros cesados. El Ministerio, a preguntas de este medio, no ha querido realizar comentarios sobre este primer borrador.
En España hay actualmente, según los últimos datos del INE, un total de 1,03 millones de trabajadores del sector público con un contrato temporal. Son el 30,4% del total de asalariados del sector público. El Gobierno ha prometido a Bruselas que parte de las reformas que acometerá en los próximos años y que acompañarán el despliegue de los fondos europeos irán destinadas a atajar esa elevada temporalidad. Una práctica ya condenada por instancias europeas y calificada de abuso. Su primer movimiento está enfocado a no generar nuevos interinajes que acaben en abuso
Las negociaciones con las centrales ya han empezado, siguiendo el plazo que el propio Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se marcó: la última semana de mayo. La primera carta está en el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Iceta plantea reformularlo para obligar a las administraciones a cumplir con las ofertas públicas de empleo. Y, "de no cumplirse lo anterior, transcurridos tres años desde el nombramiento se producirá el cese del funcionario interino, sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año", según reza el primer borrador al que ha tenido acceso este medio.
Responsabilizar al organismo
Iceta lo que plantea a los sindicatos (y luego deberá debatir también con las comunidades autónomas) es cortar la continuidad de las nuevas carreras de interinidad y evitar que una persona entre como eventual y se perpetúe en el puesto. Y, a su vez, que una vez superados esos tres años, esa misma persona u otra que viniera a desempeñar las mismas funciones volviera a ocupar esa misma plaza. Pues ello ha sido avalado por el TJUE como una prueba de abuso de la temporalidad.
De ahí ese año de vacante 'forzada', que servirá, a su vez, de penalización para las administraciones implicadas (y especialmente para sus plantillas). Pues durante ese plazo deberán repartir la carga de trabajo que antes cubría ese interino entre las plantillas existentes. Las que actualmente tienen las cotas de interinidad más elevadas son las comunidades autónomas, responsables de servicios como la sanidad o la enseñanza. Según cálculos del Ejecutivo, el 36,7% de los empleados públicos que trabajan para las autonomías son temporales. En el caso de las universidades, este porcentaje se eleva hasta el 44,7%.
El primer borrador de reforma diseñado desde el departamento de Iceta también responsabiliza directamente a "los titulares de los órganos de personal" encargados de los procesos de selección de cualquier abuso de la eventualidad que se produjera en su departamento. Si no convocan las ofertas de empleo públicas a tiempo y velan porque estas se llenen con candidatos aptos, les podrán exigir "responsabilidades" por cualquier "actuación irregular"; según el texto. Que, no obstante, no concreta que tipo de responsabilidades y consecuencias serían.
Esta reforma que también busca cubrirse ante potenciales futuras denuncias por parte de interinos que acaben en abuso. En Catalunya, y a falta de celebrarse el juicio, dos altas dirigentes de la Generalitat ya están siendo investigadas por prevaricación administrativa tras ser denunciadas por la Plataforma d'Interines de Catalunya (PIC).
Sin indemnización
Eliminar los altos porcentajes de interinos requerirá también soluciones para parte de ese millón de eventuales que lleven años ocupando la misma plaza sin oposición mediante. El primer paso, según el plan de Iceta, es no generar más interinos. Para ello, con una mano pretende acelerar los procesos de oferta pública de empleo. La semana pasada ya prometió acelerar, convocar y asegurarse que se llenan un total de 300.000 plazas actualmente cubiertas por interinos. Son la suma de las diferentes ofertas públicas de empleo entre 2017 y el 2023. Como muestra, de las 218.671 plazas ya autorizadas desde el 2017, de las cuales solo 56.236 plazas ya han sido cubiertas; según los datos remitidos por el Gobierno a Bruselas.
¿Qué pasará con esos interinos, cuando al cumplir tres años y un día sean cesados? El borrador redactado por el Ministerio que dirige Iceta, de momento, no contempla indemnización alguna para estos interinos.El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha planteado a los sindicatos su primera propuesta para atajar el abuso de la temporalidad existente en la Administración. Su planteamiento es que, para evitar el estancamiento de la eventualidad, cualquier interino que entre en la Administración y acumule más de tres años en una misma plaza sea cesado automáticamente al exceder ese plazo. Así consta en un borrador al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que ha generado malestar entre las centrales. Esta primera propuesta excluye a los eventuales que ya estén ocupando una plaza en estos momentos y no incluye ningún derecho a indemnización para los hipotéticos futuros cesados. El Ministerio, a preguntas de este medio, no ha querido realizar comentarios sobre este primer borrador.
En España hay actualmente, según los últimos datos del INE, un total de 1,03 millones de trabajadores del sector público con un contrato temporal. Son el 30,4% del total de asalariados del sector público. El Gobierno ha prometido a Bruselas que parte de las reformas que acometerá en los próximos años y que acompañarán el despliegue de los fondos europeos irán destinadas a atajar esa elevada temporalidad. Una práctica ya condenada por instancias europeas y calificada de abuso. Su primer movimiento está enfocado a no generar nuevos interinajes que acaben en abuso.
Las negociaciones con las centrales ya han empezado, siguiendo el plazo que el propio Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se marcó: la última semana de mayo. La primera carta está en el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Iceta plantea reformularlo para obligar a las administraciones a cumplir con las ofertas públicas de empleo. Y, "de no cumplirse lo anterior, transcurridos tres años desde el nombramiento se producirá el cese del funcionario interino, sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año", según reza el primer borrador al que ha tenido acceso este medio.
Responsabilizar al organismo
Iceta lo que plantea a los sindicatos (y luego deberá debatir también con las comunidades autónomas) es cortar la continuidad de las nuevas carreras de interinidad y evitar que una persona entre como eventual y se perpetúe en el puesto. Y, a su vez, que una vez superados esos tres años, esa misma persona u otra que viniera a desempeñar las mismas funciones volviera a ocupar esa misma plaza. Pues ello ha sido avalado por el TJUE como una prueba de abuso de la temporalidad.
De ahí ese año de vacante 'forzada', que servirá, a su vez, de penalización para las administraciones implicadas (y especialmente para sus plantillas). Pues durante ese plazo deberán repartir la carga de trabajo que antes cubría ese interino entre las plantillas existentes. Las que actualmente tienen las cotas de interinidad más elevadas son las comunidades autónomas, responsables de servicios como la sanidad o la enseñanza. Según cálculos del Ejecutivo, el 36,7% de los empleados públicos que trabajan para las autonomías son temporales. En el caso de las universidades, este porcentaje se eleva hasta el 44,7%.
El primer borrador de reforma diseñado desde el departamento de Iceta también responsabiliza directamente a "los titulares de los órganos de personal" encargados de los procesos de selección de cualquier abuso de la eventualidad que se produjera en su departamento. Si no convocan las ofertas de empleo públicas a tiempo y velan porque estas se llenen con candidatos aptos, les podrán exigir "responsabilidades" por cualquier "actuación irregular"; según el texto. Que, no obstante, no concreta que tipo de responsabilidades y consecuencias serían.
Esta reforma que también busca cubrirse ante potenciales futuras denuncias por parte de interinos que acaben en abuso. En Catalunya, y a falta de celebrarse el juicio, dos altas dirigentes de la Generalitat ya están siendo investigadas por prevaricación administrativa tras ser denunciadas por la Plataforma d'Interines de Catalunya (PIC).
Sin indemnización
Eliminar los altos porcentajes de interinos requerirá también soluciones para parte de ese millón de eventuales que lleven años ocupando la misma plaza sin oposición mediante. El primer paso, según el plan de Iceta, es no generar más interinos. Para ello, con una mano pretende acelerar los procesos de oferta pública de empleo. La semana pasada ya prometió acelerar, convocar y asegurarse que se llenan un total de 300.000 plazas actualmente cubiertas por interinos. Son la suma de las diferentes ofertas públicas de empleo entre 2017 y el 2023. Como muestra, de las 218.671 plazas ya autorizadas desde el 2017, de las cuales solo 56.236 plazas ya han sido cubiertas; según los datos remitidos por el Gobierno a Bruselas.
¿Qué pasará con esos interinos, cuando al cumplir tres años y un día sean cesados? El borrador redactado por el Ministerio que dirige Iceta, de momento, no contempla indemnización alguna para estos interinos.
