Procesos de selección más cortos en el tiempo y con menos pruebas, menos memorísticos y con posibilidad de examinarse sin tener que ir a Madrid. Así pretende el Gobierno que sean las oposiciones en la Administración General del Estado (AGE) a partir del 2025, según ha expuesto este miércoles el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. Unas modificaciones que, de momento, tienen el rango de recomendaciones y que no afectarán a los procesos ya en curso, ni condicionarán directamente los procesos de selección de perfiles dependientes de las comunidades autónomas, como los maestros o los sanitarios.
Otra reforma algo más inmediata y que está previsto que entre en vigor en el 2022 es un nuevo calendario de oposiciones: la Administración estatal se compromete a publicar en enero de cada año una recopilación de todos los concursos de la AGE que saldrán a lo largo de ese ejercicio. Y así los futuros opositores podrán consultar cuántas plazas saldrán ese año, cuáles serán de nuevo ingreso, cuáles de promoción y cuáles para la estabilización de interinos, y planificar en consecuencia sus exámenes.
Este manifiesto de reformas que ha presentado este miércoles Iceta está pensado para la nueva generación de empleados públicos que deberá empezar a relevar a la envejecida plantilla de la administración estatal. Es decir, los funcionarios del SEPE, de la Tesorería General de la Seguridad Social, los inspectores de Hacienda y los diferentes cuerpos y estamentos que sostiene actualmente la Administración General del Estado.
Revolución opositora
Las líneas maestras de la reforma que ha presentado este miércoles Iceta para reformular los procesos de selección en la Administración central están sintetizadas en un documento de 50 páginas, fruto de seis meses de trabajo con 100 profesionales consultados. Una vez presentado, Iceta deberá coordinar y consensuar con el resto de ministerios el detalle de esos cambios para definir las oposiciones de la nueva generación de empleados públicos. Pues en los próximos 10 años está previsto que la mitad de la actual plantilla de la AGE esté en edad de jubilarse y el relevo generacional se acelerará en los próximos años.
La declaración de intenciones de Iceta busca sacudir el modelo de oposiciones actuales. Una de las primeras teclas que quiere tocar es la reducción del tiempo que pasa entre que se oferta una plaza pública, la administración de rigor la convoca, se celebra la oposición y la persona que se saca la plaza acaba finalmente ocupándola. Algo no menor que ahora mismo puede tardar años. Iceta apuesta por acelerar especialmente el último tramo y que el tiempo que pase entre que la persona se examina e ingresa en dicha plaza sea de unos seis meses, no un año como ocurre actualmente en muchos casos.
Ello pasará también por la reducción del número de pruebas en determinados supuestos. Actualmente gran parte de los procesos de selección consisten en tres pruebas e Iceta aboga por reducir ese número a dos. El documento también recomienda descentralizar los procesos y que los opositores de toda España no tengan que ir obligatoriamente a Madrid para cursar sus pruebas. Es por ello que Iceta habilitar 19 puntos de examen en todo el país. Además, con el fin de reducir esos tiempos, las pruebas de idiomas se podrán sustituir por los certificados europeos homologados; aunque en cuerpos determinados (como, por ejemplo, los diplomáticos) tendrán que seguir acreditando el nivel mediante una prueba específica.
El documento expuesto este miércoles por el ministro también plantea que los mecanismos de acceso sean “más sensibles” a la categoría de cada cuerpo. Es decir, que los exámenes de un trabajador del SEPE se diferencien más a, por ejemplo, los de un opositor a Inspector de Hacienda. A la vez que pretende potenciar la dimensión de las competencias y las aptitudes, en detrimento de la memorística.
Negociación pendiente
¿Cómo bajará esa declaración de intenciones al detalle? Eso es algo que dependerá del trabajo conjunto con el resto de ministerios, aunque Iceta se ha comprometido a que el documento conjunto esté cerrado antes de acabar el año. Y además de negociar con sus colegas de Gobierno, Iceta también deberá discutir esta reforma con los sindicatos con representación mayoritaria (CSIF, UGT y CCOO) entre los empleados de la función pública.
Hay muchas cuestiones pendientes de debate. Por ejemplo, Iceta ha sostenido que los salarios en determinados cuerpos de la Administración son excesivamente bajos y que ello provoca que los potenciales candidatos opten por el sector privado, donde cobran más y el proceso de selección es mucho más breve. “En los cuerpos de mayor especialización me gustaría hacer mayores esfuerzos”, ha afirmado. No obstante, también es consciente de que este elemento es competencia de Hacienda, que marca la disponibilidad de caja para subir salarios.
