El Gobierno ha celebrado este jueves la decisión de la Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) de suspender durante seis meses la posible aplicación de nuevos aranceles de hasta el 25% al calzado español, a la espera de las negociaciones que se desarrollan en la OCDE sobre un acuerdo global para gravar a las multinacionales.
En este sentido, la ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha mostrado confiada en que la suspensión resulte definitiva, puesto que en la visita que hizo la semana pasada a la OCDE para interesarse por el estado de las negociaciones, "pudo comprobar de primera mano la buena marcha de las mismas", según han apuntado hoy desde el ministerio.
Para Reyes Maroto, el anuncio de la inmediata suspensión constata que "Estados Unidos mantiene su compromiso de alcanzar un consenso sobre cuestiones fiscales internacionales a través de los procesos de la OCDE, compromiso que desde el Gobierno español también compartimos".
Igualmente, el Ejecutivo destaca que la USTR, tras la investigació y el proceso de audiencias realizado, ha optado por dejar fuera de la posible imposición de aranceles nueve de las 36 partidas iniciales, entre ellas tres relativas al calzado de piel, con lo que, en caso de que finalmente no se llegue a un acuerdo, el impacto de los aranceles será menor. En el caso del calzado, por ejemplo, calcula que el nuevo gravamen afectaría a partidas que sumaron 148 millones en 2019 y 95 millones en 2020.
Desde el Ministerio insisten en que "España y Estados Unidos están trabajando intensamente en el seno de la OCDE para lograr un acuerdo sobre una arquitectura fiscal global que grave de forma justa las ganancias relacionadas con la propiedad intelectual (IP) y la digital".
Además, desde el ministerio recuerdan que el propio reglamento de la Tasa Google ya prevé su carácter temporal, hasta que exista un acuerdo a nivel internacional sobre la materia.
Por su parte, desde la Federación de Industriales del Calzado (FICE), donde no ocultan su alivio por la decisión, han insistido en que se eviten tomar decisiones "unilaterales", por lo que han reiterado su propuesta de que "se difiera el momento de la liquidación del impuesto a alcanzar un acuerdo en la OCDE y que se pongan todas las medidas necesarias para que ese acuerdo se pueda alcanzar en el verano como se ha previsto".
Como se recordará, la amenaza de la imposición de nuevos aranceles al calzado (ahora ya paga alrededor de un 10%) surgió cuando la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos decidió iniciar una investigación contra varios países que anunciaron la creación de nuevos impuestos para gravar la actividad de las multinacionales tecnológicas. A juicio de este organismo, estos impuestos están dirigidos injustamente hacia compañías digitales estadounidenses y estarían causando daños a la economía de los Estados Unidos, por lo que recomendaba imponer aranceles adicionales a determinados bienes procedentes de estos países.
En el caso del calzado, la propuesta era elevar en 25% la tasa actual, con lo que, en la práctica, los productos españoles quedarían fuera del mercado, lo que amenazaba a numerosas firmas del sector en la provincia -sobre todo de la zona de Elda- que trabajan mayoritariamente en este mercado. La USTR ha concluido que deben imponerse esos aranceles, pero ha optado por retrasar su aplicación 180 días a la espera de que haya un acuerdo global en la OCDE.
