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El muro de pedir ayuda al SEPE sin ordenador

El nivel de estudios, la edad o los ingresos son determinantes para agravar la brecha digital

Personas en la puerta de una oficina del SEPE. |

Personas en la puerta de una oficina del SEPE. | Alberto Ortega / EP

La pandemia ha puesto de manifiesto las estrecheces del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Tramitar los expedientes de regulación de empleo temporal fue el primer reto, seguido de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En ambos casos, la necesidad se dio de bruces contra la falta de personal, la falta de tiempo y un sistema tecnológico anticuado. El resultado fue el caos administrativo y el colapso de gestiones que dejaron a muchas familias sin percibir su prestación a tiempo.

Por si fuera poco, las oficinas de empleo tuvieron que hacer frente en marzo a un hackeo que las paralizó por completo. El ciberataque a gran escala de ransomware (software malicioso que exige un rescate para restablecer la actividad) comprometió en su totalidad la red informática de la institución, que tardó días en recuperar la normalidad. De nuevo, miles de ciudadanos sufrieron las consecuencias.

En un contexto en el que conviven la emergencia social y la aceleración de la digitalización, la renovación tecnológica del SEPE «para su modernización y eficiencia» aparece en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Más concretamente en el componente 23, que integra las medidas orientadas al mercado laboral. Con una dotación de 170 millones de euros y plazo hasta 2023, plantea mejorar la gestión interna, digitalizar los servicios públicos a ciudadanía y empresas, incorporar la gestión del dato, reforzar la lucha contra el fraude y actualizar los puestos de trabajo. Además, incluye un epígrafe específico sobre la «Transformación y digitalización del modelo de atención al ciudadano».

El Gobierno central quiere hacer frente a los desafíos estructurales destapados por el covid optimizando su organización y sus procesos. «La revolución digital que vivimos se asocia a nuevas oportunidades, servicios, nuevas maneras de interactuar con el entorno, y esto incluye a la Administración Pública. En general, son aspectos positivos. Pero como en toda transformación, hay colectivos que si no se trabaja con ellos y para ellos, el riesgo de que se queden atrás existe y es real», advierte Carlos Casanova, socio responsable de Empleo y Educación en Everis.

Porque si bien la modernización del SEPE es esencial para garantizar la protección social y movilizar las políticas activas de empleo, derivar todas las gestiones al ámbito telemático puede agrandar una problemática que ya denunciaba en julio Sira Vilardell, vicepresidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, con relación al IMV: «Cerca de la mitad de las familias en riesgo social o no tienen ordenador o no pueden conectarse a Internet. Para muchos fue imposible hacer la gestión».

Esta situación es la llamada brecha digital, entendida como la diferencia en el acceso y conocimientos de uso de las nuevas tecnologías, y asociada normalmente a factores socioeconómicos, aunque también influye que en España todavía existan más de 26.000 poblaciones sin conexión, según datos de 2020 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. «A raíz de la pandemia, las personas mayores o las zonas rurales se han visto afectadas, pero también hay mucha gente joven que, por diferentes circunstancias, no está capacitada para aprovechar la tecnología al máximo», explica Ángel Sola, director de Programas Internacionales de la Fundación Cibervoluntarios.

Competencias digitales

Según el índice DESI (Digital Economy and Society Index) de la Comisión Europea, España cojea en relación a los vecinos europeos cuando se analiza el capital humano, que entre otros aspectos incluye las competencias digitales de la población. El nivel de estudios, la edad, los ingresos y la relación con la ocupación son los principales determinantes, «tanto de la ‘debilidad’ o ‘vulnerabilidad’ digital (tener habilidades básicas o no tener habilidades digitales), como de la frecuencia de uso de internet (hacer un uso no diario de la red)», define el director de Economía y Finanzas de la Fundación Cotec para la innovación, Aleix Pons.

Para evitar que las competencias digitales establezcan un muro infranqueable entre determinados segmentos de la población y los servicios públicos, la Fundación Cibervoluntarios recuerda que la transformación digital «tiene que ir ligada al impacto social». Es decir, hay que «saber usar las herramientas tecnológicas».

Coincide Cotec en que la formación es «una condición necesaria» y reclama «una apuesta clara por programas formativos públicos dirigidos a colectivos vulnerables». Sin embargo, Pons incide en que la formación debe ir acompañada de un esfuerzo de las Administraciones por ser accesibles y usables: «Esta sería la primera barrera que solventar, ya que no siempre se cumple». Además, aboga por un sistema de apoyo y ayuda para realizar trámites, «con personal preparado y conocedor del colectivo al que va a asistir».

La adquisición de competencias digitales también ocupa un lugar en el Plan de Recuperación. Y muy destacado. Quizás porque, como resume Carlos Casanova, de Everis, el papel de las Administraciones Públicas «es clave para que la brecha digital no exista, o al menos sea la menor posible».

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