La ya conocida como Ley Rider, fue debatida y aprobada en el Congreso de los Diputados ayer, aunque Vox ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva norma. No obstante, la regulación fue concebida con un periodo de transición inicial y entrará en vigor el 12 de agosto. El partido de ultraderecha considera que esta ley, que ha sido llevada a la Cámara como real decreto ley, no reúne los requisitos de urgencia para esa tramitación y que el Gobierno está vulnerando el derecho al debate político sobre la misma. Así lo anunció el diputado de la formación Juan José Aizcorbe, durante su turno de palabra.
La votación de la nueva Ley Rider consiguió más votos favorables que contrarios y el real decreto del Ejecutivo fue convalidado. A favor del decreto ley votaron el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias votaron en contra, mientras que el BNG se abstuvo. No obstante, los diputados también votaron mayoritariamente a que éste se tramite como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que implica que próximamente los grupos parlamentarios podrán plantear enmiendas que modifiquen el primer texto pactado entre Trabajo, patronal y sindicatos.
La sesión tuvo lugar en una cámara medio vacía y con broncos momentos durante la sesión parlamentaria. Mientras los diputados debatían, un grupo de repartidores afines a las grandes plataformas se manifestó a las puertas del Congreso contra una norma que entrará en vigor el próximo 12 de agosto y que obligará a firmas como Glovo, Deliveroo o UberEats a contratar o subcontratar a sus repartidores. La protesta en la calle contó con la participación del sindicato de Vox, Solidaridad, que se ha sumado en las últimas semanas y está intentando capitalizar el descontento entre parte del colectivo con la nueva norma.
La ley básicamente introduce dos novedades normativas. Por un lado, explicita en el Estatuto de los Trabajadores que los repartidores de las plataformas digitales son asalariados, tal como ya ha dicho el Tribunal Supremo y múltiples tribunales menores. «¿Quiere usted decir que no tenemos que acatar la sentencia del Tribunal Supremo?», le replicó la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, al representante de Vox tras este manifestar su posición contraria a la norma.
La otra novedad es la obligación de todas las empresas a explicar las implicaciones laborales de sus algoritmos en el día a día de los trabajadores. «Las personas tienen derecho a saber quién toma las decisiones que les afectan aunque el jefe se esconda tras un algoritmo», justificó Díaz. Este componente también entrará en vigor el próximo 12 de agosto.
