El coste final del rescate de la CAM dependerá de un arbitraje. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Sabadell han decidido recurrir a este procedimiento para dirimir las discrepancias que mantienen sobre algunas de las cláusulas que rigen el Esquema de Protección de Activos (EPA) que se concedió a la entidad para ayudarle a digerir el ladrillo tóxico de la desaparecida caja de ahorros alicantina. Unas diferencias que, eso sí, no variarán excesivamente el resultado, puesto que el fondo ya ha desembolsado la mayor parte del dinero previsto y el plazo de vigencia de este mecanismo expira el próximo mes, cuando se cumplen diez años de la intervención de la CAM.
En cualquier caso, cabe señalar que las discrepancias del organismo presidido por la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, también se extienden al EPA de Unnim, por lo que se ha iniciado un procedimiento similar con BBVA.
Es el propio Fondo de Garantía el que desvela la petición de ese arbitraje en el informe anual, que aprobó su comisión gestora la semana pasada. En el documento apunta, literalmente, que «ha iniciado conjuntamente con la entidad beneficiaria dos arbitrajes, para dirimir la interpretación de determinadas cláusulas del Protocolo, cuyos dictámenes podrían afectar tanto a la pérdida total del EPA como al pago a desembolsar por el FGD».
Ni el fondo ni el Sabadell quisieron realizar ayer comentarios al respecto y se remitieron al informe, sin querer cuantificar esta diferencia.
Tras la inyección inicial de 5.249 millones de euros para recapitalizar la entidad, el FGD concedió al Sabadell un esquema de protección sobre una cartera inicial de 24.644 millones de activos problemáticos de la antigua caja alicantina, conformada sobre todo por inmuebles adjudicados y préstamos a promotores. De acuerdo con las condiciones estipuladas entonces, una vez agotadas las provisiones que tenía constituidas la CAM, de 3.882 millones, el fondo se haría cargo del 80% de las pérdidas que se derivasen de la venta o transformación de estos activos, y el banco asumiría el 20% restante.
Sin embargo, en 2018 se firmó un «acuerdo de clarificación» que fijó un máximo para la cantidad que tendría que pagar en total el fondo por este mecanismo y que se estipuló en 7.386 millones de euros. Un pacto que se firmó para que el organismo accediera a autorizar la venta en grandes carteras que realizó el Sabadell de esos activos a fondos de inversión para acelerar su salida.
Hasta la fecha el FGD ya ha abonado 7.144 millones por este sistema de protección, incluidos los 1.520 que pagó en febrero por la factura del año pasado, por lo que en teoría el máximo que quedaría por desembolsar, si es que hay más pérdidas, sería de 242 millones. Un pago con el que cumpliría el próximo otoño, con la liquidación final del sistema.
El propio FGD calcula que, sin el acuerdo, el importe que debería pagar ascendería 7.453 millones de euros -unos 67 millones más de lo fijado-, según los cálculos que cada año realiza un experto independiente sobre las pérdidas esperadas en la cartera. En cualquier caso, todo dependerá de las pérdidas que finalmente se materialicen y de lo que ahora determine el procedimiento arbitral sobre las cláusulas en las que hay discrepancias.
