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Los promotores exigen la reactivación de la VPO para atender a las rentas medias

La patronal Provia denuncia que algunos expedientes se demoran hasta un año y medio y reclama al Consell una agilización de las autorizaciones

Un edificio en construcción en la ciudad de Alicante.  | PILAR CORTÉS

Un edificio en construcción en la ciudad de Alicante. | PILAR CORTÉS

Demasiado ricos para acceder a las viviendas sociales, pero demasiado pobres para comprar una casa en el mercado libre. Los promotores alicantinos alertaron ayer de las dificultades con las que se están encontrando las rentas medias para acceder a la vivienda y reclamaron al Consell mayores facilidades para promover VPO. Una figura que durante décadas supuso la puerta de entrada a la vivienda en propiedad para miles de parejas jóvenes, pero que en la actualidad tiene un uso casi residual debido, entre otras cosas, a que los rangos de precios que establece la normativa y la demora en la tramitación de algunos expedientes hace que sean una opción muy poco atractiva para los empresarios.

Así lo puso de manifiesto ayer el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Pedro Javier Soliveres, durante la asamblea general que la organización celebró de forma telemática y a la que también asistió el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau.

De esta forma, por un lado, los promotores quieren que la Generalitat convierta en definitiva la orden que ahora se renueva anualmente y que permite superar en determinados proyectos los precios máximos que se fijan para el conjunto de VPO. Una vía que debería ser la excepción, pero que, en realidad, es la que utilizan la mayoría de promociones privadas que se destinan a esta finalidad, «ya que los límites actuales hacen inviable que la VPO pueda ser rentable en muchas ubicaciones en condiciones generales», según apuntó ayer el secretario general de Provia, Jesualdo Ros, tras la asamblea.

El problema es que para aplicar este régimen hay que justificarlo y recibir autorización, y los trámites se prolongan. «Tenemos expedientes que llevan un año y medio esperando la autorización de la Dirección de Vivienda para poder ejecutarse», denunció ayer el presidente de los promotores alicantinos, que reclamó al vicepresidente del Consell la agilización de este procedimiento.

Por su parte, Martínez Dalmau restó importancia al problema y señaló que estos plazos prolongados sólo se dan en las VPO que reclaman esa declaración de excepcionalidad para subir precios, y que en la actualidad apenas hay tres expedientes de este tipo en tramitación. En el resto, el vicepresidente aseguró que están al día y se conceden «automáticamente».

Sin embargo, según los empresarios ese bajo número de proyectos es, precisamente, la consecuencia de la demora que se registra, que lleva a que la mayoría de promotores ni siquiera se plantee construir este tipo de viviendas. Además, insisten en que, fuera de este régimen de excepcionalidad, prácticamente los únicos que están promoviendo VPO son empresas municipales.

Ante esta situación, desde Provia plantearon ayer la opción de crear una mesa de trabajo conjunta con la Generalitat para buscar soluciones que faciliten el acceso a la vivienda a las rentas medias y que, a su juicio, pasan por impulsar de nuevo la VPO. «No pedimos ningún tipo de ayuda, sólo que se permitan unos precios adecuados y que se agilicen los trámites», insistió el secretario general de la asociación.

Mientras, Martínez Dalmau se comprometió a agilizar estos trámites y recordó que ya ha encargado un estudio para actualizar los precios de VPO y ajustarlos más a la realidad actual. Un ajuste que confió en que haga más atractivos estos proyectos para la iniciativa privada.

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