El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha puesto sobre la mesa de negociación con los sindicatos el establecimiento de una indemnización de 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades, para los funcionarios interinos contratados a partir de ahora que sean despedidos después de haber permanecido en situación de temporalidad durante un periodo superior a tres años en cualquiera de las administraciones públicas.
El derecho a la indemnización "nacerá a partir de la fecha del cese efectivo" y la cuantía de la compensación será equivalente a 33 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades", según el texto de la propuesta, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio.
Sin carácter retroactivo
La propuesta, sin embargo, no tendría carácter retroactivo, para ninguno de los alrededor de 300.000 interinos que actualmente se encuentran en fraude de ley en el conjunto de las administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales) por acumular más de tres años en esta situación.
La iniciativa del ministro Iceta para reformar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público y atajar el abuso de la temporalidad existente en la Administración incluye que cualquier nuevo interino que entre en la Administración y acumule más de tres años en una misma plaza sea cesado automáticamente al exceder ese plazo. Además, para 'castigar' a la administración incumplidora, esa plaza quedaría sin cubrir durante un año.
Desde el punto de vista de los negociadores sindicales, lo más importante en este momento es buscar una solución para los alrededor de 300.000 interinos que en este momento se encuentran en fraude de ley. Política Territorial y Función Pública ofrece otorgar a este colectivo que la experiencia cuente el 40% en los procesos selectivos, como vía para ofrecerles un 'plus' que favorezca su integración en el sector público de forma estable.
Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno se ha comprometido ante la Comisión Europea a aprobar antes de que finalice el primer trimestre del año (el 30 de junio, la semana próxima) un real decreto "con la estipulación de medidas para reducir la contratación temporal en el empleo público y disposiciones efectivas para prevenir y sancionar los abusos, incluida la obligación de publicar todas las convocatorias de procedimientos de estabilización del personal temporal antes del 31 de diciembre de 2022". Así figura en el documento aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio. La ejecución de todos los procesos deba finalizar antes de 31 de diciembre de 2024, según el compromiso asumido con Bruselas.
