La Sindicatura de Comptes ha elaborado un informe especial de auditoría sobre las ayudas otorgadas por la Generalitat a personas con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia del covid. Del estudio se desprende que el Consell concedió ayudas a 199.503 personas, a razón de 150 euros cada una.
Lo que se critica en el informe es que si bien la respuesta de apoyo al colectivo afectado por la pandemia fue rápida al tratarse de ayudas urgentes, su tramitación no lo ha sido. En la normativa se establecía un plazo para la resolución de tres meses que, según la sindicatura, no se ha cumplido, No obstante, también reconoce que al finalizar el ejercicio de 2020 se habían resuelto y pagado el 98,7% de los 30 millones de euros destinados a tal efecto.
La propia sindicatura realiza una serie de recomendaciones para que se tengan en cuenta en posteriores convocatorias de ayudas y se agilice la gestión de las mismas al mismo tiempo que se garantice el control.
Así, de ahora en adelante se tendrían que elaborar y aprobar procedimientos detallados de gestión de las subvenciones en que se concrete la manera de comprobar y aplicar los requisitos establecidos por la normativa que regula la tramitación, y que también en dicha tramitación de subvenciones masivas en que se utilicen datos de otros entes públicos se validen los ficheros de información utilizados.
