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La Sindicatura de Comptes reprocha al Consell el retraso en las ayudas a afectados por ERTE

Un informe de la institución concluye que se superaron los tres meses establecidos para la concesión de los 150 euros a las personas con rentas más bajas - El número de beneficiarios asciende a 199.503

Un restaurante cerrado en Benidorm por las restricciones, en una imagen de archivo. | DAVID REVENGA

La Sindicatura de Comptes le ha reprochado a la Generalitat el retraso en la concesión de las ayudas a los afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) con rentas más bajas en la Comunidad Valenciana. En una auditoría, la institución resalta que se superaron los tres meses establecidos por la normativa para conceder los 150 euros habilitados para cada persona. El informe, no obstante, también reconoce que, al finalizar el ejercicio de 2020, se habían resuelto y abonado el 98,7% de los 30 millones de euros destinados a tal efecto, y que los beneficiarios ascendían a 199.503

La Sindicatura de Comptes ha elaborado un informe especial de auditoría de las ayudas otorgadas por la Generalitat a personas con rentas bajas afectadas por un ERTE como consecuencia del covid. Dichas ayudas forman parte de las medidas urgentes adoptadas por el Consell para reducir los efectos negativos de la declaración del estado de alarma debido a la pandemia.

Los beneficiarios máximos de estas ayudas iban a ser 200.000, y cada uno de ellos recibiría 150 euros con un límite global de 30 millones, teniendo prioridad los trabajadores cuyas bases de cotización fuesen inferiores. En este sentido, hasta el 31 de enero de 2021 se concedieron ayudas a 199.503 personas.

Hay que reseñar, en este sentido, que la Conselleria de Economía tramitó entre el 1 de marzo y el 1 de diciembre de 2020 un total de 70.508 ERTE de toda clase que afectaron a 481.615 trabajadores, y que, de estos, 64.809 se solicitaron en el periodo cubierto por el decreto de ayudas, entre el 14 de marzo y el 30 de abril, afectando a 398.648 empleados.

Según se hace constar en el mismo informe, la crisis sanitaria, social y económica provocada por la epidemia de coronavirus propició que las administraciones públicas pusiesen el foco en reducir sus efectos negativos. En este sentido, la Generalitat nunca había procesado unas ayudas tan masivas en un plazo de tiempo inicialmente previsto muy corto y sin fiscalización previa. Esa circunstancia comportaba un riesgo muy importante que la Sindicatura consideró necesario atender y, por ello, se acordó desde esta institución realizar una auditoría a este respecto.

Así las cosas, la principal conclusión que se ha obtenido es que, aunque la respuesta de apoyo al colectivo afectado por la pandemia fue rápida al tratarse de ayudas urgentes, hasta el punto que el decreto se publicó el 30 de abril de 2020, su tramitación no lo ha sido. En la misma normativa se establecía un plazo para la resolución de tres meses, con fecha límite en el 30 de julio de ese año, y este, asegura la Sindicatura, no se ha cumplido. No obstante, también se hace constar que, al finalizar el ejercicio de 2020, se habían resuelto y pagado el 98,7% de los 30 millones de euros destinados a tal efecto.

Como resultado del trabajo realizado, la Sindicatura de Comptes efectúa una serie de recomendaciones para que se tengan en cuenta en posteriores convocatorias de ayudas y se agilice la gestión, al mismo tiempo que se garantiza el control.

Así, y de ahora en adelante, la institución plantea la necesidad de elaborar y aprobar procedimientos detallados de gestión de las subvenciones en los que se concrete la manera de comprobar y aplicar los requisitos establecidos por la normativa que regula la tramitación. También recomienda que toda la información recogida en los expedientes administrativos se almacene en las bases de datos estructuradas de las aplicaciones utilizadas para la gestión de estos expedientes, para que se pueda utilizar en otros procedimientos relacionados, con las debidas medidas de protección de los datos personales. Por último, se plantea que en la tramitación de subvenciones masivas en que se utilizan bases de datos de otros entes públicos, como es el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se validen los ficheros de información utilizados, y se verifique también la integridad de manera previa al uso.

Limitaciones

Todo ello viene a cuenta de las limitaciones que ha encontrado la Sindicatura a la hora de verificar la integridad y exactitud de las bases de datos facilitadas por el SEPE, y al hecho de que tampoco haya dispuesto de información completa de estas bases o de las incoherencias en estos mismos datos respecto a otros con información relacionada.

Tampoco, señala en el informe, la institución ha podido verificar algunos de los requisitos establecidos en el decreto para las ayudas, porque no tenía disponible la información de los ERTE solicitados en otras comunidades autónomas correspondientes a centros de trabajo en la Comunidad Valenciana.

Así, la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa para la concesión de las ayudas realizada por el órgano gestor solo ha resultado factible confiando exclusivamente en la fiabilidad de la información facilitada por el SEPE.

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