El punto y final de la historia judicial de la CAM podría estar aún lejos de poderse escribir si prospera el recurso que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) acaba de presentar contra el archivo de la última de las siete causas abiertas en la Audiencia Nacional por la gestión de la caja, la única que aún estaba instruyéndose.
La entidad creada en 2011 en el contexto de la crisis financiera para garantizar los fondos de bancos y cajas, y que ha ejercido la acusación particular en casi todos los procesos de la CAM, rebate la decisión de la magistrada María Tardón de archivar por prescripción las pesquisas que se abrieron en 2015 sobre la financiación por la caja de compra de suelo. Unas operaciones de las que habrían salido beneficiados una serie de empresarios provocando a la entidad un perjuicio que rondaría los 500 millones, según asegura el Fondo apoyándose en informes del Banco de España.
Para archivar, la juez se apoyó en que la operativa denunciada por el Fondo se había venido investigando bajo la calificación jurídica de administración desleal, delito que en la antigua redacción del Código Penal prescribía a los cinco años. Las operaciones se realizaron entre 2004 y 2009.
El criterio lo comparte la Fiscalía Anticorrupción, que interpreta además las operaciones de forma individualizada como varios delitos de administración desleal en vez de hacerlo como uno solo continuado. O incluso de un cargo de apropiación indebida, cuyo plazo de prescripción es de una década, con lo se salvaría la prescripción que ha llevado a dar carpetazo a la causa.
El Fondo mantiene por contra que «es posible incardinar la actuación de los directivos de la CAM y de TIP (la participada de la caja a través de la que se hacían las operaciones) en un delito de apropiación indebida, lo que llevaría, teniendo en cuenta la agravación por la cuantía, a un plazo de prescripción de diez años».
El FGD sostiene que «la operativa fue continuada aprovechando los autores su posición orgánica en la caja»
Sobre los hechos denunciados, asevera en su recurso que «no afloraron en varias operaciones independientes, como dice la fiscal, sino que fueron continuadas en el tiempo aprovechando los autores su posición orgánica en el CAM». Y cita un informe del Banco de España donde se realizan afirmaciones tales como que «en diez de las once operaciones analizadas el estudio de la solvencia es superficial; que «en la mayor parte de los casos no se cumplían las propias directrices establecidas por la caja en materia de aportación de fondos mínimos por parte de los promotores/socios de entidad; o que «se incumplían también de forma sistemática diversos principios y normas de la Política de Riesgos». Conclusiones que apoyarían la tesis de que no se trató de «algo ocasional o aislado».
El Fondo insiste en «la gravedad del perjuicio» que esta operativa le ha causado: 500 millones que serían parte de los 5.249 que tuvo que inyectarle a la caja para ser adjudicada después al Sabadell por un euro.
Tres sociedades
Las pesquisas de la pieza denominada TIP-suelo se centran en tres sociedades: Nyesa Pirineos, Emporio Mediterráneo (del Grupo Ballester) y Huéznar. La primera de ellas era la más escandalosa ya que, según la querella presentada por el Fondo, la CAM llegó a pagar a sus socios en esta compañía hasta 33,5 millones por unos terrenos que inicialmente costaron 1,3 millones.
Los hechos se remontan a 2004 cuando la constructora aragonesa Nyesa adquirió por los citados 1,3 millones unos terrenos en Biescas (Huesca) para promover un complejo de viviendas y campos de golf. En diciembre de ese mismo año Nyesa Gestión vendió el suelo a otra sociedad del grupo, Nyesa Pirineos, por la sorprendente cantidad de 46,8 millones, y para ello pidió un crédito de 32,7 millones que le concedió la CAM.
El problema llegó cuando en 2009, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la firma no pudo abonar el préstamo y la caja accedió a quedarse los terrenos por 33,5 millones, más incluso de los que le prestó, para evitar el impago. El resultado final, según calculó el Banco de España, es que los socios de la caja en este negocio ganaron 1,4 millones mientras la entidad asumía las pérdidas.
Algo similar ocurrió con la firma Emporio Mediterráneo, constituida para promover tres torres de apartamentos en Benidorm. Además de TIP, participaban en el negocio Ecisa, Valenciana 89 y Edificaciones Calpe, propiedad de la familia Ballester, que fue la que compró inicialmente los terrenos. Por ellos pagó 23 millones y los revendió a la sociedad conjunta por 42,2 millones.
Entre los investigados en este proceso se encuentran los exdirectivos de la CAM Roberto López Abad y Daniel Gil, exresponsables de TIP y de otros órganos de la caja y los empresarios que realizaron las operaciones.
