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Defensa anula la ley preconstitucional que frenaba la venta de casas a extranjeros

El Ministerio emite una orden que exime a los ciudadanos extracomunitarios de solicitar autorización uLa norma amenazaba el mercado británico, tras la salida de este país de la UE

Una urbanización en Orihuela Costa.

Los promotores alicantinos han visto cumplida una de sus reivindicaciones históricas: la anulación de la normativa que obliga a los ciudadanos extracomunitarios a solicitar permiso para adquirir inmuebles en aquellas zonas catalogadas como de interés estratégico para la defensa nacional. Una obligación derivada de una ley preconstitucional, aprobada en febrero de 1978, que hasta ahora ya complicaba la venta de viviendas a los compradores llegados desde Noruega o Rusia en buena parte de la Vega Baja, pero que con el Brexit amenazaba directamente con torpedear el principal mercado extranjero de la provincia, el británico.

Según informó Provia, el Ministerio de Defensa ha publicado una orden de servicio dirigida a la Dirección General de Infraestructuras que suprime esta obligación, lo que liberaliza las operaciones en municipios como Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada o San Miguel de Salinas, que, por su cercanía a la base naval de Cartagena, entran dentro de estas zonas estratégicas.

La decisión se produce después de la protesta pública que los propios empresarios realizaron el pasado mes de enero advirtiendo de las consecuencias de esta normativa que, según sus cálculos, podía dar al traste con unas 800 compraventas de segundas residencias en la zona anualmente. En este sentido, desde Provia señalaron que también ha resultado clave la mediación de la Dirección General de Turismo, la Cámara de Comercio de Alicante y de los diputados socialistas alicantinos para convencer a los responsables del departamento que dirige Margarita Robles de los perjuicios que ocasiona esta ley y de lo desfasado que resulta su aplicación en la actualidad.

Y es que el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional obligaba a estos compradores de terceros países aportar toda una batería de documentación, como un certificado de penales de su país, los planos de la finca o una fotocopia del pasaporte para tramitar la autorización. Y todo debidamente traducido y, en ocasiones, por duplicado. Unas exigencias que para los empresarios carecen de sentido actualmente, si es que alguna vez lo tuvieron.

La orden dictada por el Ministerio de Defensa ahora indica que, en aquellos municipios afectados por la norma en los que el suelo haya sido aprobado en un plan parcial o esté calificado como suelo urbano, no será necesario realizar la solicitud de permiso militar. Solo aquellas viviendas que estén en suelo no urbanizable serán las que tendrán que pedir esta autorización.

Primera venta

Desde Provia mostraron su satisfacción por la decisión del Ministerio que, según apuntaron, «facilitará la llegada de nuevos residentes a la provincia de Alicante». De hecho, este viernes se otorgó la primera escritura en la provincia sin este trámite que, tal como recuerdan desde la entidad, hasta ahora en algunos casos podía demorarse entre seis y ocho meses, lo que desanimaba a muchos posibles compradores. En este sentido, cabe recordar que durante los últimos años más de la mitad de todas las viviendas que se han vendido en la provincia ha sido a compradores extranjeros. Y, de ellos, los británicos suponen aproximadamente una quinta parte del total. Una nacionalidad que, además, tiene especial predilección por la zona sur de la provincia afectada por esta ley.

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