El escudo social aprobado por el Gobierno no fue suficiente para impedir que la pandemia disparara los niveles de pobreza durante el año pasado. A pesar de que los ERTE y las ayudas puestas en marcha por las distintas administraciones lograron atenuar algo el golpe, la paralización de la actividad y, con ella, la caída de ingresos de muchas familias provocó que la población con carencia material severa se elevara hasta cifras que, en el caso de la Comunidad Valenciana, no se habían registrado ni siquiera en lo peor de la anterior crisis.
Así lo revela la última Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE, que sitúa a la autonomía como la segunda con mayor porcentaje de residentes en situación precaria, tan sólo por detrás de Melilla.
En concreto, en el caso de la Comunidad el número de personas con carencia material severa -una situación que el INE define como la acumulación de al menos cuatro problemas graves, como no poder comprar carne al menos cada dos días, retrasarse en el pago de la hipoteca o no poder mantener la casa caliente- pasó del 4,8 al 11,5% de la población total. Una cifra muy por encima de la media nacional, que también se incrementó del 4,7% al 7%. Nunca en toda la serie histórica, que arranca en 2004, se había registrado un porcentaje tan elevado, aunque en 2014 se le acercó, con un 11,3%.
29,3%
La población en riesgo de exclusión en la Comunidad
La cifra no recoge aún todo el impacto del covid.
En términos absolutos, esto significa que en el cuarto trimestre del año pasado, cuando se realizaron las entrevistas para la encuesta, había más de 580.000 personas en toda la autonomía y casi 218.000 en la provincia de Alicante en esta situación.
Si se desglosa por los diferentes problemas que identifica el INE, la población de la autonomía que no puede permitirse comprar carne o pescado al menos cada dos días prácticamente se ha triplicado, al pasar del 2,6% al 7,2%, lo que significa unas 136.000 personas en la provincia. Igualmente, los que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en sus casas también se duplican, al pasar del 6,1% al 13,6% de la población; y los que han tenido retrasos con algún pago relacionado con la vivienda -luz, agua, hipoteca o el resto de gastos habituales- suman un 13,1%, cuatro puntos más que el año anterior.
Aumentan menos los que aseguran que no pueden afrontar imprevistos, que suman el 36,8% frente al 35,3% de 2019, aunque probablemente sea porque esta cifra ya era elevada antes. Y lo mismo ocurre con los que no pueden permitirse ni una semana de vacaciones, un 36,1%.
Por último, un 6,6% de los consultados en la autonomía afirma que no puede permitirse tener un coche y otro 8,7% no puede pagar un ordenador personal. En este sentido, la Comunidad no es la que mayor porcentaje de población tiene en cada uno de estos apartados, pero sí la segunda con más residentes que aseguran sufrir al menos cuatro de estas dificultades, que es el criterio del INE para considerar que una persona se encuentra en situación de carencia material severa.
36,8%
Los hogares que no pueden afrontar imprevistos
Un porcentaje similar no puede salir de vacaciones.
El 44% tiene ahorros para menos de tres meses
Apenas uno de cada cinco ciudadanos podría mantener su nivel de vida durante más de un año
La encuesta también alude al índice Arope sobre la población en riesgo de pobreza o exclusión, aunque el propio organismo advierte de que este indicador sólo recoge parcialmente el efecto del covid porque uno de los principales criterios en que se basa son los ingresos del año anterior, es decir, de 2019. Aún así, también sube más de dos puntos en la Comunidad -del 27% al 29,3%- por el empeoramiento del resto de componentes, como la carencia material o el incremento de hogares con baja intensidad de empleo.
La catedrática de la Universidad de Alicante y Premio Rei Jaume I por sus trabajos sobre la equidad, Carmen Herrero, relaciona este aumento de la pobreza durante la pandemia con el elevado peso de la economía sumergida y la existencia de amplias bolsas de trabajadores con ingresos bajos y con contratos temporales en el sector turístico que han quedado fuera de las medidas de protección. Además, pone de relieve las dificultades que se dieron para poner en marcha medidas como el Ingreso Mínimo Vital. Por eso, reclama un mayor esfuerzo para evitar que esa pobreza se cronifique y, entre otras cosas, aboga por potenciar la formación para evitar que las personas sin titulación que se han visto afectadas por la pandemia queden fuera del mercado laboral. Sobre todo, ante el empuje a la digitalización que ha supuesto la pandemia.
La Encuesta de Condiciones de Vida ha incluido este año un apartado para conocer el nivel de ahorro y de endeudamiento de las familias, y el resultado deja claro que son pocos los que podrían vivir cómodamente del dinero que tienen en el banco. Así, el 44% de los consultados en toda España aseguran que no lograrían mantener ni siquiera tres meses su nivel de vida si tuvieran que echar únicamente mano de sus ahorros. Otro 36,4% calcula que el dinero le duraría entre ese tiempo y un máximo de un año, y sólo el 19,6% -uno de cada cinco ciudadanos- sostiene que lograría continuar con su actual ritmo de gasto durante más de un año con el colchón que guarda.
En este mismo sentido, la encuesta revela que sólo un 41% de las familias españolas logra ahorrar algo a final de mes. Otro 43,2% no consigue guardar nada, pero se las arregla para cubrir todos sus gastos con los ingresos que tiene. Por el contrario, en el momento de hacer la encuesta, el pasado otoño, un 8,4% aseguraba que se veía obligado a complementar sus ingresos con el dinero que tenía ahorrado, y, finalmente, un 7,4% de los consultados se veía obligado a pedir dinero para llegar a final de mes.
