La Fundación Mediterráneo no está dispuesta a cargar con la multa de hasta un millón de euros con la que el Banco de España propone sancionar a la institución, como heredera de la CAM, por las deficiencias que se cometieron en la gestión de la entidad. La organización presidida por Luis Boyer considera que el supervisor financiero carece de competencias para sancionarle, puesto que no es una entidad crediticia, y señala, además, que fue el Sabadell quien asumió el negocio -y con él todas las responsabilidades que se derivaran de su funcionamiento- de la desaparecida caja de ahorros alicantina.
Así lo recogen las alegaciones que la fundación responsable de gestionar la denominada Obra Social de la CAM ha presentado contra el pliego de cargos que el Banco de España ha remitido a los directivos y consejeros de la extinta caja, dentro del expediente que mantiene abierto por las supuestas deficiencias e irregularidades administrativas que cometieron entre los años 2008 y 2011.
Unos hechos por los que también exige responsabilidades a la ahora Fundación Mediterráneo como sucesora universal del patrimonio de la caja, aunque ya el propio supervisor reconoce que deberá evaluar en su resolución final el efecto derivado de la transformación de la CAM en una fundación de carácter especial, primero, y en fundación ordinaria, posteriormente.
Esta transformación es a la que se acoge el letrado José María Ayala, que se ha encargado de redactar las alegaciones, para considerar «improcedente» la continuidad del expediente contra la organización, a la que asegura «que no le resulta aplicable el régimen sancionador de entidades de crédito». A este respecto, el letrado insiste en que el Banco de España sólo tiene potestad para controlar a las instituciones financieras y que la fundación es «ajena a toda cuestión bancaria» desde su transformación.
Pero, además, el escrito recuerda que la fundación únicamente asumió la Obra Social, es decir, la gestión del legado cultural y social, mientras que el negocio financiero-bancario se segregó primero al denominado Banco CAM, y, posteriormente, a Banco Sabadell. Así, en su respuesta al Banco de España, la fundación cita dos sentencias del Tribunal Supremo del año 2019, por sendas sanciones que afectaban a La Caixa y BFA (Bankia), en que se señala que la responsabilidad administrativa de las antiguas cajas de ahorros se ha transferido, junto con el resto de la actividad financiera, a las entidades bancarias que las han sucedido en esta tarea y no a las fundaciones formadas por imperativo legal a raíz de la Ley 9/2012, con la que el Gobierno de Mariano Rajoy reorganizó el sector y puso fin al modelo de cajas de ahorros que había existido en España hasta ese momento.
Las imputaciones
El Banco de España abrió un expediente sancionador contra medio centenar de directivos, consejeros y miembros de la comisión de control de la CAM tras la intervención de la entidad ante las supuestas irregularidades detectadas. Un expediente que también se dirige contra la propia entidad, a la que el supervisor identifica con la actual Fundación Mediterráneo. Con la apertura de los procedimientos penales contra los antiguos responsables de la entidad, el proceso se paralizó para no entorpecer a la Justicia. Pero, tras conocerse las sentencias de las principales causas -sobre todo la referente al falseamiento de las cuentas de la caja, por la que se condenó a la exdirectora general María Dolores Amorós y al ejecutivo Teófilo Sogorb-, se reactivó la tramitación y el pasado mes de mayo se remitió a los afectados el nuevo pliego de cargos, que incorpora los hechos probados de las sentencias.
El expediente identifica tres grandes grupos de infracciones de la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Por un lado, las deficiencias en el control del riesgo y de la política de endeudamiento, sobre todo en las operaciones a través de la filial inmobiliaria TIP, que llevó a la caja a invertir cientos de millones en empresas como Polaris World sin las comprobaciones pertinentes. También se sancionan las supuestas irregularidades contables, que permitieron a la entidad presentar unos beneficios mayores de los reales. Y, por último, la mayor sanción se produce por no haber presentado un plan de recapitalización viable cuando el Banco de España se lo pidió.
Hasta medio millón para los directivos y consejeros
Los exresponsables de la entidad también preparan su defensa contra el pliego de cargos
Además de la Fundación Mediterráneo, el resto de consejeros y directivos expedientados por el Banco de España -alrededor de medio centenar- también han presentado o están preparando ya sus alegaciones contra el expediente sancionador que ha reactivado el supervisor financiero. En el caso de los directivos -los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad- y los exconsejeros, las multas propuestas en el pliego de cargos oscilan entre los 150.000 euros que podrían costarles las deficiencias de gestión y las irregularidades contables a cada uno de ellos, hasta los 500.000 euros de máximo por no presentar un plan de recapitalización viable.
Por su parte, para los miembros de la comisión de control de la entidad se prevén multas de hasta 6.010 euros por haber ejercido supuestamente de forma negligente sus funciones y no haber atajado las irregularidades que se cometieron, además de la inhabilitación durante varios años para desempeñar cargos en entidades de crédito.
Una vez recibidas y contestadas las alegaciones, el Banco de España tiene de plazo hasta el 3 de mayo de 2022 para resolver definitivamente el expediente e imponer las sanciones que se deriven de su tramitación.
