De tener un acuerdo sobre la mesa que garantizaba la paz social en el sector durante tres años, a una situación de bloqueo, con cruce de reproches y acusaciones mutuas. Eso es lo que ha ocurrido con la negociación del Convenio Colectivo para la Industria, los Servicios y las Tecnologías del Sector del Metal de Alicante, uno de los acuerdos laborales más importantes de la provincia, del que dependen las condiciones de cerca de 40.000 trabajadores y unas 6.000 empresas.
Tras la paralización que sufrió la negociación colectiva durante la pandemia, los sindicatos UGT y CC OO y Fempa retomaron a finales del año pasado las conversaciones para renovar el convenio, que había expirado en 2019. Tras varios meses de negociación, a principios del pasado mes de junio se llegó a un principio de acuerdo que contemplaba una subida salarial del 1,25% para este 2021, del 1,75% para 2022, y del 2% para 2023. Además, en estos dos últimos años se preveía una cláusula de revisión técnica en caso de que el IPC fuera superior, lo que significa que ese IPC se incrementaría en los salarios del siguiente ejercicio, pero sin pagar atrasos.
UGT y CC OO preparan movilizaciones y Fempa exigirá que se firmen las condiciones inicialmente acordadas
Sin embargo, todo se torció a partir de ese momento. Según denunciaron ayer UGT y CC OO, la patronal Fempa aprovechó la redacción final del documento para incluir algunas modificaciones que no se habían negociado y obviar otros aspectos que sí se habían acordado. En concreto, aseguran que el borrador remitido por la patronal incluía limitaciones a las excedencias y los permisos de los que no se había hablado en la mesa, y que no se introdujo la obligación de que aquellas empresas que tuvieran regulados incentivos en sus convenios tuvieran que negociar también una subida de estos incentivos.
Así, los representantes de los trabajadores acusan a la patronal de «retorcer lo acordado» y señalan que la negociación se encuentra en «punto muerto». Además, apuntan que, ante lo que consideran un incumplimiento de los empresarios, ya no se conforman tampoco con los aumentos salariales acordados inicialmente, ya que consideran que no se ajustan a la situación actual, en que la inflación se ha disparado. Durante una asamblea de delegados celebrada ayer se acordó iniciar movilizaciones a partir de septiembre.
Como es lógico, la versión de Fempa es completamente distinta. Desde la patronal del metal señalan que lo que los sindicatos llaman limitaciones en las excedencias y los permisos no son más que la actualización de esas cláusulas para recoger la nueva jurisprudencia que existe al respecto y lo consideran una excusa para no cumplir lo acordado. En este sentido, Fempa señaló que exigirá el cumplimiento del pacto al que se llegó, para lo que incluso está dispuesta a recurrir a los tribunales si fuera necesario.
Además, denuncian la falta de voluntad de los sindicatos, que, según afirman, no responden ni a sus llamadas en lo que entienden que ha sido una estrategia de dilación a la espera de que se firmara el convenio del metal de la provincia de Valencia, que contempla algunas de las reivindicaciones de los sindicatos. Desde Fempa, sin embargo, recuerdan que la tipología de las empresas de cada provincia es distinta -en Alicante son de menor tamaño- y reivindican la autonomía de cada provincia de tener su propio acuerdo. También recuerdan la delicada situación por la que atraviesan la mayoría de empresas tras la pandemia y señalan que ya renunciaron a prácticamente todas sus exigencias para cerrar el acuerdo inicial.
