Los peajes de las autopistas AP-7, AP-2, C-32 norte y C-33 quedan anulados a partir de las 00.00 horas de este miércoles 1 de septiembre. Terminan las concesiones Acesa e Invicat, ambas empresas del grupo Abertis, en un proceso que supondrá la pérdida de unos 800 empleos. La supresión de señalizaciones comportará unas obras que se prolongarán en torno a seis meses y que costarán unos 7,5 millones de euros al erario catalán. Durante el proceso de desmantelamiento de las barreras, la velocidad de paso será de 30 kilómetros por hora. El mantenimiento de las autopistas rescatadas se asignará los presupuestos y supondrán unos seis millones de euros anuales.
La liberación de los peajes de las autopistas AP-7 Tarragona-La Jonquera y AP-2 Zaragoza-El Vendrell va a suponer un ahorro para los usuarios que alcanzara los 515 millones de euros anuales con los más de 13 millones de desplazamientos actuales. Si bien, con el aumento del tráfico previsto, el ahorro llegará hasta los 752 millones de euros anuales, según fuentes del Ministerio de Transportes.
Un efecto colateral de la eliminación de peajes será la pacificación de la N-II del Maresme como consecuencia del traspaso de tráfico a la autopista y actuaciones urbanísticas que pretenden transformar la actual carretera en una calle interurbana, con semáforos, rotondas y carriles bici. El Govern prevé destinar 120 millones de euros a esas actuaciones. Otro efecto indirecto será la revalorización de inmuebles en la franja costera del norte de Barcelona. La propuesta del Govern de que el Estado rescate en dos años todas las vías de pago catalanas (la autopista de Sitges, la de Manresa o los túneles de Vallvidrera y Cadí), tendría también un efecto inmobiliario drástico en las zonas colindantes de llevarse a cabo.
Con la anulación de peajes de este 1 de septiembre se liberan en total 477 kilómetros de autopista de peaje: 262 kilómetros de la AP-7 y 215 kilómetros de la AP-2. Pasarán a ser gratuitas, tras concesiones de entre 47 y 55 años a las que se llegaron tras sucesivas prórrogas de hasta 26 años. En el caso de Catalunya, las liberaciones suponen la total eliminación de los peajes de Red de Carreteras del Estado en Catalunya, teniendo en cuenta que en 2018 era la comunidad que mayor porcentaje de kilómetros de pago, con un 52%. En Catalunya las liberaciones suponen la total eliminación de los peajes de Red de Carreteras del Estado. Junto con las medidas tomadas en otras comunidades autónomas, el Gobierno calcula que circular por la red de carreteras del Estado será un 73% más barato desde este miércoles que en 2017; y 4 de cada 10 kilómetros de autopista de peaje pasará a ser gratuito. Sobre el futuro, todavía queda por determinar qué pasará a partir del 2024 y el modelo de gestión de las vías de pago que se establezca por parte del Gobierno y acorde con las directivas europeas, que exigen pago por uso y con el principio de que pague más quien más contamine. El sistema puede ser con cargo a presupuestos, por peaje (diversos sistemas técnicos) o por viñeta (pago anual de un canon de uso).
El impacto económico para Abertis será relevante pero estaba previsto y según la propia compañía "no será determinante". Abertis está presente en Francia, Italia, Reino Unido, Brasil, Chile, Puerto Rico, México, Argentina, India y Estados Unidos, "todos ellos países con un modelo concesional ya establecido y donde la compañía puede aportar toda su experiencia", explican en la concesionaria.
Para Joan Antón Pérez, responsable de Autopistas en UGT Catalunya, el ajuste de personal en las concesionarias de autopistas "era una muerte anunciada". Acesa, Autopistas de España e Invicat firmaron el ere a finales de agosto. El proceso es similar al afrontado en la autopista de Aumar, en la AP-7 sur el año pasado. Desde un punto de vista laboral. Los trabajadores afectados han sido 270 de Acesa y 70 de Invicat. Se suman a los expedientes afrontados en marzo, por lo que en total cerca de 800 trabajadores los afectados por el fin de las concesiones.
Recolocación preferencial
Existe la promesa de preferencia en la recolocación para todos los trabajadores de Abertis y Acesa afectados por los ertes en el caso de que las concesionarias vuelvan a suscribir contratos con la Administración. Queda por ver que pasará dentro de dos años cuando se defina el modelo de financiación de las infraestructuras y si se usa de nuevo un sistema de peajes. Entre los afectados por los expedientes "hay de todo", aunque predominan las vidas laborales muy largas, con contratos de entre 20 y 30 años. Como establece la ley, para los mayores de 55 años se les aplica el convenio especial hasta la jubilación a los 63 años (se pagan las cuotas a la Seguridad Social hasta la jubilación). También se ofrecerá una ayuda a la recolocación durante los próximos nueve meses.
Las condiciones del ere fueron una indemnización máxima por despido improcedente (mínima de 45.000 euros); compensación lineal de 7.500 euros para aquellos empleados con una antigüedad mínima de 12 años y seguro médico por un año a cargo de la empresa.
