La amenaza de la subida de hasta 25 puntos en los aranceles que paga el calzado español por entrar en EE UU, lo que, a efectos prácticos, supondría que la tasa final se elevara hasta el 35%, sigue planeando. La Administración Biden suspendía el 2 de junio la aplicación del incremento tarifario. Daba una tregua de 180 días con el fin de tratar de conseguir un acuerdo sobre fiscalidad internacional en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Una moratoria que, a priori, finalizaría el 29 de noviembre. Sin embargo, y por lo que pueda pasar, la Unión Europea no sólo ha optado por alinearse con el sector zapatero. También ha decidido plantar cara a Estados Unidos con una advertencia contundente: reaccionará si EE UU toma represalias contra el calzado por la Tasa Google y sube los aranceles sin acuerdo y fuera de los cauces de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El vicepresidente del Ejecutivo comunitario Valdis Dombrovskis es tajante: «La Comisión ha dejado claro que la UE reaccionará unida ante las sanciones comerciales de los Estados Unidos incompatibles con las normas de la OMC».
Todo comenzó en abril, cuando industrias zapateras lanzaron la voz de alerta: la Oficina del Representante Comercial de EE UU planteaba imponer un arancel adicional del 25% para calzado, bolsos, sombrerería y cristalería procedentes de España en respuesta al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o, como se le reconoce, la Tasa Google. Las consecuencias no se hicieron esperar.- El calzado empezó a vivir en primera persona la paralización de pedidos e incluso la patronal cifraba en un 30% los encargos cancelados en el que durante el ejercicio pasado fue el cuarto destino del calzado español, con unas ventas que en el conjunto de la Comunidad Valenciana rozaron los 100 millones de euros. A partir de ahí, llegaron las declaraciones institucionales, las reuniones con representantes de todas las administraciones e incluso España e Italia -otro de los Estados miembros, junto a Austria, señalado por las represalias de Estados Unidos- llegaron a hacer frente común en el Parlamento Europeo. Una alianza que se materializó en la pregunta registrada por la eurodiputada del PSPV-PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero, la balear Alicia Homs y el italiano Paolo de Castro para forzar un posicionamiento claro de la Comisión.
El pronunciamiento, de hecho, se acaba de hacer público ahora, justo cuando ya se ha sobrepasado el ecuador de la moratoria dada por la Administración norteamericana. Una contestación, la de Dombrovskis, en la que el vicepresidente, tras admitir la situación en la que se encuentran en estos momentos España, Italia y Austria ante una posible subida arancelaria, pone el acento en que el Ejecutivo está supervisando el proceso, tanto por lo que toca a España, Italia y Austria, como por lo que respecta a Francia, en una situación similar. Ante ello, avisa de que «la Comisión destaca la importancia de que toda investigación estadounidense se ajuste al Derecho Internacional y, en particular, a los acuerdos por los que se establece la Organización Mundial del Comercio», para apostillar que «reaccionará» ante cualquier medida que adopte EE UU sin acuerdo. Tanto es así que el vicepresidente recuerda en su respuesta que, «tras la cumbre UE-EE UU de 15 de junio de 2021, ambas partes anunciaron su determinación de fomentar un sistema fiscal internacional justo, sostenible y moderno y de cooperar para alcanzar un consenso mundial sobre la cuestión de la fiscalidad de las empresas multinacionales mediante el marco inclusivo del G-20 y de la OCDE», y apostilla que tanto la UE como EE UU confirmaron su respaldo al acuerdo global sobre la fiscalidad de las empresas en la reunión de los ministros de hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del G-20
Con estos puntos de partida, Rodríguez-Piñero, principal promotora de la pregunta registrada, subraya que «sabíamos que la propuesta de la subida de los aranceles de EE UU no se ajusta a derecho y es importante que la Comisión asuma esa tesis para la negociación que viene». Rodríguez-Piñero sostiene que se ha trabajado de manera positiva desde el sector, el Parlamento Europeo y el Gobierno de España, pero incide en que «el apoyo de la Comisión Europea es clave para conseguir dirimir estas diferencias en la vía multilateral que nos hemos dado, la OMC, y, desde el Parlamento Europeo apoyaremos a la Comisión en todo lo que necesita y haremos seguimiento para que esta decisión injusta no se llegue a ejecutar nunca».
Por su parte, la presidenta de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, pone el foco en la importancia de que el apoyo y la presión de las administraciones continúe y pide que, si no se alcanza un acuerdo antes, la suspensión se prolongue al menos durante dos años. «El sector del calzado tiene dudas y está preocupado por si finalmente no se amplía la suspensión de 180 días. Si volvemos a vivir una situación como la que vivimos hace unos meses, las marcas de distribución pueden volver a mover sus pedidos a otros países para producir sus colecciones», detalla. «No debemos olvidar que el anuncio de Estados Unidos sobre el incremento de aranceles a nuestro calzado hace unos meses supuso una pérdida de ventas a las marcas de distribución del 25%», alerta. Todo, además, cuando desde la patronal admiten que los datos indican que se ha reactivado el consumo en EE UU, y las exportaciones en el primer semestre del año se han comportado positivamente. Otra cosa es qué podría ocurrir con otro nuevo amago de subida arancelaria.
