El conflicto que mantienen patronal y sindicatos por la negociación del convenio del metal en la provincia de Alicante, que afecta a cerca de 40.000 trabajadores, sigue lejos de solucionarse. Si hace una semana era Fempa la que daba un paso adelante y anunciaba su intención de recurrir a los tribunales para hacer valer el preacuerdo que, según sostienen los empresarios, se pactó en junio y que los representantes de los trabajadores niegan; ayer fueron UGT y CC OO los que convocaron a cerca de 200 delegados en una marcha por el centro de Alicante para exigir el desbloqueo de la situación.
Una protesta que pretendió ser una primera muestra de fuerza por parte de los sindicatos, dentro del calendario de movilizaciones con el que quieren presionar a la patronal y que, según señalaron sus representantes, irá aumentando en intensidad. Tras pasar por Maisonnave y el paseo de Gadea, la manifestación concluyó ante la delegación territorial de la dirección de Trabajo, donde los sindicatos se reunieron con su responsable para reclamar la mediación de la Generalitat en el conflicto, que lleva meses enquistado.
Tras el parón forzado por la pandemia, sindicatos y patronal retomaron las negociaciones para la renovación del convenio del metal a finales del año pasado y en junio se alcanzó un primer entendimiento sobre la subida salarial, que contemplaba un aumento del 1,25% para 2021, del 1,75% para 2022, y del 2% para 2023. Sin embargo, el convenio nunca se llegó a firmar, entre acusaciones mutuas de haber roto las reglas del juego.
Al contrario de lo que defiende Fempa, los sindicatos niegan la existencia de un preacuerdo formal y señalan que el diálogo se rompió cuando la patronal trató de incluir en el texto final recortes sociales que no se habían pactado. «Si quieren ir a los tribunales, que vayan. La patronal puede seguir haciendo el ridículo las veces que quiera. Nosotros hicimos un acercamiento en lo salarial para intentar desbloquear la situación, porque llevábamos año y medio con las condiciones de los trabajadores paradas, pero eso lo teníamos que trasladar a nuestra gente para que fuese ratificado», señaló ayer el responsable de Industria de CC OO PV, Juan José Picazo.
Por su parte, el secretario general de UGT FICA-PV, Daniel Argente, apuntó que los empresarios trataron de suprimir derechos sociales -como excedencias y permisos- sin haberlo negociado. Además, Argente advirtió de que, más allá de las cuestiones que provocaron la ruptura inicial, la situación económica también ha cambiado, por lo que consideran que la subida salarial para este año debe ser superior a lo que se habló en su día.
Por su parte, tras la protesta, el secretario general de Fempa, Luis Rodríguez, aseguró que la organización empresarial «está abierta a cualquier tipo de mediación», pero señaló la contradicción que supone que los sindicatos no aprovecharan el acto de conciliación que se celebró el pasado 3 de septiembre en el Tribunal de Arbitraje Laboral para acercar posturas, y calificó de «irresponsable y frívola» la actitud de los sindicatos. Un acto al que, según destacó, ni siquiera acudieron los responsables autonómicos de UGT y CC OO que habían llevado la negociación «con la excusa de que eran Fallas». En cualquier caso, Rodríguez señaló que Fempa mantiene su intención de presentar una demanda en los juzgados para exigir el cumplimiento del preacuerdo que aseguran que se alcanzó en junio. «Lo contrario sería romper las reglas del juego y aceptar que la negociación colectiva no sirve para nada», apostilló.
