Los sindicatos con representación en el Banco Sabadell han decidido no esperar más para salir a la calle contra el ERE que plantea la dirección de la entidad, que supondrá la supresión de 1.936 empleos y afectará de una forma u otra a 496 oficinas. Tras la primera protesta que realizaron el pasado jueves en Oviedo, coincidiendo con la entraga de unos premios en los que participaba el presidente del banco, Josep Oliu, los representantes de la plantilla han programado ya todo un calendario de movilizaciones, que arrancará este jueves, 23 de octubre, con concentraciones en varias ciudades. Entre ellas, Alicante, donde la entidad tiene su domicilio social.
En concreto, los sindicatos han convocado a los trabajadores entre las 10 y las 13 horas frente a la sede del banco, en la avenida de Óscar Esplá. Una acción que repetirán el día 28 y el 6 y 8 de octubre. En otras ciudades también habrá movilizaciones el 29 y 30 de septiembre, y los días 13 y 15 de octubre.
Además, también se han convocado paros de 15 minutos para el 4 de octubre y de una hora, para el días siguiente, y no se descarta llegar a la huelga, como ya ocurrió en BBVA y CaixaBank, si las negociaciones no avanzan de acuerdo con los criterios que exigen los sindicatos.
En este sentido, todas las centrales con representación en la entidad han mostrado su rechazo al ajuste de personal, que consideran excesivo ante la mejora de resultados del banco y la reciente salida de otros 1.800 empleados en el primer trimestre del año, y, sobre todo, exigen que cualquier nuevo ajuste se realice exclusivamente mediante medidas voluntarias, como prejubilaciones y bajas incentivadas.
Desde la entidad, han señalado su intención de que prime el criterio de voluntariedad, pero también han apuntado que será difícil conseguir ejecutar todo el recorte sólo con voluntarios.
De momento, la entidad ya ha puesto sobre la mesa la posiblidad de recolocar a unos 60 empleados en empresas del grupo y ha señalado que dejará fuera del ERE a los mayores de 63 años y los que tienen entre 50 y 55 años. Una medida con la que se pretende proteger a los colectivos que tienen más dificultades para reinsertarse. No obstante, los sindicatos no comparten esta decisión ya que esto significa que tampoco podrán acogerse voluntariamente a las bajas y que, por el contrario, sí podrían verse afectados por traslados forzosos.
Tras el fracaso del periodo de consultas, la negociación formal del ERE arrancó la semana pasada con una primera reunión, a la que seguirá otra este jueves. El plazo oficial para lograr un acuerdo vencerá el 15 de octubre, aunque podría prolongarse si las dos partes negociadoras se ponen de acuerdo.
En el caso de Alicante, la entidad prevé la salida de 237 trabajadores y la afectación de 44 oficinas.
