Primeros detalles sobre los futuros fondos públicos de pensiones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha presentado a los agentes sociales su propuesta para aumentar el uso en España de los planes de pensiones de empleo con el fin de fomentar el ahorro de asalariados, empleados públicos y autónomos de cara a su jubilación mediante estas fórmulas de inversión colectiva.
El texto, un anteproyecto de ley, prevé la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), cuya creación estará pilotada por el Ministerio de Inclusión y cuyo funcionamiento supervisará una comisión de control con 17 miembros, nombrados por los sindicatos (cuatro), las patronales (cuatro) y el departamento que dirige José Luis Escrivá (nueve). La norma también incluye un mecanismo para crear planes simplificados, que podrán promover las organizaciones económicas sectoriales, las instituciones públicas y las asociaciones de autónomos y que tendrán que integrarse en los fondos públicos.
Los nuevos fondos de promoción pública, según el texto del anteproyecto, se crearán por iniciativa del Ministerio de Inclusión a través de la Comisión Promotora y de Seguimiento, un nuevo organismo ministerial, integrado por cinco funcionarios de carrera y que no cobrarán remuneración por esta tarea. Su designación y remoción corresponderá al departamento que dirige José Luis Escrivá. Esta comisión establecerá y aprobará la estrategia de inversión común de los FPEPP y ejercerá las labores de supervisión sobre otra organización que será la que efectivamente dirija cada fondo público particular: la comisión de control especial, con 17 miembros designados por la Comisión Promotora y de Seguimiento entre «cuatro [...] propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más representativas, y nueve [..] designados por el Ministerio de Inclusión». La duración de su mandato será de seis años, con renovaciones cada tres, y cobrarán una retribución determinada reglamentariamente.
Estos fondos serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria, que tendrán límites a las comisiones de gestión y depósito que pueden repercutir sobre los partícipes: no podrán pasar del 0,4% «del valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse» (en el caso de las entidades gestoras) y del 0,1% en el caso de las depositarias. La política de inversiones de estos fondos tendrá que regirse «exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones».
Los planes de pensiones de empleo simplificados, que se integrarán en los FPEPP, se orientan a promover el ahorro entre asalariados, empleados públicos y autónomos. Podrán promoverlos «las empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva, las administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas y asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales y mutualidades vinculadas a estos».
Las comisiones promotoras de esos planes simplificados serán las que presenten su proyecto para su inclusión en alguno de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) abiertos, y será la comisión de control especial la que decida si se puede integrar.
La finalidad es extender la posibilidad de ahorrar para la jubilación a colectivos que hasta ahora no tenían acceso fácil a los planes de empleo, como son los funcionarios de las entidades locales pequeñas o también los trabajadores autónomos, «de quienes se estima que han suscrito más de un millón de planes personales, con comisiones elevadas», mientras que esta iniciativa del ministerio, según su exposición de motivos, permitirá «que tengan acceso a planes de empleo, en condiciones económicas más ventajosas de las que ahora disponen».
Acceso directo al ingreso mínimo de los parados sin subsidio
Las personas que estén en paro y agoten su subsidio podrán acceder automáticamente al ingreso mínimo vital, evitando así un periodo de transición sin ingresos. Las diferentes modificaciones para agilizar el acceso están pendientes de su aprobación en el Congreso y mediante las mismas el Gobierno estima duplicar, hasta los 1,6 millones, los beneficiarios del ingreso mínimo vital a lo largo de 2022.