Después de cinco meses de reuniones entre Trabajo, sindicatos y patronal, el dibujo final de la reforma laboral no está terminado, pero le queda poco. Sobre la mesa, en estos momentos, hay dos materias no menores: La primera, el estudio de fórmulas para reducir la excesiva temporalidad; se están examinando ideas como fijar porcentajes máximos de eventualidad en las empresas, la prohibición de los contratos de obra o la contratación de indefinidos por parte de las ETT que puedan ser puestos a disposición de otras empresas para tareas ocasionales.

El otro gran asunto es la contratación formativa y el paso entre estas fórmulas laborales y el empleo estable. También se ultiman los detalles del Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo, un híbrido entre ERTE y ERE que permitirá reducir la jornada de los trabajadores en las empresas que se enfrenten a dificultades económicas y apoyar con formación los tránsitos de los empleados que tengan que cambiar de sector o de compañía.

En una fase más temprana de la negociación se abordaron aspectos como las reglas de concurrencia de los convenios (se devuelve la prioridad aplicativa al pacto de sector sobre el de empresa en las materias principales, como jornada o salario), la vigencia de los convenios una vez caducados (se estipula que, en defecto de pacto, los convenios seguirán en vigor aunque las negociaciones para renovarlo se prolonguen sin éxito) o la limitación de la subcontratación (para que los convenios sectoriales se apliquen también a la subcontrata, y ésta no pueda rebajar las condiciones salariales o de jornada con un convenio propio).

También se limita el poder del empresario para modificar las condiciones de trabajo de sus empleados al exigir documentación justificativa de los cambios que pretenda acometer, y que los mismos se negocien con los representantes de los trabajadores. Todo este paquete de medidas es el que se refiere a lo que la izquierda y los sindicatos han llamado en los últimos años “los aspectos más lesivos de la reforma laboral” de 2012. Con todo, algunas de las disposiciones más polémicas de la legislación de mercado de trabajo de la era Rajoy no han sido abordadas en esta negociación, como el abaratamiento del despido.

Noviembre es el límite

Hay que decir que ninguna de estas materias está formalmente cerrada, y que la dinámica de la mesa de negociación implica a veces reabrir aspectos que parecían ya resueltos. El horizonte para terminar las negociaciones, con acuerdo o sin él, es el de finales de noviembre, porque el Gobierno necesita unas semanas para aprobar en Consejo de Ministros el texto y remitirlo a las Cortes, y así cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de tener la reforma laboral aprobada antes de que termine el año. Queda por tanto poco más de un mes de diálogo; la próxima reunión es el miércoles que viene.

A pesar de que en ocasiones las declaraciones públicas de los participantes en la mesa, sobre todo las de la patronal, han puesto en duda las posibilidades de acuerdo, lo cierto es que todas las partes mantienen la confianza en poder alcanzar un pacto. “No es imposible”, aseguraba un destacado dirigente sindical. “No nos vamos a levantar de la mesa hasta el final”, afirman los negociadores de CEOE.

Sindicatos, empresarios y Gobierno saben que un texto pactado no sólo tiene más posibilidades de durar en el tiempo ante los cambios políticos, sino que sería visto con mejores ojos por Bruselas, que siempre ha tenido -y mantiene- un especial interés por la regulación del mercado laboral español.