El Gobierno quiere reforzar la protección que reciben los consumidores vulnerables para amortiguar el impacto de la subida del recibo de la luz a un colectivo ya en problemas. El Ministerio para la Transición Ecológica aprovechará la norma con la que quiere introducir aclaraciones y cambios a su última reforma eléctrica (aprobada hace apenas un mes) para introducir nuevas fórmulas con las que aumentar las ayudas hogares pobres en plena crisis energética.

En España cerca de 1,2 millones de hogares reciben el bono social eléctrico, que contempla descuentos de entre el 25% y el 40% de la factura de la luz en función de su grado de vulnerabilidad (y que puede llegar al 100% en los casos más graves y de riesgo de exclusión social). Son descuentos cuyo importe asumen todas las comercializadoras eléctricas de manera proporcional en función de su número de clientes, por lo que Endesa, Iberdrola y Naturgy financian más del 82% del presupuesto total anual (en torno a 200 millones de euros).

Los planes del Gobierno pasan por reforzar el bono social eléctrico para que las familias vulnerables no noten las subidas. Entre las medidas que baraja el Ministerio para la Transición Ecológica figura la de repartir ayudas directas para que estas familias paguen el recibo de luz, para que estos cheques cubran la subida de la factura de los últimos meses. La otra alternativa es la de elevar los porcentajes de los descuentos de los que se benefician estos hogares.

Las dos opciones no son excluyentes y podrían activarse de manera simultánea. La diferencia entre una y otra es quién asume el coste de financiarlas: si se aumentan los descuentos en las facturas el coste de la medida, en principios, se cargaría a las eléctricas; y si se reparten cheques entre los beneficiarios, el coste se trasladaría a los presupuestos del Ministerio.

“Trabajamos en distintas hipótesis, aumentar los porcentajes de descuento o acompañando con un cheque. Estudiamos las diferentes medidas que nos permitan garantizar esa protección especial allí donde se necesite”, subraya Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica. “Los clientes vulnerables con derecho a bono social es un colectivo que merece una especial protección, y permanecemos atentos por si es necesario completar esa protección para que no vean incrementada su factura en escenarios de altísima volatilidad en el mercado eléctrico”.

Para poder recibir el bono social, los hogares deben cumplir determinados umbrales de baja renta y han de tener contratada la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). El precio de la parte energética de esa tarifa regulada está directamente vinculada a la evolución del mercado mayorista de la electricidad, que es el que en los últimos meses ha ido de récord en récord. Es por eso que los consumidores vulnerables son uno de los colectivos que están notando directamente en sus facturas la espiral de subidas.

Desde hace dos años, los beneficiarios del bono social eléctrico perciben también de manera automática el bono social térmico, un ayuda para cubrir costes de la energía destinada a la calefacción, el agua caliente sanitaria o cocina. En este caso la ayuda no se articula a través de descuentos, sino mediante un pago único anual a los consumidores mediante transferencia bancaria cuya cuantía depende del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en la que esté su lugar de residencia. Lo que se plantea ahora el Gobierno es exportar por primera vez este sistema de ayudas directas para el pago también del recibo de la luz de los consumidores vulnerables.

Ayuda de 100 millones

Precisamente, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, por fuentes conocedoras del Real Decreto-Ley que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros y tal y como ha anunciado este domingo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el Gobierno destinará 100 millones de euros a ayudar a los 1,2 millones de hogares vulnerables que existen en España con el pago de los costes derivados del uso de la calefacción o el agua caliente.