La importante subida de la inflación provocada por el precio de la luz y de los carburantes, que ya empieza a trasladarse al resto de productos, supone un importante golpe para el poder adquisitivo de los hogares. La subida del IPC conocida esta semana, que se sitúa ya en el 5,5% -su mayor nivel en 29 años-, contrasta con el escaso incremento que reflejan los convenios colectivos firmados en la provincia en lo que va de año, que apenas alcanza el 1,24%. Un desfase que supone que los asalariados alicantinos acumulan ya una pérdida de poder adquisitivo de 730 euros este año.
En concreto, si se tiene en cuenta que el salario medio declarado en la provincia se sitúa en 17.139 euros brutos anuales, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, la subida del 1,24% apenas supondrá una mejora de 212 euros en el conjunto del año, frente a los 942 euros en que deberían incrementarse los sueldos para igualar a la inflación. Y eso en el mejor de los casos, porque lo cierto es que las discrepancias entre patronales y sindicatos mantienen bloqueada la renovación de muchos convenios, tanto sectoriales como de empresa, por lo que muchos empleados ni siquiera han recibido esta mínima subida. Una situación que se ve todavía más enturbiada por las presiones de una y otra parte ante los cambios que debate el Gobierno sobre la reforma laboral que aprobó Mariano Rajoy en 2012.
La posición de los empresarios es que la actual subida de precios es una cuestión «temporal e invertirá su tendencia a partir del segundo trimestre de 2022», según apunta el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, que, además, recuerda la delicada situación económica provocada por el covid. «Lo razonable es tomar medidas que no socaven la recuperación de la economía. En ese sentido, seguimos apostando por la moderación y la prudencia», señala Palacio, partidario de buscar el «equilibrio» que permita mantener el poder adquisitivo para evitar que se desinfle el consumo, pero sin perjudicar la marcha de las empresas.
Por su parte, los sindicatos no están dispuestos a que sean los trabajadores quienes paguen de su bolsillo el descontrol de los precios. «Siempre hemos sido responsables, y lo hemos demostrado durante la pandemia. Tenemos claro que acabaremos asumiendo una parte, pero creemos que en estos momentos el suelo a la hora de negociar debe estar en el entorno del 4%», apunta el secretario general de CC OO en l’Alacantí y les Marines, Paco García, que recuerda el importante conflicto que existe en la renovación del convenio del metal, precisamente, porque las negociaciones que se hicieron en la primera parte del año ya no reflejan la situación actual, según apunta. Una situación de bloqueo o falta de renovación que también afecta a otros ámbitos como la hostelería, el comercio minorista de alimentación o la limpieza de edificios.
En la misma línea, la secretaria general de UGT en l’Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez, no sólo insiste en la necesidad de que los sueldos mantengan su poder adquisitivo, sino también en que haya una mayor subida de los salarios más bajos. «Todas estas subidas de la electricidad o la gasolina, al final, a los que más golpean es a los que tienen menos ingresos. Si lo salarios no se actualizan, las bolsas de pobreza crecerán y el consumo, que es el principal motor de la economía, se resentirá», apunta Sánchez.
Espiral inflacionista
Con esta tesitura, el principal temor de los expertos es que la subida de los precios y los salarios se retroalimente. Es decir, que para evitar que se pierda poder adquisitivo suban los sueldos, y esto lleve a que las empresas suban los precios de los productos para compensar estos mayores costes y así sucesivamente. Una situación que podría desembocar en una espiral inflacionista como la que llevó a la crisis del 1973, que también empezó por un encarecimiento de la energía, como recuerda el profesor de Macroeconomía de la UA Alfredo Masó.
Así, este experto es más partidario de fijarse en la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni el precio de la energía ni el de los alimentos frescos, para tomar este tipo de decisiones. Un indicador que en estos momentos está en el 1,4%. Además, considera que el colchón de ahorro que se generó en muchos hogares durante la pandemia, ante la restricción de la vida social, atenuará el posible impacto en el consumo del desfase entre salarios e inflación.
Sin embargo, esta no es la única amenaza que acecha en el horizonte, como señala la catedrática de Economía Aplicada de la UA Paloma Taltavull, que teme que las declaraciones que están realizando los bancos centrales en las últimas semanas indiquen que también existe un riesgo de inflación con base monetaria. Es decir, provocada por la enorme cantidad de dinero que los países han inyectado en el mercado para hacer frente a la pandemia, lo que se prolongaría más en el tiempo. Y, sobre todo, advierte de que las consecuencias serían mucho peores si, finalmente, la situación acaba provocando una subida de los tipos de interés, lo que afectaría aún más a los hogares y restaría aún más poder de compra.
Malo para los ahorradores, bueno para los endeudados
Una situación inflacionista como la actual tiene siempre sus ganadores y sus perdedores. Además de los salarios, la subida del coste de la vida perjudica a los ahorradores, ya que esto significa que el dinero que tienen en el banco vale menos -se pueden comprar menos cosas con la misma cantidad- y que deben buscar inversiones más rentables para evitar esa pérdida de poder de adquisitivo. Sin embargo, para los hogares endeudados supone una ventaja, ya que el importe de sus préstamos también sufre este efecto de devaluación, ante la mayor subida de salarios.
