Los Estados miembros son soberanos en materia fiscal, menos cuando sobrevuelan, eso sí, entidades rigoristas como la 'troika' (o los llamados hombres de negro). Por eso, sin rescates de por medio, cada país aplica los gravámenes que considera convenientes y no están armonizados a nivel comunitario. Para los productos de la pesca, Luxemburgo tiene un impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 3%, Hungría del 5%, Polonia los grava al 8% y Portugal al 6%. En España, para contrariedad del sector, los consumidores pagan una tasa de 10 puntos –como Francia, por ejemplo–, el mismo que se aplica al transporte de viajeros, la hostelería o la vivienda nueva.
La reivindicación no es nueva, máxime ahora con la actual tendencia inflacionaria; la industria pelea para que el Gobierno central rebaje el gravamen al 4%, equivalente al que se abona por el pan o las frutas frescas, pero el rechazo de Madrid es constante. Hacienda esgrime que la idea de una reducción fiscal contraría a Bruselas, y que no tendría apenas impacto en el bolsillo del consumidor. Pero el poder legislativo comunitario acaba de contradecir este argumento: no solo defiende aplicar un IVA a los productos según sus beneficios sobre la salud, sino que está a favor de reducir el impuesto al 0% para los considerados saludables, como el pescado. Exención total.
El 20 de octubre, el Parlamento europeo aprobó el documento 'Una estrategia de la granja a la mesa para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente'. Se trata de un texto de 48 páginas en la que “destaca que esta estrategia es básica para situar el sistema alimentario, incluida la producción animal y vegetal”, además de defender los “vínculos indisociables entre las personas sanas, las sociedades sanas, los animales sanos y un planeta sano”.
En el punto 101, la Cámara comunitaria avala lo que el sector pesquero español lleva tiempo reclamando. Esto es, que se equiparen los gravámenes al consumo, el IVA en este caso, en función de los beneficios o perjuicios que aportan alimentos sobre la salud. En concreto, expone lo siguiente: “Se muestra a favor de proporcionar a los Estados miembros una mayor flexibilidad a la hora de establecer diferentes tipos de IVA para los alimentos que tienen distintos efectos sobre la salud y el medio ambiente, y permitirles elegir un tipo nulo de IVA para los alimentos saludables y sostenibles, como ya ocurre en algunos Estados miembros pero aún no es posible en otros”. En Irlanda o Malta el pescado no tiene IVA.
Negativa
La última vez que el Gobierno español se pronunció sobre esta posibilidad fue la pasada primavera, como publicó Faro de Vigo, medio que pertenece al grupo Prensa Ibérica, y a través de una respuesta escrita en el Congreso, tras una interpelación del diputado del BNG Néstor Rego. Para entonces, la comisión encargada de la estrategia “de la granja a la mesa” ya había remitido el documento final al Parlamento europeo, tal y como se acaba de aprobar. Con todo, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez echó mano de la Comisión Europea como uno de los motivos para rechazar una reducción fiscal. “Debe tenerse presente que, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido –decía entonces, el 20 de mayo–, la Comisión Europea ha venido manteniendo en distintos informes la necesidad de que España eleve los tipos de gravamen y amplíe la base del tributo, a fin de buscar el alineamiento de nuestro país con el resto de socios europeos”. Y abundaba lo siguiente: “Debe recordarse que los Estados miembros y la Comisión Europea han asumido un compromiso para limitar la aplicación de los tipos reducidos y para no incluir nuevas categorías de bienes y servicios que puedan disfrutar de una tributación reducida”. Este es el extremo que el Parlamento europeo propugna ahora, incluso con esa tributación cero.
Asimismo, para Hacienda la pérdida de recaudación – “impacto presupuestario” – sería contraproducente por “su reducido efecto en los precios finales al consumo”. En la penúltima edición de la revista que edita la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar), el colectivo se pronunció explícitamente sobre esta aseveración. “La merma en la recaudación del IVA, o mejor dicho, los millones que las arcas de Hacienda dejarían de ingresar por la rebaja del 10% al 4% en el IVA del pescado, se verían sobradamente compensados con la caída del gasto sanitario atribuido a enfermedades relacionadas con una mala alimentación. No es una rebaja, es una inversión”. En el último congreso FAO celebrado en Vigo –cuya inauguración fue presidida por la reina Letizia–, antesala de la 22 edición de la feria Conxemar en el Ifevi, la industria volcó todos sus esfuerzos en amplificar esta reivindicación. De momento, sin resultado.
Las dos opiniones
Lo que dice el Gobierno central
“La Comisión Europea ha venido manteniendo en distintos informes la necesidad de que España eleve los tipos de gravamen y amplíe la base del tributo, a fin de buscar el alineamiento de nuestro país con el resto de socios europeos [...] Debe recordarse que los Estados miembros y la Comisión Europea han asumido un compromiso para limitar la aplicación de los tipos reducidos y para no incluir nuevas categorías de bienes y servicios que puedan disfrutar de una tributación reducida”.
Lo que defiende el Parlamento europeo
“Acoge con satisfacción el objetivo de la estrategia de orientar a la industria alimentaria hacia prácticas por las que la opción saludable y sostenible se convierta en la más fácil, accesible y asequible para los consumidores; se muestra a favor de proporcionar a los Estados miembros una mayor flexibilidad a la hora de establecer diferentes tipos de IVA para los alimentos que tienen distintos efectos sobre la salud y el medio ambiente, y permitirles elegir un tipo nulo de IVA para los alimentos saludables y sostenibles”.
