Hacienda no siempre tiene la razón. De hecho, en la mayoría de las ocasiones en que los contribuyentes se atreven a reclamar contra alguna decisión de la Agencia Tributaria o de alguna otra administración en materia fiscal acaban ganando el proceso. Una victoria que, eso sí, muchas veces resulta agridulce por la pérdida de tiempo y de recursos que suele conllevar esa decisión, y que podría evitarse con una interpretación correcta de la normativa desde un principio.
Así lo denunció ayer la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Stella Raventós, durante la primera jornada del XXXIV Congreso Nacional de la organización, que hasta el próximo sábado reúne en hotel Meliá de Alicante a más de 300 profesionales.
«Lo que exigimos es que haya una aplicación correcta de las leyes tributarias y no lo que se hace en muchos casos. Y nos referimos a buscar un aumento de la recaudación por la vía de la inspección, con base en criterios que no se ajustan a la normativa», señaló Raventós, que apuntó al elevado número de reclamaciones que las administraciones pierden como la mejor prueba de lo que consideró una mala práctica.
Aunque Raventós no ofreció cifras concretas, lo cierto es que las memorias que anualmente elaboran los Tribunales Económico-Administrativos -los organismos a los que pueden recurrir los contribuyentes antes de presentar una demanda formal en los juzgados- reflejan año tras año esta realidad. Así, de las 30.239 reclamaciones que resolvió el TEAR de la Comunidad Valenciana el año pasado, hasta 16.464 dieron la razón total o parcialmente a los contribuyentes. Es decir, un 54,5% de los casos.
Una cifra que se eleva hasta el 60%, en el caso de las reclamaciones relacionadas con el Impuesto de la Renta; o el 62%, cuando la liquidación o la sanción recurridas se refiere al IVA, dos impuestos cuya gestión depende de la Agencia Tributaria Estatal.
Peores resultados aún arrojan las reclamaciones en los tributos dependientes de la Generalitat. En este caso, el Tribunal Económico-Administrativo Regional dio la razón a los contribuyentes afectados en el 73% de las demandas relacionadas con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y en un 81% de los casos vinculados al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Dinero retenido
La presidenta de Aedaf lamentó que todos estos procesos que las administraciones acaban perdiendo suponen un coste importante para los afectados y, en general, una pérdida de recursos, ya que, durante todo el tiempo hasta que se resuelve la reclamación, el dinero suele estar retenido. Es decir, que ni puede utilizarlo el contribuyente ni tampoco la Administración. Y los periodos «pueden ser larguísimos hasta que se llega a la última instancia a la que se puede recurrir», según la experta.
Unos costes y una dilaciones con las que la Administración cuenta para desincentivar a los contribuyentes, que en muchas ocasiones prefieren desistir ante la tarea titánica que para muchos se antoja reclamar, según Raventós. Aún así, la cifra de reclamaciones no deja de ser notable. Sólo en la provincia de Alicante se presentaron el año pasado 8.490 solicitudes ante el TEAR. Eso sí, una cifra algo inferior a la de 2019, cuando sumaron 8.924.
La presidenta de Aedaf cargó especialmente contra las campañas que lanza la Agencia Tributaria y que, según dijo, más que evitar y perseguir el fraude, como debería ser su objetivo, lo que pretenden es «aumentar la recaudación con prácticas muy agresivas e interpretaciones que no se ajustan a lo que dice la normativa, y, por eso, luego las pierden».
Por otro lado, la máxima responsable de Aedaf se mostró contraria a nuevas subidas de impuestos en estos momentos, para facilitar la recuperación económica. Además, Stella Raventós rechazó las tesis de la Generalitat al acusar a Madrid de hacer «dumping fiscal» con sus rebajas de impuestos, y defendió la libertad de las comunidades para ejercer su autonomía en materia fiscal.
