Las solicitudes de concursos de acreedores baten récords en la provincia tras la pandemia. A pesar de la existencia de una moratoria que exime a las empresas de la obligación de acogerse a esta figura y que evita que los acreedores puedan instar el proceso hasta el próximo 31 de diciembre, lo cierto es que muchas compañías y autónomos están optando por no demorar más la situación, ante la imposibilidad de afrontar sus deudas.
El resultado es que, en los primeros seis meses de este año, se han presentado en los juzgados de lo Mercantil de la provincia hasta 253 peticiones de declaración de concurso, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, lo que duplica las cifras del año pasado -cuando este periodo coincidió con el confinamiento y la paralización de toda actividad no esencial-, pero también supone un 51% más que en 2019, antes de la irrupción del covid-19. De hecho, la cifra es la mayor de la serie histórica que recoge este organismo desde el año 2007 y supera los 215 procesos que se registraron en el primer semestre de 2012, hasta ahora el periodo con más insolvencias empresariales en la provincia.
De momento, la mayoría de los afectados son pequeñas empresas que carecían de riñón suficiente para resistir un periodo tan prolongado de caída de actividad o de bajada de ventas como consecuencia del descenso del consumo, aunque también empieza a haber alguna de mayor relevancia, como ha ocurrido recientemente con la distribuidora de Kelme en España, New Millennium Sports. «A pesar de la moratoria, si el negocio cierra o el empresario tiene claro que no va a poder pagar, no tiene sentido esperarse más y dejar que la deuda crezca», explica Sebastián Crespo, del bufete de Devesa & Calvo.
En este sentido, desde Galsán Consultores, Pedro Algarra señala que muchas de las sociedades que están acogiéndose al concurso arrastraban problemas de sobreendeudamiento anteriormente, que «simplemente se han visto agravados por la situación provocada por la pandemia» y que lo buscan es realizar un cierre ordenado del negocio.
En esta misma línea, Inés Abad, de Garrigues, apunta que la mayor parte de los procedimientos que se están presentando este año se acogen a lo que popularmente se conoce como «concurso exprés», en el que la empresa solicita al mismo tiempo la apertura del proceso y la liquidación de la sociedad al carecer de activos o de previsiones de ingresos suficientes para afrontar los pagos.
Lo corroboran los propios datos del Poder Judicial, que indican que en los primeros seis meses del año apenas se han presentado ocho convenios. Es decir, solo ocho empresas han logrado llegar a un acuerdo con sus acreedores para el pago de la deuda.
Otra de las tendencias que destacan todos los especialistas es el aumento de personas físicas -es decir, autónomos o empresarios- que se acogen a esta figura, y que ya suponen aproximadamente un 30% del total, con 77 solicitudes registradas en el primer semestre.
Una posibilidad que existe desde 2015, cuando se pensó para que las personas que no podían hacer frente a la hipoteca no quedaran endeudadas de por vida y pudiera tener una segunda oportunidad, como recuerda Sebastián Crespo. Ahora son los autónomos los que la están utilizando para desprenderse de las deudas que acumulan por su actividad empresarial y evitar que se conviertan un lastre para siempre que les impida levantar cabeza.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Mediación del Colegio de Economistas, Antonio Rodríguez Villanueva, manifiesta que una parte importante de estos concursos de personas físicas son «concursos consecutivos», es decir, derivados de que el empresario o accionista de una sociedad ha avalado alguna cantidad con su patrimonio personal y ahora, cuando la empresa no puede pagar, debe responder ante los acreedores. Junto a esto, Rodríguez Villanueva señala que hay muchas sociedades que han logrado sobrevivir mientras solo tenían que pagar los intereses de los créditos, pero que ahora se ven incapaces de amortizar el capital pendiente de su deuda.
Las compañías ya barajan quiebras por el precio de la luz
El sector servicios acapara la mayor parte de las solicitudes de insolvencia en la provincia
Hasta la fecha las empresas del sector servicios -las más afectadas por la caída de negocio derivada de las restricciones para frenar la pandemia- son las que más están recurriendo a la figura del concurso de acreedores en la provincia. Sin embargo, los despachos de abogados ya empiezan a recibir consultas de firmas industriales, sobre todo del sector textil, que estudian la posibilidad de solicitar la insolvencia ante la subida de costes que han sufrido, en especial por el encarecimiento de la electricidad. «De momento, son solo consultas, pero es una posibilidad que ya empieza a barajarse. Los casos que estamos viendo nos comentan que pueden aguantar unos seis meses, si los precios no empiezan a normalizarse. Son empresas que, por ejemplo, ya tienen contratos a precio cerrado con sus clientes y que, con la subida de costes, pierden dinero», explica Sebastián Crespo, de Devesa & Calvo.
Todos los bufetes consultados también prevén un nuevo aumento de las solicitudes en el momento en que finalice la actual moratoria decretada por el Gobierno, que, de momento, se extiende hasta el 31 de diciembre.
Una guía para ayudar a las pymes en las insolvencias
La patronal CEV presentó ayer en València la «Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia», que han elaborado el Registro de Economistas Forenses (Refor) y Cepyme. El objetivo es facilitar pautas a las pequeñas empresas para que sepan cómo actuar en estas situaciones -especialmente, tras los efectos de la pandemia- y, sobre todo, evitar que muchos de estos negocios acaben en liquidación por desconocer las alternativas existentes o los pasos que pueden dar para evitarlo.
