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El Grupo Amaro solicita el concurso de acreedores con 26 millones de deuda

Los responsables de la compañía negocian con un inversor la venta de la nave que tienen en propiedad para salvar la compañía

Las instalaciones del grupo alimentario en la ciudad de Alicante. | RAFA ARJONES

El Grupo Amaro, la que fuera la mayor empresa pesquera de la provincia -aunque desde hace un par de años su actividad se centraba únicamente en la distribución alimentaria- entra en concurso. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha admitido la solicitud de los responsables de la compañía -propiedad del fondo Acadia Capital desde 2019- y ha declarado la apertura del proceso de insolvencia voluntaria para las cinco sociedades que componen el conglomerado, según recogía ayer el BOE.

Una petición que se produce después de que los responsables del grupo no hayan logrado un acuerdo para refinanciar la importante deuda que arrastran las distintas empresas que lo componen ni tampoco vender la nave que tienen en propiedad para obtener fondos dentro del plazo legal que marca la legislación, después de que el pasado mes de junio ya solicitaran el preconcurso.

Según explicó ayer el abogado que ha tramitado la solicitud por parte de la empresa, Horst Hölderl, el pasivo total del grupo asciende a cerca de 26 millones de euros, aunque la mayor parte, unos 18 millones, son deudas entre las distintas sociedades que la componen. La deuda bancaria ronda los cinco millones y la de los proveedores y trabajadores, otros dos millones aproximadamente.

A pesar de la declaración de concurso, la compañía sigue negociando para tratar de vender la nave y conseguir la liquidez necesaria para saldar la mayor parte de su deuda externa, aunque el representante legal reconoce que, si no logran cerrar la operación en breve, deberán solicitar la liquidación.

Cambio de manos

Los problemas de Amaro empezaron ver a la luz tras la venta de la compañía a Acadia Capital por parte de la familia fundadora. Durante la due dilligence que se practicó con posterioridad a la operación, los responsables del fondo aseguraron haber encontrado pasivos ocultos -lo que ha provocado un conflicto legal con los vendedores-, que les obligó a pactar una operación de financiación con la banca.

Desde entonces, según el relato de Hölderl, la firma puso en marcha un plan para garantizar la viabilidad de la firma con la venta de las dos naves de enormes dimensiones donde la compañía desarrolla su actividad. La intención era realizar sendas operaciones de sale and lease back. Es decir, vender a un inversor y quedarse como inquilino y utilizar los fondos para saldar las deudas. Lo consiguieron con uno de los inmuebles, pero la venta del segundo nunca se llegó a materializar, a pesar de que varios inversores mostraron interés.

La situación de la firma se agravó con la llegada del covid, que provocó el cierre de la hostelería y, con ella, la de sus principales clientes. Por si todo esto fuera poco, la firma también se ha visto especialmente afectada por la subida del precio de la electricidad, ya que sus instalaciones son naves frigoríficas -de hecho, uno de sus negocios es alquilar espacio de frío para otras compañías-, que tienen un consumo muy elevado de energía.

Ante esta situación, los gestores de Amaro optaron por solicitar la situación de preconcurso al inicio del pasado verano, con el objetivo de intentar renegociar la deuda o cerrar la venta de la nave. Al mismo tiempo, aplicaron un nuevo ERE para la plantilla, que en estos momentos se ha reducido a apenas nueve personas, las imprescindibles para mantener en funcionamiento las instalaciones y atender a los clientes que utilizan sus naves frigoríficas para guardar sus propios productos.

La falta de fondos provocó que la compañía no haya afrontado las indemnizaciones de los trabajadores despedidos, según denunciaron los afectados.

La firma agota ahora sus último cartuchos en busca de un acuerdo para vender la nave que le permita sobrevivir.

El juicio por la venta de la firma se celebrará en enero


El juzgado de Primera Instancia número 96 de Madrid ha fijado para enero la celebración del juicio por la demanda que presentaron los antiguos propietarios del Grupo Amaro solicitando la nulidad de la venta a Acadia Capital. Una demanda que se presentó después de que el fondo redujera el precio de la venta -en realidad, aseguraba que era negativo- tras aflorar lo que denomina pasivos ocultos durante la due dilligence.

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