Durante el 2021, y en gran parte gracias al efectivo proceso de vacunación seguido en nuestro país, hemos dejado atrás los peores efectos de la crisis sanitaria. Y, aunque los datos de contagios y hospitalizaciones parecen repuntar en las últimas semanas, los expertos coinciden en la paulatina recuperación de la actividad empresarial. Por lo que en el próximo 2022 debe consolidarse esta recuperación.

Pero para ello, va a ser fundamental que las empresas se preparen adecuadamente con un asesoramiento jurídico laboral especializado, para afrontar tanto el incremento en el volumen de las actuaciones que la inspección laboral tiene previsto llevar a cabo en el próximo año 2022, como las consecuencias derivadas de la reforma laboral que planea el gobierno.

José Luis Valverde es un experimentado letrado laboralista que ha asistido y asesorado a muchas compañías sobre la mejor forma de afrontar los problemas laborales derivados de la pandemia, obteniendo en su día un merecido reconocimiento a dicha labor por parte de la Asociación Terciario Avanzado.

Además, ha seguido acompañando a sus clientes en la planificación de la estrategia laboral más adecuada para la adaptación de las condiciones laborales de sus plantillas de personas trabajadoras a las nuevas circunstancias con las que se encuentran para el desarrollo de su actividad empresarial o mercantil en la nueva normalidad.

Socio del Área Laboral de Devesa & Calvo Abogados -despacho con sede central en Alicante capital y especializado en la prestación de servicios de abogacía de los negocios para empresas, inversores e instituciones-, a lo largo de su larga carrera ha asumido la dirección letrada de numerosos procesos de negociación colectiva, actuaciones ante la inspección de trabajo, Expedientes de Regulación de Empleo («EREs»), Expedientes de Regulación Temporal de Empleo («ERTEs»), acuerdos laborales, incidentes laborales en concursos de acreedores y procedimientos de despido.

Hablamos con él de los aspectos normativos cuyo cumplimiento más va a ser vigilado por parte de la inspección de trabajo en el próximo año 2022, así como de la derogación de la reforma laboral de 2012 que el gobierno pretende llevar a cabo.

El año 2021 se afrontaba como el de la ilusión tras un 2020 fatídico para las empresas… ¿Ha servido realmente para una verdadera recuperación de la actividad?

Pues, desafortunadamente, ha habido un poco de todo. Tenemos muchos clientes a los que agradecemos que se hayan dejado asesorar en la planificación de una estrategia laboral que les ha permitido afrontar la nueva normalidad en unas condiciones óptimas, pero también hemos visto cómo se incrementaba el volumen de trabajo derivado de compañías que han acudido a nosotros para iniciar procedimientos de despidos individuales o colectivos.

Socio del Área Laboral de Devesa & Calvo Abogados -despacho con sede central en Alicante.

¿Cuál cree que ha sido la diferencia entre las empresas que han podido superar esta situación con cierta solvencia y las que se han visto abocadas al cierre?

Es difícil establecer una única diferencia, porque depende de varios factores como el sector de su actividad y las circunstancias concretas del negocio, pero sí hemos comprobado que las empresas que ya disponían de un asesoramiento especializado en el ámbito laboral, no solo estaban mejor preparadas para afrontar las circunstancias sobrevenidas, sino que disponían de más herramientas y mecanismos para adaptarse mejor a los imprevistos generados por la pandemia.

¿Y piensa que el año 2022 puede ser también un año decisivo para la continuidad de las compañías de la provincia?

Ciertamente, sí. El año 2022 va a ser fundamental para validar la adecuada adaptación de las empresas a las nuevas circunstancias del mercado en el que operan, pero también van a tener que afrontar las consecuencias que se deriven de las actuaciones que la inspección realice para comprobar el cumplimiento de las obligaciones laborales, que ya nos han anunciado que se van a intensificar, y de la reforma laboral anunciada por el gobierno.

¿Por qué se van a intensificar las actuaciones de la inspección laboral?

Principalmente porque tras un año de «transición» después de la crisis sanitaria, van a exigir el cumplimiento de las obligaciones en aspectos que se consideran estratégicos en el plan 2021-2023, especialmente en relación con la comprobación con efectos retroactivos de la correcta tramitación de los ERTEs que fueron masivamente aprobados en marzo de 2020, así como del cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad y protección de los derechos a la conciliación laboral y familiar de las personas trabajadoras, sancionando las negativas injustificadas al desarrollo de la prestación en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia.

«Las compañías que ya disponían de asesoramiento laboral, se han adaptado mejor a los imprevistos de la pandemia»

Todas estas actuaciones se suavizaron en cierto modo durante 2021, pues se entendía que había que dar cierto margen a las empresas para que se recuperaran de la situación provocada por la pandemia, además del ataque informático sufrido en verano, pero se van a retomar en 2022. Además, yo también creo que se pretende conseguir un efecto recaudatorio, pues en octubre se incrementaron un 20% la cuantía de las sanciones económicas que se podrían imponer.

¿Y la inspección de trabajo se está preparando para el incremento de sus actuaciones?

Por supuesto que sí, de hecho se ha adecuado la actuación de la inspección al entorno digitalizado, y se van a utilizar potentes herramientas informáticas tanto para acceder a las bases de datos de las empresas, como para la utilización de modelos predictivos mediante implementación de inteligencia artificial en sectores más proclives al incumplimiento de las obligaciones sociolaborales.

Va a ser fundamental que las empresas se preparen adecuadamente con un asesoramiento jurídico laboral especializado.

Esto nos lleva a la conclusión de que habrá que redoblar la vigilancia en las empresas para el cumplimiento de las obligaciones en cotización, altas, bajas y situaciones similares que podrán ser objeto de las actuaciones «robotizadas» de la inspección de trabajo.

Y a esto se añadirá el escenario que surja tras la derogación de la reforma laboral del PP que han pactado los socios del gobierno…

Efectivamente. Hasta ahora poco sabemos de en qué va a consistir dicha derogación, pues parece que no se llegan a poner completamente de acuerdo en el alcance de dicha derogación como se pretende desde Unidas Podemos, o reforma de la que parece que hablan los socialistas porque, además, también están vinculados con los compromisos adquiridos con Bruselas.

Pero lo que es cierto es que esta reforma laboral parece que se centrará en la modificación de la regulación actual de los convenios colectivos de empresa y la ampliación del periodo de vigencia de los sectoriales una vez denunciados y hasta que se alcanza un acuerdo para un nuevo convenio, en la modificación del marco normativo de la subcontratación, y en la limitación tanto de la contratación temporal como de las posibilidades de modificación sustancial de manera unilateral por la empresa, de las condiciones laborales de las personas trabajadoras que tiene contratadas.

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