La reciente sentencia sobre el impuesto de plusvalía municipal, además de reducir los ingresos de los ayuntamientos, amenaza con abrir un importante agujero en las arcas municipales como consecuencia de las reclamaciones que se puedan plantear. De ahí que el presidente del Tribunal Económico Administrativo Local de Alicante y catedrático de la UA, Luis Martínez, abogue por la creación de un fondo que sirva para amortiguar el más que presumible impacto económico que se vislumbra en el horizonte. Esta fue una de las cuestiones que se abordaron en las ponencias de expertos que se pudieron escuchar este lunes en el Foro Municipalismo, las cuales también estuvieron protagonizadas por el profesor de Derecho Administrativo de la UA Rubén Martínez, y el catedrático de Historia del Derecho y las Instituciones de la UMH, José Antonio Pérez Juan.
LUIS MARTÍNEZ
Retos financieros y tributarios
El presidente del Tribunal Económico Administrativo Local de Alicante y catedrático de la Universidad de Alicante, Luis Martínez, se refirió en su intervención a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía municipal, la cual anulaba el tributo al considerar anticonstitucional el método de cálculo de la base imponible. Este fallo, a su vez, provocaba una reforma exprés del impuesto por parte del Gobierno central, para no dejar a los ayuntamientos sin la que es una de sus principales vías de financiación.
Sin embargo, y tal y como alertaba el propio Martínez, dicha reforma puede traer consigo una más que previsible reducción de los ingresos municipales, a lo que habrá que sumar el impacto derivado de las reclamaciones. Según sus palabras, pese a que la sentencia sólo permitirá reclamar a aquellos contribuyentes que antes del dictamen ya tuvieran abierto un recurso, «habrá que hacer frente a devoluciones, y eso puede dejar un agujero importante». De ahí que el catedrático plantease la necesidad de «crear un fondo de compensación, para lo que pueda venir».
Martínez, asimismo, aseveró que hay que flexibilizar las normas de gasto de los ayuntamientos, «como ya ha sucedido durante la pandemia, para que puedan atender las necesidades que se planteen en sus respectivas poblaciones», y abordar una reforma del sistema tributario municipal, para que también dispongan de recursos suficientes.
Para el catedrático de la UA, la situación actual, con una ley de estabilidad presupuestaria sumamente rigurosa, «parte de la desconfianza del legislador, cuando resulta que los ayuntamientos están generando superávits de forma continuada, mientras que el Estado y las comunidades autónomas no paran de acumular déficits».
Respecto a la reforma tributaria local, de la que dependen los ingresos municipales, Luis Martínez considera que se debe abordar en términos verdes, poniendo como ejemplo el impuesto de vehículos, que, en su opinión, «debe responder a un carácter medioambiental».
RUBÉN MARTÍNEZ
Administración electrónica
El profesor de Derecho Administrativo de la UA Rubén Martínez se refirió en su ponencia a la administración electrónica, y a la necesidad de utilizar de forma eficiente los fondos que van a llegar desde la Unión Europea para esta finalidad.
Así, el experto subrayó la necesidad de que las administraciones locales tengan un buen conocimiento del marco normativo y que los empleados públicos dispongan de una formación adecuada, también para cumplir con los derechos de los usuarios. Otra de las cuestiones que puso encima de la mesa fue la necesidad de que la Diputación asista a los pequeños y medianos municipios, disponiendo para ello de empleados específicos. «Es en estos entornos donde más se tiene que notar el impacto, porque hablamos de lugares en los que los desplazamientos son más largos y donde también hay una población de mayor edad», resaltó.
Rubén Martínez enfatizó que, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, «ya solo hay administración electrónica», y quiso restar posibles temores respecto a su complejidad, recordando que el proceso hacia lo que ahora se conoce como «e-Administración» se remonta al año 1900, cuando, en una época de escritos a mano, se dieron como válidos los primeros documentos mecanografiados.
JOSÉ ANTONIO PÉREZ
Diputaciones y municipios
Por su parte, la ponencia del catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UMH José Antonio Pérez giró alrededor de las relaciones de las diputaciones con los ayuntamientos. Así, hizo un recorrido por la historia de las instituciones provinciales, desde los momentos en que fueron concebidas para la vertebración territorial, hasta su actual concepción como instrumento de ayuda a los municipios.
También se refirió al debate sobre la continuidad o no de las diputaciones. Los abolicionistas, dijo, «hablan del ahorro económico que comportaría la supresión de estas instituciones por la duplicidad de funciones con otras administraciones, mientras que los defensores afirman que se trata de corporaciones imprescindibles para dotar de servicios a los pequeños municipios».
Respecto a la posibilidad de que fórmulas asociativas municipales, como las mancomunidades, pudiesen suplir a las diputaciones, José Antonio Pérez indicó que «no parece una alternativa viable, porque no pueden abordar políticas duraderas como consecuencia de los continuados cambios políticos».
