La negociación de las pensiones y, sobre todo, la de la reforma laboral, están concentrando la atención de sindicatos y patronales en los últimos meses, pero los problemas de los salarios son cada vez más apremiantes al calor de la subida acelerada de los precios, que alcanzaron en noviembre un nivel no visto desde hace 29 años: una tasa de crecimiento interanual del 5,6% en el Índice de Precios al Consumo (IPC). Ante esta situación, según ha sabido 'El Periódico de España', UGT y CCOO están preparando una serie de movilizaciones para este mes de diciembre en la que exigirán mejoras salariales y de condiciones laborales.

La forma exacta que adoptarán esas protestas está por definir, según fuentes sindicales, pero quieren darles un carácter descentralizado para que contribuyan a amplificar las reivindicaciones que se están sucediendo en las últimas semanas, como las del metal en Cádiz y Alicante, los supermercados en Castilla y León y las de la limpieza, la industria cárnica, el comercio o la hostelería en distintos puntos del país. Una de las exigencias fundamentales será la negociación y firma de un nuevo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), el documento que fija los criterios con los que se negocian los convenios colectivos en España; el último, que preveía aumentos salariales anuales de al menos el 2%, expiró en 2020 y la la patronal no ha querido sentarse a negociar otro.

La celebración de un gran acto final de protesta, según estas fuentes, está condicionado a la marcha de las negociaciones de la reforma laboral, el otro de los grandes hitos en el que quieren influir y que ha de cerrarse, por exigencia europea, antes de final de año: las movilizaciones demandarán que se cumplan las reivindicaciones sindicales en materia de convenios y condiciones de trabajo.

Enfrentamiento sindicatos-patronal

Aunque los salarios no ha llegado a la mesa de negociaciones, según confirman fuentes del diálogo social, el repunte de los precios ya ha generado intercambios de declaraciones contrapuestas entre patronales y sindicatos, enfrentados también a cuenta de la reforma laboral y de la subida de las cotizaciones sociales para financiar las pensiones. “Estamos en una situación delicada, y hay que tener mucha prudencia”, alertó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para frenar las pretensiones sindicales de impulsar una revisión salarial al alza para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

El jefe de la patronal condicionó el alza salarial a que la recuperación económica sea plena y esté suficientemente consolidada. Primero que las empresas consiguen elevar su actividad y sus ventas dentro y fuera de España y también que logren impulsar la creación de empleo, y después de la subida salarial, es la tesis principal de CEOE para postergar las subidas y asentar la competitividad de las compañías.

Los sindicatos exigen avanzar en la revisión salarial para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo y el empeoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que provoca la inflación. “Los salarios tienen que subir sí o sí”, con independencia del alza de la inflación, sentenció este lunes Pepe Álvarez, secretario general de UGT. El líder de CCOO, Unai Sordo, defendió un incremento de los salarios y subrayó que esa revisión “no provoca subidas de precios” y no supondría un riesgo para un eventual agravamiento de la espiral inflacionista.

Precios desbocados

El alza de los precios que se sucede desde hace 11 meses afecta directamente a ámbitos cruciales para la vida de los ciudadanos (pensiones, salarios, ahorros, alquileres…), pone en riesgo el poder adquisitivo de las hogares, y amenaza con hacer saltar algunos de los resortes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno para 2022 por aumento de los gastos y menores ingresos vía impuestos si la tensión inflacionista persiste o se agudiza.

Desde el Gobierno se insiste en que la subida de la inflación es una “situación coyuntural” y el Banco de España subraya el carácter “transitorio” de las alzas. La impresión generalizada entre instituciones y analistas es que la tensión en los precios empezará a atenuarse previsiblemente a mediados de 2022, cuando se relajen las subidas de costes energéticos. Hasta entonces, el incremento de los precios amenaza con meter presión en varios ámbitos económicos.

Un factor especialmente preocupante para los expertos es que no sólo sigue subiendo la inflación general en noviembre (dos décimas, hasta el 5,6%), sino que crece aún con más fuerza la inflación subyacente, en la que no se contabiliza la evolución de los productos más volátiles (alimentos y costes energéticos). La inflación subyacente se incrementó en tres décimas el mes pasado, hasta situarse en el 1,7%.

“Los datos de noviembre son mala noticia porque ya no reflejan sólo una subida de la energía, sino que empieza a generalizarse la subida de precios. Las empresas están dejando de absorber ese aumento de costes y lo están trasladando a los consumidores. Y a medida que se traslada y se aumenta los precios de manera general, la demanda empieza a disminuir”, explica Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. “Empezamos a ver efectos de segunda ronda”.

Dependiendo del impacto que tenga en el consumo, la espiral inflacionista puede llegar a tener efectos contrarios sobre los ingresos del Estado. Si la demanda de hogares y empresas se mantiene pese al incremento de precios, la inflación provoca que Estado ingrese más por una mayor recaudación de impuestos. Pero si el alza de precios es intensa y duradera, lo normal que ocasione una caída del consumo y de la actividad económica, que se traduce en menores ingresos públicos por la vía de la fiscalidad.

De momento, la situación no parece preocupante en este ámbito de cara a este año y el próximo para el Gobierno, que ha diseñado unos PGE 2022 bajo la previsión de alcanzar la mayor recaudación de impuestos de la historia, con 232.352 millones de euros (un 8,1% más que este ejercicio). “El sesgo todavía es moderado. Mientras la inflación subyacente se mantenga entre el 1,5 y el 2%, la gente absorbe el efecto y no varía su consumo”, subraya Cardoso. “Si la inflación subyacente se sitúa entre el 2 y el 3%, ya pueden registrarse cambios en el comportamiento de consumo, con menor demanda y menor actividad económica. Eso es lo que tenemos que vigilar en los próximos meses”.

El aumento de los precios hará subir las pensiones un 2,5% en 2022

El nuevo método de revalorización de las pensiones que está tramitando en el Congreso establece que su subida anual se corresponderá con la media de las tasas de variación interanual del IPC "de los doce meses previos a diciembre del año anterior". Con el dato de IPC adelantado de noviembre conocido este lunes, del 5,6% interanual, ya se cuenta con todas las cifras necesarias para hacer ese cálculo, que apunta que las pensiones subirán en 2022 un 2,5%. La confirmación llegará con el IPC definitivo de noviembre, que se conocerá el 15 de diciembre.

De materializarse, será la mayor revalorización de las pensiones desde 2008, y supondrá, para una pensión media de jubilación (que ahora está en 1.193,81 euros al mes) un aumento de 30 euros mensuales. Además de la subida, los 9 millones de pensionistas percibirán la llamada "paguilla": el pago único que se hace a principios de año para compensar la diferencia entre la subida de los precios (del 2,5%) y la subida de las pensiones en el año que va a terminar (que fue del 0,9% con carácter general, y del 1,8% para las pensiones mínimas). Así, de nuevo para un jubilado medio, la cuantía de la "paguilla" se situará en torno a 230 euros.

Las más de dos millones de pensiones mínimas subirán más, un 3%, porque así se establece en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.