El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de empleo, para reformar las políticas activas de empleo y reconvertir el SEPE en la Agencia Española de Empleo. El Gobierno pone en marcha así un paquete de reformas para aumentar la inserción laboral de las personas en paro y aumentar la coordinación entre los distintos servicios de ocupación autonómicos. Una de las medidas clave de este anteproyecto de ley es la creación de una especie de «Infojobs» estatal, donde se agruparán todas las ofertas de empleo registradas en los servicios públicos (tanto estatal como autonómico), así como de todas las empresas y entidades privadas adscritas a los organismos de empleo. Lo que permitirá «conocer en tiempo real» todas las ofertas que circulan en España; según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y para ello el Ministerio de Trabajo y los servicios autonómicos de ocupación se dotarán de músculo, con el objetivo de estabilizar a 7.000 técnicos de orientación profesional, que ejercerán como una especie de «médico de cabecera» del empleo. Es decir, cada usuario tendrán el suyo y este será su figura de referencia si se queda en paro y necesita recolocarse o si mantiene el empleo, pero quiere reciclarse. En paralelo a la aprobación del anteproyecto, el Consejo de Ministros ha validado la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo, que implicarán la inversión de 7.648 millones en políticas activas de empleo hasta el 2024.

De hecho, el Gobierno ha puesto en marcha este viernes la maquinaria para reformar de manera integral el sistema de políticas activas de empleo. El Consejo de Ministros da luz verde a un documento base sobre el que luego el Ministerio de Trabajo lo abrirá a consulta pública, negociará con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, para luego pasarlo al Congreso y acabar de perfilarlo y consensuarlo con una mayoría de partidos. La previsión es que la nueva ley de empleo entre en vigor en la segunda mitad del 2022.

El anteproyecto de ley pretende reconvertir todas aquellas iniciativas financiadas con recursos públicos que tienen como objetivo ayudar a las personas en paro a encontrar un empleo o a las que quieren cambiar de ocupación. «Deja de estar pensada para los desempleados y pasa a estar pensada para toda la ciudadanía», ha afirmado Díaz. En un país con una tasa de paro actualmente del 14,5%, esta es una de las reformas comprometidas con la Comisión Europea por el Gobierno de España en el marco de recepción de los fondos europeos. La pretensión de la norma es incorporar y pulir una batería de indicadores de eficiencia para medir anualmente los resultados de las políticas de empleo y evaluar y corregirlas.